Odiar

Resultado de imagen para mapa venezuela al revesYo no odio a los chavistas. No odio a los que matan los jóvenes en las calles, por política o por zapatos. No odio a los chinos y rusos que tienen garantizados sus suministros del petróleo venezolano por una generación, sabiendo que junto a los campos petroleros la gente muere de hambre y enfermedades. No odio a los chinos enviando suministros antimotines para proteger sus negocios. No odio a Maduro ni a Padrino López. No tengo odio por Diosdado ni Tareck Al Aissami. Sabemos que el país está dominado por la corrupción, el chantaje militar y el narcotráfico, que el futuro de los jóvenes está quebrado. Sabemos que la patria se va en deudas, en hipotecas que pagan las venezolanas desnudas en el extranjero. Pero yo no odio, no me cabe ninguna Ley contra el Odio.
Yo nunca he sufrido de eso, ni de envidia. Tengo otras debilidades, pero no esas. Digamos que es tristeza, desesperanza y rabia. Puede que un funcionario chupamedias diga que este artículo es “odio”, para congraciarse y recibir galletas. Pero no es.
El problema es que las palabras en política siempre tienen significados diferentes. Y, mientras más contradictorio es un sistema de opresión, más paradójicas son. Orwell lo llamaba el “metalenguaje”. Ejemplos:
El sistema cambiario es, a la fecha, “provisional”. Pero es así desde el 2003. Incluso, Maduro llegó declarar la derrota del dólar paralelo.
Chávez nos declaró una “potencia energética”. Pero Corpoelec entró en default. Hay colas de gasolina y la luz se va cuando quiere.
La gente no tiene hambre, sino caprichos, dicen. Pero la revista del mismo INN mostró un grave aumento del 60% de prevalencia de la desnutrición y la mortalidad materna para el 2016.
La guerra económica imperialista es causante de la escasez, dicen. Pero el gobierno expropió, nacionalizó, socializó todo el sistema agroalimentario, desde las fábricas, tierras, empacadoras, Agroisleña, fertilizantes, mercados, importación… La soberanía alimentaria, estandarte eterno de Chávez, es precisamente lo que no se obtuvo.
Masas de jóvenes se van desesperados, porque “están confundidos”. Una “confusión” que les obliga a trabajar en cloacas, prostituirse, vender donas y jurar que más nunca volverán al terruño.
Está cayendo en un 14% del PIB, equivalente a los efectos de una guerra armada contra un enemigo devastador. Pero se dice que no es más que una estrategia de la oposición, la misma a la que se acusa de sacar ganancias. Extrañas ganancias de una burguesía que debe cerrar y partir por quiebra.
Por eso es que a mí siempre me ha parecido que, poniendo todo al revés, es que se entiende mejor el país.
Cuando digan progreso, es hambre.
Amor es asesinatos políticos.
Pueblo son las enfermeras acribilladas frente a la iglesia de Catia, en manos de los colectivos.
Socialismo es capitalismo monopólico y plutocrático.
Chávez y Maduro, pintados de tricolor en sus afiches, son los mejores agentes que han tenido las potencias extranjeras.
Visto así, al revés, a alguien seguro le parecerá este artículo lleno de odio.
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Cuando de pronto, entró Hitler por la puerta trasera

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A la usanza de los ministros de Pol Pot, Stalin,  la perversa viuda de Mao, Pinochet, Videla y Hitler, Ernesto Villegas, el Ministro de Información de Venezuela convocó a un “I Foro Internacional de Psicología, Violencia y Operaciones Psicológicas”. Es el sueño dorado de Jorge Rodríguez. Es el mismo Villegas PolJak, hijo de la judía que escapó de campos de concentración nazi. Allí acusan a los jóvenes de:

“identidad paradójica constituida por fragmentos contrapuestos donde ese yo, se revela en su narcicismo adolescente, encarnando al héroe de la libertad (que en realidad es el antihéroe) frente a la supuesta dictadura del Gobierno Bolivariano, pero lleva en sus manos y en su morral aquello que lo introduce en una línea que mundialmente lo ubica como terrorista” (http://bit.ly/2swTFly).

Un morral como bien describe en su increíble artículo el psicoanalista Gustavo Zapata (1), tiene una máscara antigas, maalox, trapos, gasa, algodón, alcohol. Pongamos también gasolina y fósforos.

Casi lo mismo que llevaba el morral de Elías Jaua, y mucha de la plana política del gobierno chavista, incluyendo a Maduro. Los conozco de primera mano. Soy de su generación. Yo también estaba allí en 1994, en 1998, con una piedra en la mano, al lado, y sé qué hacían.

Pero ahora sientan las bases para llamar, no solo a los jóvenes, sino al pueblo, sicótico, disociado, alienado, enajenado… algo que le dé a la moral hipócrita del gobierno, llena sangre y narcopetrodólares, el poder de las  leyes más severas, dirigidas al cerebro, prisiones vitalicias, destierros en tu propia tierra. Algo que humille, que use jeringas en contra de la rebelión, que justifique una violación en la cárcel, algo que use camisas de fuerza y garrotes con vocación “terapéutica”.

El mismísimo Maduro, lleno de salud mental y sabiduría, propone unos laboratorios de la paz, de este modo:

“Con 40 muchachos detenidos in fraganti en labores de violencia (…) se pueden incorporar a un plan especial de recuperación de estos primeros 40 muchachos guarimberos para que nos ayuden y el laboratorio de la paz vaya a la búsqueda de estos muchachos”

Es decir, si los delatas ya no eres loco. Terapia CLAP.

¿Cómo pasó algo así? ¿Cómo entraron Hitler, Videla, Stalin, Pinochet a Venezuela, la tierra del Bravo Pueblo? Como en aquella película, Hombre Mirando al Sudeste, le estamos abriendo la puerta del manicomio a Sucre, Urdaneta, Padilla, a Guaicaipuro, Andrés Bello y Bolívar. Sicólogos, sicoanalistas y psiquiatras del gobierno poniéndose al servicio de la muerte, de la agonía moral y sicológica del país.

La historia muestra que un sicólogo o psiquiatra es más peligroso que un médico o un ingeniero nuclear. Los segundos trabajan con cosas objetivas: “hay que amputar su brazo” o “hubo una fisura en Fukushima”. Pero los primeros dicen “Ud. no existe”, “Ud. no es quien dice ser” y, a partir de ese momento, somos confinados al abismo, sin voluntad propia, nos desproveen de nuestra condición de sujeto y, dejamos ser, por tanto sujeto de derechos. Nos ven, nos oyen, pero ya no somos. Y no hay cura conocida para todas esas enfermedades descritas en sus libros. De un psiquiatra pueden salir condenas celestiales, condenas soberbias de hombres vestidos de blanco. Son médicos con “terapias sin cura”, y pocas cosas son tan peligrosas.

Por eso en muchos países, trabajar con la mente lleva más años y licencias que la medicina.

Ahora, el diván está lleno de sangre y Hitler hace su entrada por la puerta trasera.

Daniel Castro Aniyar

(1) http://observacuba.org/un-nuevo-frente-se-ha-abierto-en-la-crisis-venezolana-psicologos-psicoanalistas-y-psiquiatras-se-prestan-para-avalar-una-politica-de-estado-manifiestamente-totalitaria-y-atentatoria-contra-el-derech/

The Weakening of the Venezuelan State (1920-1999). Economic Absorption and State Model before Chavez

 

Daniel Castro Aniyar, PhD

Israel Cruz Marte, PhD

1. The State Understood as Relation.

Although it is possible to perceive in this paper some overlap with the idea of state and pluralism according to Robert Dahl, the idea of State developed here is strategic-relational in accordance with the writings of Robert Jessop (Jessop 2008; Jessop, 2009).

Jessop reexamines the critiques of the reification of the State, primarily Prussian, that pit Marx against Hegel. Marx tries to relocate the State in its historical context and as a product of the relationships between subjects. As such, the State as the Capital, “is not a thing, but a social relation between persons, established by the instrumentality of things” (Marx, 1867 in Jessop, 2009:56).

The relational State supposes that what we know as a State depends on “ambiguous” links between all types of organizations that surround it. The more cohesive its internal environment, the more the State is dependent on its micro-political practices. Its nature depends on its social and historic training. Its legitimacy is in constant transformation, so that the hegemonic and anti-hegemonic discourses become the cornerstone for political practices, where violence is rarely useful and often counterproductive (Jessop, 2009:11).

Understood in this way, the relational State is not an object outside of societal relations that can give the illusion of having a “strong” or “weak” government. Rather, it is a tributary of interdependent forces within its society that historically permit the existence of stability and legitimacy.

This article examines the problems of interdependence caused by the economy and political practices that weakened Venezuela´s social fabric before Chavez, often in the name of the State itself. It will be shown how the enormous oil revenues and the Venezuelan government’s commitments to maintain, increase and administer those revenues provoked the conditions leading to the dissolution of the relational fabric of the State.

2. The Relationship between the State and Oil in Venezuela.

“To live the present we must constantly change the past.
The past is our present imagination.”
-Immanuel Wallerstein

As is the case in most of Latin America, the process of republican modernization in Venezuela has fueled the dependence on one or more export products that provide resources to the State but prevent the development of society as a whole.

It seems to be the consensus that the single-product model establishes an uneven playing field and growth conditions that promote the productive elite and other types of vertical power structures self-contained and relatively isolated from the rest of society by culture, family, economy and even legal (Karl, 1997; Coronil, 1997, Malamud, 1999; Sosa Barajas, 2002, etc). There also seems to be a consensus that possession of significant natural resources can negatively affect growth (Amin, 1974; Karl, 1997; García Larralde, 2005).

With the government of Juan Vicente Gomez in the early twentieth century, oil became the backbone of the Venezuelan economy. Since then, oil has given the impression of making a difference when compared to the experiences of other countries in Latin America.

Unlike coffee and cocoa in Venezuela’s economic past, oil is public property and does not belong to the private sector. Agreements made between the State and large multinational corporations during the 1940s channeled the resources derived from oil-related economic activity directly into the hands of the State, thus creating a complicated situation.

Hence it was the State that held in its hands the power to make all decisions regarding oil, such as the resources created by oil activity. It was the State that, at first, served as licensor/concessioner between production and the market. Then it went on to serve as production co-player, and later, after nationalization, it served as the only formal productive player. The whole political and economic subsystem became increasingly focused on the Venezuelan political class’ ability to manage the resource.

The nature of the State, different from the elites in civil society, allowed the premature channeling of democratic transformations and fomented liberal participation by civil society. It was in this way that Venezuela would explore, prematurely for the region, ideas that were all linked to the expansion of public space, from grassroots development to forms of socialism.

The liberal State is susceptible to civic participation, the pressure of political parties, transnational elites, “excluded masses”, social corporations, etc … In Venezuela’s case, where the State very early in its modernization process assumed the roles of regulatory actor and economic actor (both as judge and as part of the economy), government control allowed important access of the civil society to the national political system.

It is in this context that the ability of State – from its leaders, to its parties, officials and institutions-, to provide benefits for the social sectors corresponds to the same ability to provide and create the conditions for government’s political dominance.

We propose that the State´s weakening is the result of political and economical models created as a consequence of the peripheral role of the Venezuelan economy. While oil revenues became bigger than the economy´s ability to absorb them, oil stopped being the pipeline of development and became the source of the State´s weakening. In fact, the Venezuelan government´s expenditures from 1973 to 1999 didn´t strengthen the State, relationally understood, but instead empowered conjunctural political models, which are called in this paper governability pacts.

3. The Venezuelan State, from Colonial Times to the Republic.

The aim of this section is to consider the weak foundations the Venezuelan State was built upon, before the advent of oil.

Carrera Damas suggests that the problem of “political and social disintegration and integration” in Spanish American societies can be blamed on nineteenth-century Latin American thought itself. A problem such as this has its roots in the colony, extends to the twentieth century and “relates… to the period that begins with the breaking of colonial ties, the initial formulation of the national project and the resulting displacement of the internal power structure “(Carrera Damas, 1986:12).

The author avoids talk of independence. Instead he uses the term “breaking of colonial ties” in order to discredit the local historiography that has always insisted, without rigorous proof, that “Venezuelans were patriots before there was a Venezuela”. Quite to the contrary, “the break” would be better described as the result of political forces that surpassed the American oligarchies:

“… Most of the Creoles (natives) fought for fourteen years, and until they could not anymore, in defense of the King, many preferring exile to living under the Republic and harboring monarchical dreams until the end of the century “(Carrera Damas, 1986:13).

For Carrera Damas and other authors, such an adherence to the King cannot be explained by the existence of two opposite models – the revolutionary and the monarchist. It is explained by a very specific situation that existed from the early nineteenth century: the absence of a solid colonial power as a result of the Spanish economic crisis and the French Invasion (Carrera Damas, 1986:13; Vallenilla Lanz, 2004; Arráiz Lucca, 2010; Calzadilla in Asamblea Nacional, 2010).

During a prolonged crisis of the monarchy (understood as the absence of metropolitan power), and influenced by slaves and mulattos’ desire for equality, the ruling classes “… were guided to an autonomic determination that culminated in the breaking of colonial ties “(Carrera Damas, 1986:14).

Seen this way, the national project that emerged from the break would be more than a new political model that seeks to overcome the Spanish domination. It would be a response to the power vacuum underscored by problems related to socioeconomic exploitation.

There were two ideas in the “marketplace for forms of social political organization… the monarchy and the American republic “(Carrera Damas, 1986:14). So the ruling classes used the symbolic energy still emanating from the Revolution and the Republic to legitimize a national project.

Brito Figueroa describes the economic context that would give body to the existence of a nation as a materially sustainable project:

“In the Spanish colonial period, integrated social and political elements of Venezuela were developed and formed, and considered to be a stable community bound by land, socio-economic life and a common language”… “However”… “dominant sources of wealth had not matured into a national economic enterprise. This indicates that for the 18th century, just as the introduction of livestock by the Welsers, there were required production costs that were not worth the effort” (Brito Figueroa, 1972:2).

The arrival of slaves and the increase of their traffic by British vessels (which made ports like Liverpool prosperous and famous) stimulated the production of cocoa, developed the merchant sector and financed the colonial regime. Slave trafficking itself was an important underground business declared illegal in Europe but practiced and tolerated in this region of the Americas or Dutch, British, Spanish and Creole interests and the Guipúzcoa Company itself (Brito Figueroa, 1972:75).

These conditions developed the character of a colonial structure that was highly dependent on the port and on smuggling. They impeded the foundations for a more modern, centralized system on which to build a nation that would be articulated inwardly both economically and politically (Brito Figueroa, 1972:99).

Caracas was not yet predominant in the country’s design when colonial ties were severed. The absence of a center, or, “of a significant network of currents of goods and people that interconnected the provinces, and aided geographic factors of isolation, led to the recovery of provincial autonomy” (Carrera Damas, 1986:15).

As the power structure was weak, social structures were dislocated “by the overflow of social conflicts with dominated classes” (Carrera Damas, 1986:16). The idea of “nation” replaced, with much difficulty, the ideas of a King and religion as a source of hegemonic cohesion over a disintegrated economic and social structure.

Warlords –caudillos- subjected Venezuela to a persistent civil war until they achieved a lasting social pact, the Treaty of Coche and the Constitution of 1864, 34 years after the national foundation, and after the bloody Federal War.

So, the breaking of colonial ties from 1810-1811, and the consequent emergence of the Venezuelan nation after the breakup of Grand Colombia in 1830, was “the frustrating experience of a transient politician… who thought all was possible in an orderly and peaceful fashion, but that once unleashed is overburdened with its furies and even with its warmest spirits” (Carrera Damas, 1986:18).

According to Carrera Damas, Gomez allowed the emergence of an oil industry, the capitalist world market entry into Venezuela and thereby the foundations of a modern State (Carrera Damas, 1986:29).

Understood this way, Carrera Damas gives extreme importance to the maturity of the social, political and economic forces from which the social fabric is constructed, and not the simple authority of the government. Only this fabric makes it possible to create the perceptual and sociopolitical resources necessary to generate the legitimacy of the State. From there, it is important to understand the Gomecista State as a generator of the first fabric of the modern State.

4. Oil Brings no Economic Diseases (1920-1956).

Even though there had already been production of asphalt, brought from the State of Tachira beginning in 1878, the real start of the oil industry began in 1917 under the rule of Juan Vicente Gómez (1908-1935). At this time, production amounted to 21,194 tons per year. It continued to climb up significantly to 4 million tons in 1926, then 15 million tons. in 1928 (Bethell, 2000). As a matter of convention, the Hydrocarbons Law of 1920 is seen as the beginning of the oil era in Venezuela because it establishes the State’s legal control over production (Mommer 1990:167). Production continued to rise for many decades because of the automobile boom that defined American capitalism, and because Venezuelan oil became a key agent in the strategic victory of North America in the Pacific.

Gomez was witness to and co-architect of the transformation of Venezuela from coffee producer to oil producer, and, along with generous oil concessions to the Americans, British and Dutch eventually making her the first exporter of petroleum, with 8% of the world’s production (Bethell, 2000: 326).

Carrera Damas (1983) called Gomez a “rural bourgeois” who kept meticulous accounts, prioritized the payment of foreign debts, opposed foreign loans, provided infrastructure, moved in small personal power circles, and engaged in the persecution and cruel treatment of his political opponents (from regional leaders to leaders of the so-called “28’s generation”, the country’s future political class). It is for this these reasons that historian Manuel Caballero (1993) called him “the liberal tyrant.”

In this way, Venezuela entered into one of the first expressions of the modern State: the appearance of a unified army, an interconnected financial system, healthy debt, productive infrastructures, and hegemonic social classes in the shadow of the important foreign sector. Venezuela became a State economically sustained by capitalist production methods integrated with modern world markets.

Before dying, Gomez appointed as his successor (drawn from the most illustrious ranks, and in the context of a new oligarchy created in his shadow) General Eleazar Lopez Contreras. The latter began the process of modernization of the State channels of participation through the first general call for elections and the legalization of the Communist Party of Venezuela. The opening of this public space allowed new political processes until, at least, 1999.

Caballero (1993) and Carrera Damas (1983), although ideologically very different, agree that the Gomecista and post-Gomecista periods were marked by the emergence of new social fabrics that transformed Venezuelan society and its relationship with the State from the point of the new productive context.

Until the period between 1943 and 1945, multinationals and concessions for petroleum dealers were left with large surpluses of exploited oil. The process of negotiation for oil utilities accelerated State control over the resource beginning in 1945.

During no part of this process, from the 20’s until at least 1956, was it possible to identify the inability of society to absorb the wealth generated by the country. Perez Alfonzo thought that the first signs of inabsorption of the oil revenues emerged in 1957 as an important factor in Perez Jimenez’ fall from power (Perez Alfonzo, 1976). According to Garcia Larralde, oil revenues consistently elevated non-oil national income until the early 70’s (Garcia Larralde, 2005:121).

The effect of the influx of major revenues on a relatively poor society did not automatically result in a Dutch Disease, or in some other perverted characteristic as has happened in other countries with high income and a low-productive fabric, like the Potosí effect (Karl, 1999). It was possible to distinguish a certain balance between new economic forces, new immigrants, and a shift in potential from the rural Venezuela to the capitalist Venezuela, with a private productive response. While not completely focused on development, the moment seemed to be responding relatively to the requirements of domestic demand.

Another research study, “The Distribution of the Oil Rent” showed that, from 1936 to 1972, oil rent was higher than in the 80s, but its development was growing and was relatively parallel to the non-oil production (Mommer, 1990).

This indicates that the Venezuelan oil rent didn’t produce economic independence to the mono-productive model, but it didn’t destroy productive fabrics.

As of 1973, everything changed. Oil revenues far surpassed Venezuelan society´s ability to absorb such wealth. Since1973, it has been easy to observe that the non-oil economy´s growth hasn´t matched the rising price of oil and consequent wealth. On the contrary, agriculture and industry fabrics have collapsed several times through 2012. From 1973 the dependence to oil is not symbiotic but depredatory (1).

Figure 1 shows the characteristic indicators of Dutch Disease, such as the evolution of oil exports (blue), non-oil exports (red) and imports (green), from 1950 to 1978, at current prices. Note that instability between imports and exports responds to the crisis that occurred in 1973 (the war of Yom Kipur), where Venezuela received, without preparation, significant revenues derived from the reduction of production quotas proposed by the Arab petroleum-producing countries.

In relation to the figures prior to 1950, one can see in the data between 1920 and 1935 that the increase in oil exports from 1.8% to 91.2% calculated in Venezuelan Bolivars (Bs.), displaced non-oil exports such as coffee, decreasing from 98.2% to 8.8%, which, according to Bernard Mommer, is a signal of the destruction of the pre-capitalist apparatus by a “normal capitalism” (1990:168). However, Alberto Adriani discusses the global crisis in the 1930s in a famous article “The Crisis, the Changes and Us” and recognizes that high prices for coffee and other non-oil exports, along with oil, led to an increase of domestic production and generated “large sums for concessions, royalties, taxes and operating expenses” (Adriani, 1990 [1937]: 32).

According to Figure 2 it is possible to observe the progressive growth of manufacturing (red) and agriculture (blue) along with oil from 1951 to 1968, which also indicates social and economic fabrics growing. Because it’s a fact that the total GDP grew continuously, multiplying itself by 4 at the end of this period, the lines really show an absolute expansion of agriculture and manufacturing. It was convenient to show the GDP’s percentage of these sectors to indicate that non-oil performance is persistent and homogeneous with the GDP growth pushed by oil. Agriculture and manufacturing didn’t advance by themselves but were not destroyed by oil revenues.

In Figure 2 it is possible to perceive that oil production is decreasing, but it is necessary to add the rise in oil prices, the same prices that permitted the GDP to multiply by 4 in the aforementioned period (Antivero-BCV, 1994). Real oil income is shown in Figure 3. If both figures are compared, it is possible to observe that oil doesn’t predate non-oil production.

As a result, it cannot be said that petroleum income from 1920 until at least 1965 destroyed national production. On the contrary, we agree and support with facts Garcia Larralde’s argument (2005:121) that there is evidence that national production grew at the same rate as oil revenues.

5. From Triennium to Perez Jimenez (1943-1948). The “Right to Oil” Discourse of the Venezuelan Political System.

The democratic transition period after Gomez and its culmination in the so-called “Octoberism” or adeco Triennium introduced an important narrative: the existence of an elitist State privileged because of petroleum that, as a result, is obliged to provide the economic and political means for all of its citizens (Coronil, 1997).

There seems to be some agreement among Venezuelan historians regarding the similarities between the “Triennium Adeco”, the developmentalist and populist Pérez Jiménez’ period, the democratic populism of the Fourth Republic, and Chavez’ bolivarian process, as if they were all recipients of the same political tradition (Coronil, 1997; Camero, 2000; Castro Aniyar, 2010).

The blow from the Democratic Action political party through Medina Angarita marked the beginning of the “Triennium” or “Octoberism” in 1945. From then on, all processes were discursively maintained in parallel stories from the twentieth century to the twenty-first: 1. The oil infrastructure must modernize the country, and such modernization supposes the extension of education, culture, political and economic benefits to the national majorities, 2. An ambiguous political system (democratic or not) that does not completely socialize the benefits of a rich State, needs to be intervened by an even more radical movement that will accelerate the conditions of the social democratization (Baptista and Mommer, 1992; Coronil, 1997). This is how it is described by Ysrrael Camero (2000):

“The October Revolution [of 1945, or ” Octoberism “] opened doors and tore down the dyke of Venezuelan politics those that had always been excluded. The triennium that ran between this date and November 24, 1948, was the breaking of the popular dam that the elites had prevented for centuries.

“… The State Democratic Party [if it were possible to name all venezuelan populist parties like that], which assumed most of the responsibilities, from education and health to oil, is an Octoberist legacy. From this moment, all political organization that wanted to play a role in Venezuela had to be multi-class, national, popular and of the masses. This is an Octoberist legacy.

“… Mass and popular politics took over, not just in the streets but also in the halls of the Legislative Palace and at Miraflores. The people felt represented by their leaders.

Regular and common popular mobilization filled the streets of the cities and politicized the population, making the population participate in the construction of its own destiny.”

In 1959, almost ten years after the coup against Octoberism, its same actors, Betancourt and AD, won the first elections in what would become known as the Fourth Republic.

6. The Developmentalist Populism Incorporated the Ideas of Order and Economic Development (1948-1957).

Invoking the experience of the Gomez period, the new government presided over by Marcos Perez Jimenez tried to reorient public policies toward the need for order and development.

As has been previously described, the economic and geopolitical context was propitious. In the words of Perez Jimenez:

“Our entire management obeyed complied with the New National Ideal and can be summed up by three unquestionable measures of success: Venezuela was the first economic power in Latin America. Venezuela was the country with the most industrial growth in Latin America. Venezuela was the country with the highest rate of population growth in the world” (Perez Interviewed by Angulo Rivas, 1964: 44).

Other studies conducted in Mexico (Lopez Portillo, 1986) emphasize a transcendent aspect of the New National Ideal: a cultural policy in which the State and “the people” (body of society, subject and object of development) appeared together in the same image: a notion of modernity, industrialization and development, alongside the historic and racial glories of Venezuelans: the heroes of independence, the indigenous resistance to the conquerer, the vigor of the plains people, the advantages of the mestizo, the joropo, etc.

The new body of meanings did not make the economic elites disappear (for example, corporations and oligarchies, central to the discourse of Accion Democratica at the time), but they presumed, behind the general representation of a State, the total historic and ethnic relief of their society. This exercise, described as such, is not another of the experiments of nationalist modernization of the State in Latin America. Instead, it is itself the precursory model for these experiments, later applied in Brazil, Mexico and Peru (López Portillo, 1986).

For Dr. Manuel Egaña, one of the most prominent intellectuals of the perezjimenistic decade, the New National Ideal was an “obligation”, a consequence of the oil excesses whose disproportion was spoken about without modesty. According to Cartay (1998:14-15).

“Egaña estimated in 1947 that government revenues would, in the next decade, reach an average of 1000 million Bs every year beginning in 1948. With such an income, Venezuela, said Egaña (Egaña, 1947:164):

‘…is obliged to develop a spending program for public works to improve its physical environment so that its men can use it with more intensity.’

Of the 1000 million, Egaña recommended using an annual amount of Bs 250 million for the implementation of “material, large, long-lasting” projects, acting directly on nature and addressing the weaknesses of the Venezuelan physical environment and to facilitate its optimal use by
Venezuelan citizens. It would act directly over mankind (who has not done its job) ”

‘…750 million Bs per year are left to the men of the government to control our flow of tropical demagoguery’ (Egaña, 1947:169)”.

Egaña understood that the national project corresponded to an experiment, facilitated by sociological doctrine, whose fundamental constraint – the lack of money – did not exist. So there was no other reason than the ‘obligation’ to make the experiment work.

Neither Egaña nor Vallenilla, nor Pérez Jiménez himself, stopped being conscious of cultural considerations, nor of the impact of Venezuelan oil on the economy or culture, which in the best of cases was seen as a ballast:

“We have a number of defects that we must correct (…) If we do not change our way of being we will remain a backward people (…) Therefore, according to the New National Ideal, the first priority was to mix our race with the component of European peoples (…) accustomed to work (…). [It has to be formed in people] a spirit of work, giving them the capacity to understand what their true functions as a citizenry are, that is, their rights and duties (Pérez Jiménez interviewed by Blanco Muñoz, 1983 in Cartay, 1998:168).

7. The First Adjustments against the Perverse Effects of Income.

As it was said, according to Figure 2, the Perezjimenistic period (1949-1957) and the first years of democracy (1958-1968) did not show many of the perverse effects of the income on the new social and productive fabric that was expanding in Venezuela.

While non-oil sectors by themselves did not excel driven by the oil revenues, as Egaña and Perez Jimenez had hoped, neither is it possible to say that the income eroded the productive apparatus, replacing it with imports.

However, at the time, there were some warning signs regarding this balance. Perez Alfonzo notes that an increase in the price of oil at the end of the Perezjimenezist period created expectations that turned into flight capital and more imports that shook the national industry. The author mentions this cycle as a trigger of Perez Jimenez´ downfall on January 23, 1958, and as an preview of the problems that came with the increase in prices in 1973 (Perez Alfonso, 1976).

After Perez Jimenez, during the first Democratic governments (1958-1972), oil prices tended to weaken, exposing the fragility of the whole system, especially spending. To reduce the fiscal deficit the government went into debt and reduced salaries and wages. It is possible to say that in this period the characteristic signs of the Dutch Disease, such as flight capital (Crazut, 2006:404), began.

8. Romulo Betancourt: The System of Pacts Predates the Possibilities of Interdependence.

Romulo Betancourt is perhaps the most important figure in contemporary Venezuelan politics, after Chavez.

Betancourt recognized early on the pitfalls of industrialization that the Venezuelan bourgeoisie came from a comfortable (wealthy) system within the oil usufruct – a system in which there was little attempt to innovate and take risks. This problem was understood at that moment as part of the productive culture of the elites. According to his speech, the answer to this problem would be to denounce the parasite millionaires and to increase public space. This had been said by Betancourt in 1937, that is, before the Triennium:

“Our capital frankly tends to be parasitic. We don’t have captains of industry, but we have landlords and moneylenders. Companies that are bold, far-reaching, take risks and are adventurous don´t come to a mere dozen out of millions. These companies tend to have a one-hundred percent safe investment when they are very bold. They prefer to fill store their wealth in the vaults of banking institutions in the country or abroad. We, in making these statements, do not proceed with empiricism or passion. We rely on solid statistical data. We have not invented a theory to accuse the small group of millionaires in the country of being parasites” (Betancourt, 1937).

In this way, Betancourt points out the inability of the private sector to absorb wealth and lead the economic recovery expected from oil income as a problem of culture and will.

Over twenty years later, after the overthrow of Perezjimenezism, Betancourt and Accion Democratica sealed several strategies to prevent the return of the dictatorship and some of its economic sectors. In this case, Betancourt responded with the argument that has been marked as common practice in Venezuelan politics from the Triennium: widen public space, distribute the money that naturally belongs to the pisatarios [“those that put their feet over the petroleum”], and distribute it for winning the support of political and economic sectors.

To accomplish this, Betancourt inaugurated the use of big pacts in Venezuela in 1958.

Betancourt denounced the absence of innovative and risk-taking productive networks. However, in their place, he promoted political agreements to guarantee the governability of the device, with the argument that dictatorship, or the socialist Cuba example, could put an end to the institutionalization reached. But, as it is argued here, this did not make the productive sectors become more brave, it only put them at the service of the pacts of governance.

For a democratic leader to achieve this,(particularly with so few similar cases across the whole subcontinent), it was necessary to offer the Cold War-era U.S. a viable model of integration into the socioeconomic and political system that would guarantee it a supply of stable oil.

Four movements were particularly visible: 1) the call to general elections, that included the Communist Party of Venezuela (PCV), 2) the call for an Inter-institutional agreement (between the State, the Armed Forces and the Church, fundamentally), 3) the Pact of Punto Fijo, also called “the soursop pact” [el pacto de la guanabana], among the white AD party, the green COPEI party, and to a lesser extent the yellow URD party, excluding the PCVor red political party; and 4) the parliamentary drafting of a new constitution in 1961.

Thus, Betancourt relaunched a national pact between “live” actors that represented an electoral scenario in which new oil brokers and the public concentrated on access to different forms of social power. This agreement explicitly excluded Perezjimenezists and the important communist movement and also excluded implicitly other actors. The Pact of Punto Fijo founded what is today called the Fourth Republic.

Given its status as oil manager, the government, representing the State, created an exclusionary political scene apart from which it could operate the complexity of the country’s economic and social initiatives. In this scenario, representations would replace organic relationships and would be maintained by the monopoly of the resource called petroleum.

The problem with this plan is not only that it excluded oppositional political sectors from the plan of governance, but that it was also sold as a substitute for political reality. In fact, it created an almost exclusive bridge for obtaining credit, legislation, academic prestige, political influence, professional advancement, construction of pipelines in neighborhoods, roads, electrical connections, licenses, imports, remission of debts, etc….The government financed, with petroleum funds, a scenario that monopolized social and economic political practices for the entire society. It had an ideological impact:

“Both the ideologies of the left and of the right were assimilated into a system of centrist parties… After 1974, ex-guerrillas began to appear as members of Congress and even in ministerial cabinets. Regardless of partisan loyalties, Venezuelans could say, truthfully or not, ‘Now we are all adecos’ ” (Hellinger, 2002).

The system of pacts between the then-called “live forces” (a predetermined selection of political parties and elites, sometimes supported by groups of “notable people” and other prestigious institutions…) formed part of the governing machine for 42 years until the pact system changed with the Bolivarian Constitution, in 2000.

The goals achieved in international affairs were also reflected in this new capacity of Venezuelans to re-establish, by way of the persuasive power of petroleum, new pacts with emerging actors, and direct innovative and defensive policies for these actors in the system.

The Fourth Republic (1958-1999) would repeat these pactist strategies for 41 years, as sub-variations of the Pact of Punto Fijo, the macro-pact of Venezuelan politics of that period: “The Pacification” of the first government of Caldera (1969-1974); in the first government of Carlos Andres Perez, called “The Great Venezuela” [La Gran Venezuela] (1974-1979); in the government of Jaime Lusinchi, called the “The Social Pact” (1984-1989); in the second Perez government, called “The Concert” [La Concertación] (1989-1993); and in the second Caldera government, known as “Convergence” (1994-1999).

The strategy of pactism helped to recognize Romulo Betancourt as the political architect of Venezuelan democracy between 1958 and 1999.

His model, far from the confrontational style of the Triennium, was simple: the popular vote and oil prices had the capacity to feed renewable agreements, as long as the changes occurring were among the operating agents of the subsystem. It was a sustainability model for the short, medium and long-term political subsystem, but not for the economic or the social system.

By prioritizing governing agreements over a long-term development strategy, Betancourt and the leaders who followed him, systematically expelled the endogenous forces of the economy and social entrepreneurship.

Thus, it was through this model that the systematic depredation of enormous economic resources eclipsed the possibility of regeneration. Social welfare would also respond to these principles. Once the model was exhausted (simply from a drop in oil prices, for example), social cohesion would unravel, as occurred in 1989 (the massacre of February), 1994 (attempted coup) and at the end of 1998 (Chavez’s electoral victory).

The system of pacts represented the impossibility of a healthy social or economical fabric because these were constantly threatened by the financial power of the dominant political scene. In other words, pactism was the political monopoly´s way to express itself in this period, but was not the origin of the problem.

Of course, constraints imposed by the IMF at the beginning of the 1980’s and neoliberal formulas played the same role in Venezuela as in the rest of the global periphery. These forces preyed upon, Latin American industrialization and its social welfare. But it is important to note that the inability of Venezuela to overcome these conditions also corresponds to the Venezuelan political subsystem, which, to make itself “stronger” had become too dependent on its role as manager of oil and the consequent political pact.

To mark the nationalization of the oil industry in 1976, Betancourt made a speech before the Venezuelan Congress (Parliament) that pointed to the nature of the pactist model. Betancourt spoke of the model´s darker side, where ideas’ debate is a dead space and Congress is a scenario devoid of politics. Betancourt referred to the Chinese practice of climbing on the roofs of houses to yell the most horrendous improprieties, “all of the imaginable horrors” [sic] that can’t be said every day. It was called the practice of “cleaning the chimney”. Then Betancourt asked the representatives of congress: “the time to clean chimneys has passed, impose an era of responsibility before the challenge we face as a nation” (Betancourt, 1976:39)

This somewhat offensive image characterized political leaders as having, not rational differences, but almost child-like impulses at the edge of reason. It revealed a demagogic concept of politics and underscored the role of the political pact. Venezuelans increasingly shared this perception. It was known by many names in academia, including the “depolitization of Venezuelan society “:

“The people only recognize the political parties but these parties arbitrarily recognize the people. The lack of recognition of the citizens by the parties led them to rebel against the latter, resulting in a special sanction against some actors who do not know the exact origin of the political” (Madueño, 2008:116).

Thus, in political terms, the system of accords, from the Pact of Punto Fijo in 1959, until the Convergence in 1994-1999, hindered the possibilities of interdependence with the Venezuelan political system and weakened the State as a relational institution. By weakening the social entrepreneurship and economic aspects of society, the foundations were laid for a system incapable of confronting changes or of generating real stability.

As mentioned previously, in October 1973, a war broke out on Yom Kippur and, in February 1974, when Carlos Andrés Perez became president of Venezuela, the price per barrel of oil rose from $3 USD to $10 USD. This was a result of production cuts driven by Arab OPEC members and Iran against U.S. support for Israel (Vallenilla, 1998:85).

As it will be described in next chapter, 1973 Venezuelan economy would define the economic sustainability of pactism as a model of fictional political stabilization, and, at the same time, mark with full clarity the predatory role of petroleum income on the economic fabric of the Venezuelan subsystem for the next years.

9. Great Venezuela (1974-1979)

Carlos Andrés Pérez inherited a government with unprecedented reserves in oil revenues and the relative longevity of Venezuelan industry. He had the resources to follow the successful path of his Mexican counterpart, Lazaro Cardenas: with oil nationalized and under the influence of the boom, the country filled with the good omens of development and the prospects of international leadership.

However, Juan Pablo Perez Alfonzo, founder of the Democratic Action party (AD), Minister of Development during the Triennium, Minister of Petroleum for Betancourt in 1959, and also the same architect and driving force of the collective project of OPEC, got off the vehicle of optimism and resigned.

Perez Alfonzo studied what some Norwegian Academics called the Venezuela Effect (mostly known then as The Dutch Disease), and assured that “in ten, twenty years, oil will be the ruin of Venezuela” (Perez Alfonzo, 1976).

He called it “the excrement of the Devil” (in relation to the manner which the Spanish were named surface deposits of oil, asphalt and bitumen). Finally, he also left the government of Carlos Andres Perez, as well as the Accion Democratica party when he perceived the political will was not to re-convert the developmental model to an appropriate scale.

His son, the economist Juan Pablo Perez Castillo, updates his vision of the so-called Venezuela Effect:
… “Our oil industry uses very few national resources as inputs for domestic investment, production and marketing of oil, as proven by the scarce organization of input / output (very low net ratios of imports that reflect trading relations between sectors of the national economy), low national components of investment, the inputs used by the sector and the low multiplier of the net import sector. ”

“These indicators (among others) confirm that income produced by oil money does not have a significant domestic counterpart, making negligible the amount of organic wealth derived from the same economic growth” (Perez Castillo, 2006).

Perez Castillo reaffirms his father’s troubling idea that incorporates the economic system into the Venezuelan Problem, it means, not just by attaching responsibility to the productive agents.

“… When the economic system injects more liquid external resources than it can productively absorb, the surplus puts pressure on prices and to the inadequate domestic supply to meet the inflated monetary demand. The accumulated earnings allow importations to relieve inflationary pressure preferably of goods and end services, contributing to the decapitalization of the country” (Perez Castillo, 2006).
In Figure 1 again it can be noted how, in 1973, imports grew disproportionately to levels shown to be relatively stable since 1950. The price effect of oil offset the precariousness of non-oil exports in relation to the new consumer-power society.

At the dominant narratives at that time the economic climax that began in 1973 was not too contested. For a long time it was only spoken of as waste and corruption, and too few times from the perspective of the economic subsystem itself. The views of Perez Alfonzo, even if it was not the norm to disrespect them, did not provide an interpretive framework. The most critical discourses were almost always assimilated into the diatribes that looked capable of resolution in the political electoral campaigns. The following is an example of the dominant discourse for the next 20 years.

“But the oil euphoria did not hide reality. Critics raised concern before the end of the presidential period, and pointed to the government´s disordered, ill-advised and frivolous management of the millions of dollars that flowed into the coffers of State. Perez’s voluntarism and developmental daring became mired in bureaucracy, the lack of human resources and greed-based corruption. In the non-State sector, investments had a speculative character. Real estate and finance and even the president himself gave in to tinged populism, stimulated by subsidies and privileges. The president launched a pharaonic public works program and purchased industrial equipment of questionable utility” (CIDOB, 2010).

Note in the discourse how problems of disorder, waste and corruption are framed as if they come from an original evil in the corrupted souls of Venezuelans or are a matter of civic culture. The text fails to explore these ills and the unbridled ambitions of political leaders in a larger historical framework. It is possible to trace this attitude to a widespread academic tradition (Quintero, 1972; Malavé Mata, 1980: 263; Crazut, 2006: 265; Mieres, 2010).

The above text made it difficult to put statements by Perez Alfonso regarding the impossibility of the sowing of petroleum in context, translating again into simple problems on the political stage.

The text demonstrates a classic argument, and it is possible to recognize its inflections throughout the discourse of the Fourth Republic. The inability to see the problem as one of the subsystem, that is, neither as a replacement of political relations, virtues or political actors, nor as a problem of the great historical capitalist system, as highlighted by certain leftists and during the Bolivarian period (Malavé Mata, 1980; Rodríguez Araque and Muller Rojas, 2009; Mieres, 2010) seems to mark the discourse from The Grand Venezuela to Chavez’ Fifth Republic. The notion of an economic perversion that is independent from the ideology of the government or from the virtues of the political leadership is absent from the rhetoric since the disease established in 1973. Perez Alfonzo recognized this discursive problem during his life and thought that it was the result of the same government agents’ interests:

“It is used to ascribe the general waste to vices or failures among government’s responsible agents, or among private sector that profit from oil. In that way it is possible to maintain illusory hopes for continuing the sowing of oil” (Perez Alfonzo, 1976:144).

Such a problem is revealed in The Great Venezuela, the other pact governance re-established on the basis of the Pact of Punto Fijo for the instrumental management of the problems caused by the avalanche of petrodollars. Pactism dominated the political will and deflected questions about the subsystem by focusing answers on the political electorate.

With this flow of money, the government bought the illusion of political strength. But in fact, it was impoverishing the fabric of social and economic entrepreneurship, as much with the country’s currency-absorption as with the political and social spaces of development through pactism.

It is no coincidence that Fernando Coronil identifies precisely three periods in Venezuelan history – Gomecism, the Perez Jimenez and Great Venezuela – as evidence for what he called the “Magical State” – a State that had the need and ability to draw on its abundant land and endless resources in order to provide for its citizens. But only during the Great Venezuela period does Coronil detect the the growing perception that a giant web of political corruption built around the State dominated the whole country (Coronil, 1997: 352).

In any case, deep, subsystem vulnerability was brewing in the face of an impending crisis that the pact model, though seemingly unbeatable, could not control. This vulnerability permeated the whole institutional and moral structure, and resulted from the deterioration of the fabrics that pactism and imports falsely replaced, outside of which Perez Alfonso seemed to stand alone.

During the oil boom that lasted from 1973 to 1983, oil revenues largely exceeded the country’s ability to absorb capital. The strength of the government soon converted into the structural weakness of the State. Then, after the so-called “Black Friday” (February 28, 1983) the distributive capacity of the apparatus of government declined with the devaluation of the bolivar.

Paradoxically then, the model of pacts and imports that had maintained the illusory political stability of the subsystem was extended to project the same the illusion over the growing social crisis. The process accelerated the depletion of the fabrics produced by the country’s social and economic enterprises, leaving them even more rapidly impoverished and dangerously marginalized.

10. The Social Pact (1984-1989). The Extension of the Predator Model on Crisis.

Carlos Andrés Perez had been Betancourt’s designated successor and Minister of the Interior. But Betancourt opposed what he perceived as signs of greed and personal tyranny during the presidency of Perez, and ultimately promoted his party opponent, Luis Piñerúa Ordaz for the presidency. However, AD lost the election to Copei’s candidate, Luis Herrera Campins, whose election marked the party´s second victory in national elections (González Medina, 2007). It was at this point that Betancourt said the famous words “We Will Come Back” (originally in English).

The Herrera Campins period coincided with falling oil prices and the first historically recognized major currency devaluation, or “Black Friday”. The crisis developed into what was called the “over-sizing of the State” (foreign currencies did not allow for the maintenance of bureaucracy nor its budgets, and there was talk of reducing the public sector´s size, though not really of restructuring it). The result was the emergence of a growing deficit in the strength of pact’s political parties as key mediators between civil and political society.

So Betancourt saw the conditions for redesigning a new, two-part pact called “The Social Pact”:

“There shall be an agreement between the union bureau and Jaime Lusinchi that would promote him as the next presidential candidate and immediately take over the direction of AD throughout the country, placing in the general secretariat an union bureau member, plus the guarantee that the unions would have a high number of members on the lists of candidates for deliberative bodies. Additionally, in winning the elections Lusinchi would designate regional secretary generals [AD] as State governors who would occupy both positions simultaneously, combining the political and the official for the first time. This was necessary to produce what at that time was perceived as an attempt to return AD to its lost origins” (González Medina, 2007).

In 1984, at the end of the Luis Herrera Campins period, Lusinchi won the elections (the AD and Betancourt “came back”) and achieved the inclusion of the CTV (The Confederation of Workers of Venezuela, the main union for the Fourth Republic, dominated by AD). Then began the Social Pact’s second phase: to convene the bourgeoisie for a tripartite pact. State, bourgeoisie, unions:

“[The Social Pact] … poses the feasibility of an alliance between workers and small to medium entrepreneurs in a synchronized effort of social strata that includes university groups, neighborhoods, etc. In a political context, the premise can be read to reunify progressive political forces for redistributive purposes long awaited from the State” (González Medina, 2007).

The Social Pact´s agenda did not hide that it was an anti-crisis covenant based on the creation of new instances of power and distribution. Its aim was to regenerate political legitimacy to promote the participation of new “forces” (political operative scriptwriters) as a resource against the economic crisis (3).

Also born from The Social Pact was COPRE, or the Commission for State Reform, in which diverse sectors of public life, including the left, academics, and the cultural sector, gather to guide and promote reform. It is often argued that this effort generated more discourse than it did real transformation, as was established by a report on the subject, “The Penelope’s Fabric ” (Gómez Calcaño and López Maya, 1990).

However COPRE promoted the idea that regions could choose their representatives from regional government representatives and made possible the transfer of administrations and budgets (and deficits) to the regions of some of government’s institutions.

The articulation of a renewed political map, again, was accompanied neither by substantial changes on a macroeconomic level nor conscious policies from the subsystemic level, nor by participation policies directly from the organized public. The model now blocked the possibility of sociopolitical changes by way of sending power quotas to other actors. The Social Pact’s economical results moved away again the development of inner fabrics:

“In the late 1980’s, the Lusinchi government achieved the illusion of growth based on the level of expenditures that exceeded available, and managed to contain the distortions, for some time, through price and exchange controls. The scheme collapsed in January 1989. A maxi-devaluation struck, inflation shot up to 81% and the economy shrank 10%.” (Bottome, 2008).

Figure 4 shows the breakdown of international reserves under previous leaders who increased imports, destroyed domestic enterprise, and under whose leadership social and political ventures succumbed to the closed governance of The Social Pact. Notice in the graph that Foreign Exchange Reserves descended from 1981 to 1982 due to the effects of falling oil prices. With devaluation in February 1983, the government of Herrera Campins acquired reserves for the country. In 1984, Lusinchi won the election and activated The Social Pact. Note that as of 1985 reserves are reduced below pre-devaluation levels until the end of his term in 1988. The State sought to maintain the governability pact financed with the money saved by the devaluation, putting the country at risk of a further devaluation and a new economic contraction.

The result was more visible in 1989 with the departure of Lusinchi and the entrance of the new government of Carlos Andrés Pérez.

“Although they all worked, more or less, for a time, the controls of the Lusinchi government failed in early 1989, triggering a profound recession (the non-oil economy fell 9.6%), a massive devaluation (from Bs.7.50 per USD to Bs.14.50 per USD to Bs. 43 per USD) and galloping inflation (81%). Moreover, the Central Bank could not honor the bulk of the letters of credit for an amount of $ 6.9 billion that were pending at that time, and saw many businesses forced into bankruptcy.

It could have been worse had it not been for the quick implementation of program of orthodox adjustments approved by the International Monetary Fund (IMF)” (Bottome, 2008).

With the Foreign Exchange Reserves depleted, the IMF was at the head of the national economic policy.

Carlos Andres Perez won the elections in 1988. The story that follows is well known in Venezuela´s political environment. Weeks after taking office in February of 1989, a new social pact was announced, The Concert Pact, which would be accompanied by a crude package of neoliberal measures based on the illusion of peace created at the pactist stage, but that could not really be achieved until the Venezuela Agenda from Caldera’s second mandate in 1995: Just the announcement and the raising of the price of gasoline in 1989 caused reactions and violent demonstrations in Caracas. What followed is what has been duplicated almost as a long-term model by many other Latin American countries like Bolivia, Argentina or Brazil in response to the IMF’s “neoliberal package”: mobilizations, looting and political repression (Kozloff, 2008: 5).

On February 28, 1989, the Venezuelan military was deployed to the streets to suppress daily riots and murders and to crack down on anyone for “disobeying the curfew”. The death toll still has not been determined, and varies depending on the source. The official number is 276 or, according to popular commentary, 3000 citizens (4).

The neoliberal plan was halted, but the country was adrift. Until then, the latest pact, The Concert, foreseen for its “irremediable” neoliberal context, had not crystallized.

In February 1994 a military revolt in the hands of institutional actors, such as then-Senator Caldera, turned into an escape valve of discontent.

“López Maya (1999) showed that the subsequent period was marked by several protests claiming that ‘party politicians and unions had been losing their dynamism and capacity for popular representation and mediation, evident in the way they exercised power in the context of abundant money and resources of the Petro-State of the 1970’s ” (1999: 212). Having said for 50 years that the country was rich and completely sovereign over its oil, how could Venezuelans not to guilt the elites who seemed t represent them so closely [through the pacts of governability]? During the stormy parliamentary session before the military uprising of feb. 4, ex-president and senator-for-life Caldera, dared to say that the emperor was naked. Among the growing speeches condemning the coup, he revealed that the people had not taken to the streets in defense of Democracy, a striking contrast to events in Eastern Europe, the southern cone of South America, the Philippines, and Tiananmen Square (See his speech reprinted in El Universal, February 4, 2001). Congress finally removed Perez from office, but the relatively inconsequential criminal charges against him were only an attempt to remove a highly unpopular president from his office, before the collapse of puntofijismo” (Hellinger, 2002).

11. Convergence. The Last Pact.

The 1993 elections made latent the harvest of the macroeconomic crisis, the collapse of traditional parties, the massacre of 1989, the military coup led by Commander Chavez in the 1992, the services crisis and growing poverty. From the ranks of the anti-CTV union rebels who had revolutionary influences arose a party that seemed to have won the election, Causa R.

Whole electoral acts were canceled due to “irregularities” in areas where Cause R gained strength. Ballot boxes containing votes in support of Causa R were found in the trash. Julia Buxton, who studied those elections closely, concluded: ‘This exclusion was not due to failure on the part of the electorate, it was due to the politicization of board members who insisted that the normal task of counting votes was conducted fairly and neutrally ‘(2001: 89)” (Hellinger, 2002).

Caldera won the elections with the support of the chiripero, a large group of small parties that ranged from the PCV (the traditional communists) to the Perez Jimenezists. The party also included regional leaders, Caldera´s party, Convergence – a division of Copei that had taken its founder and historic leader. Among the small parties was MAS, the division of PCV in which Perez Alfonzo had participated. MAS had the right to, by electoral proportion, a voting board member (unlike Causa R), which ensured agreements on the sharing of counted votes that were not yet entered on the tally sheets.

Convergence, more than a political party, was Caldera’s new pacification project, the pact articulator of many new political forces that seemed to better represent society than in past experiments of the Social Pact and Conciliation. Numerous analysts believe that the specific step of the leader and the context of Convergence managed to calm the political crisis during that period. However, the situation worsened.

“… the electoral forecasts of Caldera were not fulfilled, in the political – institutional sense, though a certain peace was reached. Nor was the situation of deterioration remedied by the fundamental institutions of the State or by the delegitimization of the political system … ”

“…With an accumulated inflation of more than 800 %, which had been the highest of any constitutional period, the Caldera government’s principal social indicators continued their trend toward deterioration. For June, 1997, of the total of 4.740.250 homes, 2.122.016 were in a situation of poverty; of these, 895.542 were in a situation of extreme poverty (Revista Sic, 1997). Or, 44,76 % of Venezuelan homes did not possess the income to satisfy their basic needs, and 18,89 % could not manage to cover their food needs. The Venezuelan Program of Education Action in Human Rights (Provea) calculates that in 1998 15 % of Venezuelans were found to be living in conditions of atrocious poverty, understood as those who live in the open air (homeless) and are thus excluded from any social policies. Relative to the labor market, close half of the population that was economically active worked in the informal economic sector (IESA 1998) …”(Lander and López Maya, 1999).

However, the drama didn’t just disguise the political atmosphere. It had already turned it into a social time-bomb:

“Moreover, according to social indicators provided by Provea, between 1993 and 1997 mortality due to malnutrition doubled, settling in the last year to be 993 per 100,000 inhabitants. In terms of deteriorating public services such as education and health, 70% of students who enter primary school fail to complete ninth grade, and 8 out of 10 students that enter college come from private education. In areas where the poorest part of the population is located, the child mortality rate is 2.5 times higher than national rates, life expectancy at birth of stratum V, the poorest, is 12 years less than that of layers I and II; the Ministry of Health and Welfare estimates that 30% of the population has no access to health services” (Lander and Lopez Maya, 1999).

After two years, the search for new paths was exhausted. The government had avoided restoring the economic agenda prescribed by the IMF that had been the death sentence for The Concert, and at this point turned toward Monetary Fund neoliberalism and created the Venezuela Agenda in 1995 under the leadership of Planning Minister Teodoro Petkoff (paradoxically, symbolic leader of MAS, the socialist part that splintered off from PCV). Not very different from The Great Shift of Perez’s Concert, the Convergence began the “petroleum opening”, while Luis Giusti, leader of PDVSA, followed the path of Sosa Pietri, and betrayed OPEC agreements to lower world market prices and develop a sales plan for the principal assets of the oil company (Potellá Mendoza, 1995).

The Convergence met the failure of the public expenditure as a development model. However, according to the prevailing wages of privatization in that period, the answer of the government was to produce more incomes from selling PDVSA’s assets and to increase the oil production. In other words, the Convergence, as the other pacts, didn’t seem to be able to study and wait for other productive, inherited or in development sources of wealth.

12. The Extreme Weakening of the State before Chavez.

In Figure 5 it is possible to recognize the aforementioned pacts of governability throughout Venezuelan democracy from 1958 to 1999. The economic centrality of the Venezuelan State constantly fed by meaningful oil incomes taught Venezuelan State agents that a pact could substitute participation and entrepreneurships.
Meanwhile, in the Venezuelan academic world it was common to find concepts like “institutional crisis” (Lander and López Maya, 1999, Molina and Perez, 2004); “split between civil society and political society” (Arenas, 2001); invocations of the “Disillusionment of Democracy” (Arenas, 2001; Molina Álvarez Díaz, 2002), or “crisis of the State as public servant ” (Molina and Alvarez Díaz, 2002).

In truth, the conditions that led to Chavez´ rise to power revealed a much deeper dimension that did not form part of the model of expectations for that time. The radical change to come was predicted by only a few analysts at that moment. Two graduate students at the University of Zulia decided to describe it making use of Marx. These two young researchers introduced what then seemed like a simple nuance: it was not a crisis in the generality but a crisis of the illusory generality (Garrido and Montilla, 1999). At a time when international organizations spoke of governance, political utility, institution-oriented analysis or governability, these kinds of proposals were not easily visible (5).

For Marx, illusory generality was the result of a balance between historical forces that have not yet revealed the reality of the process of accumulation and exploitation. When illusory generality is in crisis, it is because there has been an outright split, not only in the operation or legitimacy of the institutions, but the very idea of civilization. If the source of this breakdown is economic, its true and most powerful outcome occurs in the cosmos, heralding a historical transformation as described by the Marxian paradigm. Foucault had explained this process as the idea of “epistemic change”, a process visible in archeology of speech that produces the gap between knowledge and language (Foucault, 2005: 56). In other words, when the language of a society indicates a world that does not correspond to its knowledge, there is a change in the structure of knowledge that can barely be covered by categories such as “problems of governability” or “Disillusionment of Democracy.”

The nature of events from 1989 to 2003 (riots, massacres; attempt of a coup d’etat; a sudden new populist leader; a new Constitution in 1999; Chavez’ radical laws; hundreds of peasants killed; a new coup d’etat and a 3-month general strike) point to a serious misinterpretation by academics at the time. The Bolivarian revolution was more of a breaking point from illusory generality, than a disenchanted split with institutions, procedures and actors, as important as they were. In terms of the proposed analytical frame, the Bolivarian revolution tried to steer a path to a new generality, the success of which is not evaluated here. However, the 5th Republic’s destiny also depends on the understanding of how and why the past Republic failed down, how conditions shaped by the renter Venezuelan subsystem affected, and how not to move away autonomous and wealthy entrepreneurships.

The Venezuelan governments before Chavez, understood as components of a relational State, had failed in 1998 and prepared for the transformation of its political and civilizing foundations, at least ideologically. The same invisible fabrics to the operators of the government, whose dissolution in turn weakened and annihilated the State, were regenerating new political forms through the new republic and the Bolivarian Constitution.

With disproportionate flows of money, Venezuelan governments since 1973 had bought the illusion of political strength and State fortitude when they were actually impoverishing social and economic entrepreneurship. The currency absorption problems, related to excessive public expenditure, created economically dependent social sectors, while pactism depredated the natural space for political and social development.

Of an oil-rentier economy´s inability from 1973 to 1999 to transform disproportionate expenditures into development, Asdrubal Baptista concluded:
“In fact, it is not about only a temporary suspension of the investment decision, which could last some years. There is something deeper here associated with an irreparable rupture produced by the normal rentistic condition, whereby one can see the infeasibility of a historically localized economical structure, let’s say, its incapacity to still work according to its own and established patterns” (Baptista, 1997: 155).

Therefore, the sources of the Venezuelan State´s institutional weakness should not refer only to the evil practices of political operatives or failure in the design of specific policies. Dramatic narratives about the evils of political practitioners, the failures of public policy or the monopolistic role of imperialism, betray a perspective that doesn´t fully grasp the reality of the State as a dimension in societal relations.

The relational State is not an object external to the relations of society, as the illusion of a “strong” government sometimes projects, but instead is a tributary of the forces of interdependence within society, that allow it to exist as a historical, stable and legitimate entity.

The progressive dissolution of social fabrics that provided, albeit slowly, social, economic and State-policy interdependence conditions, was reversed in its disappearance. The dissolution of critical social fabrics thwarted conditions for social, economic and State-policy interdependence.

The same weakened social fabrics, invisible to the operators of the governments and some academic circles, ultimately regenerated new political forms through the new republic and Bolivarian Constitution at the end of this period. Civil society was preparing itself for an ideological transformation of the State’s political and civilizing foundations, for better or worse.

Notes

1. When Mommer cross-referenced the Public Expenditure with the Oil Rent data from 1973 to 1990 he observed a strong descent of the latter. As a result, he erroneously predicted the end of Venezuelan rentier capitalism (Mommer, 1990:175-234). Mommer showed that higher prices and the strong variations in the price of oil exposed the economy’s oil dependence. Thereby, lower prices, lower Public Expenditure and production increasing should mean the rentier capitalism’s decline. He didn’t consider that the political part of the puzzle, as the governability pacts, could continue the failed model until the next rising oil prices.
2. In other references, economist Carlos Mendoza Potellá also tracked Venezuelan and Norwegian theories pre Dutch Disease (Mendoza, 1994), and Terry Lynn Karl (1997) also proposed to understand the “Paradox of Plenty”. Alberto Adriani had already described the effects of oil in the 1930’s: “… by nature and in particular by the structure offered in Venezuela, the industry is, from an economic view, an overseas province located in our territory … But the production of vernacular export items, which truly enhance the country’s wealth, has remained stationary” (Adriani 1990 [1937]: 138). About the Dutch Disease, journalist Ernesto Peltzer supposed that “… the author of the term was the Norwegian economist Erling Eide, who has speculated about the inflationary effects of the Scandinavian country’s sudden wealth” and added the term “Potosi Effect” to describe changes in the Spanish economy during the sixteenth and seventeenth centuries that were outside the reach of politicians (Peltzer in Mendoza Potellá, 1994: 138).
3. In the plans of the new planner graduated from MIT, Matos Azócar, in charge of designing the Social Pact, the importance of entering into small and medium industries was underlined, but did not occur (González Medina, 2007).
4. COFAVIC, the Committee of Relatives of Victims of events of February and March 1989, which then played a benchmark role, talks about it on their website: “However, the official number of victims remained undetermined after the discovery of mass graves like The Plague, where another 68 unidentified bodies of victims not on the official list appeared. We may never know the exact number of civilians killed in these events (COFAVIC, 2012).
5. In the “Report to Club of Rome” commissioned to Yehezkel Dror in 1993, the author warned that there is
“[…] the misleading tendency to talk about ‘ungovernability’, rather than facing the real problem –incapacity to govern. The use of the term ‘ungovernability’ is not only incorrect but also dangerous: incorrect because so-called societal ‘ungovernability’ is frequently a result of governments’ failure to adjust to changing situation; and dangerous because it provides an alibi governmental inadequacies, putting the blame instead on societies. True, there are situations that are genuinely ungovernable without radical social transformations which no indigenous government can realize […]. But in most cases efforts should concentrate on improving capacities to govern rather than on blaming societies for being ‘ungovernable’” (Dror, 2002 [1993]:9).
Bibliography

Adriani, Alberto (1990) [1937]. “La Crisis, los Cambios y Nosotros”. In Valecillos, Hector and Bello, Omar (comp.) La Economía Contemporánea de Venezuela. Ensayos Escogidos. Tomo I. Ediciones del 50 Aniversario. BCV. s/c.

Amín, Samir (1974). La acumulación a escala mundial. Crítica de la teoría del subdesarrollo. Siglo XXI de España editores SA. Madrid.

Angulo Rivas, Alfredo (1994). Pérez Jiménez: Tres Décadas después. Ediciones de la ULA. Mérida.

Antivero, Ignacio and BCV (1995). Series Estadísticas de Venezuela de los Últimos Cincuenta Años. Tomo VI: Indicadores Macroeconómicos de Venezuela Período 1940-1990. Ediciones del 50 Aniversario del BCV. Caracas.

Arenas, Ender (2001). “Política Legitimidad y Democracia en una Sociedad en Transición. Las viejas y nuevas representaciones sociales sobre las nociones de política, partidos políticos y la sociedad civil bajo el impacto de la crisis social venezolana (notas para su discusión)”. Revista Espacio Abierto. Vol. 10 No.2. Maracaibo.

Arráiz Lucca, Rafael (2009). Colonia y República: ensayos de aproximación. Editorial Alfa. Caracas.

Asamblea Nacional (2010). Historiador Pedro Calzadilla: El sueño integrador de Simón Bolívar sigue latente. Intervención en la sesión solemne de la Asamblea Nacional de Venezuela. Bicentenario de nuestro primer grito independentista. Consultado en marzo del 2012 http://www.youtube.com/watch?v=8jefRlyuTzM

Baptista, Asdrúbal and Mommer, Bernard (1992). El Petróleo en el Pensamiento Económico Venezolano. Un Ensayo. Ediciones IESA. Caracas.

Baptista, Arsdrúbal (1997). Teoría económica del capitalismo rentístico. Economía, petróleo y renta. IESA. Caracas.

Betancourt, Rómulo (1937). “Tendencias Parasitarias del Capital Nacional. Parte I”. Diario Ahora. 24 de Julio . Caracas.
Betancourt, Rómulo (1976). El Petróleo en Venezuela. FCE. Archivo del Fondo 61-62. México DF.

Bethell, Leslie (2000). Historia de América Latina. ED 1870 a 1930 . Editorial CRITICA. Barcelona.

BCV (2011). Información Estadísitica. http://www.bcv.org.ve.
Bottome, Roberto (2008). Lusinchi II. Enero. http://www.Veneconomia.com.

Brito Figueroa, Federico (1972). Historia Económica y Social de Venezuela. Guairas. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana.

Caballero, Manuel (1993). Gómez, el Tirano Liberal : vida y muerte del siglo XIX. Monte Ávila. Banco de Maracaibo. Caracas.

Camero, Ysrrael (2000). El octubrismo. Ycarrero en la Bitblioteca. http://www.analitica.com/bitblioteca/ycarrero. Caracas.

Carrera Damas, Germán (s/f). “Juan Vicente Gómez: La Evasora Personalidad de un Dictador”. Escenarios alternativos. Revista Crítica & Utopía. No. 5. www. bibliotecavirtual.clacso.org.ar

Carrera Damas, Germán (1983). “Cirios para Gómez”. Revista Jornadas de Historia Crítica. Caracas.

Carrera Damas, Germán (1986). Venezuela: Proyecto Nacional y Poder Social. Edit. Crítica. Grupo Editorial Grijalbo. Barcelona.

Cartay, Rafael (1998). “La Filosofía del Régimen Perezjimenista: El Nuevo Ideal Nacional”. Revista Economía. No. 14. Pp. 1-18. ULA. Mérida.

CIDOB (2010). “Carlos Andrés Pérez Rodríguez”. Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona. http://www.cidob.org

COFAVIC (2012). Inicio. Consulted in May, 2012. http://www.cofavic.org.ve

Coronil, Fernando (1997). The Magical State. Nation, Money and Modernity in Venezuela. The University of Chicago Press. s/c.

Crazut, Ramón (2006). La Siembra del Petróleo como Postulado Fundamental de la Política Económica Venezolana: Esfuerzos, Experiencias y Frustraciones. UCV-BCV-CDCH. Caracas.

Dror, Yehezkel (2002) [1993]. The Capacity to Govern. Routledge. Bodmin, Cornwall.

Frank Gunder, André (1967). Capitalismo y subdesarrollo en América Latina. http://www.eumed.net/ cursecon/textos/Frank/index.htm

Foucault, Michel (2005). Las Palabras y las Cosas. Una Arqueología de las Ciencias Humanas. Siglo XXI. Buenos Aires, Coyoacán.

Foucault, Michel (2008). La Verdad y las Formas Jurídicas. Editorial Gedisa. Serie “Cla.De.Ma”. Buenos Aires.

García Larralde, Humberto (2005). “La Renta Petrolera y la Estrategia de Desarrollo en Venezuela”. Revista Nueva Economía. Año XIV. No.24. Academia Nacional de Ciencias. Caracas.

Garrido, Oswaldo and Montilla, Maxcelia (1999). La Idea de Generalidad Ilusoria en el Fenómeno Chávez: las Elecciones Nacionales y Regionales de 1998. Graduate thesis. Escuela de Sociología. Universidad del Zulia. Maracaibo.

Gómez Calcaño, Luis y López Maya, Margarita (1990). El Tejido de Penélope : la Reforma del Estado en Venezuela (1984-1988). CENDES : APUCV-IPP, Caracas.

González Medina (2007). Venezuela, Capitalismo de Estado, Reforma y Revolución. http://www.eumed.net/libros/2007a/244/1x.htm

Hellinger, Daniel (2002). Nationalism, Globalization and Chavismo. Jornadas Visión de Venezuela. June 2002. Universidad de Zulia, Maracaibo.

Jessop, Robert (2008)[2003]. El Futuro del Estado Capitalista. Los Libros de la Catarata. Madrid.

Jessop, Bob (2009). State Power. A Strategic-Relational Approach. Polity. Cambridge, Malden.

Karl, Terry Lynn (1997). The Paradox of Plenty. Oil Booms and Petro-States. University of California Press. Berkeley, London.

Kozloff, Nicolás (2008). Revolution!. South America and the Rise of the New Left. Palgrave Mac Millan. NewYork.
Lander, L. Edgardo and López Maya, Margarita (1999). “Venezuela. La Victoria de Chávez. El Polo Patriótico en las elecciones de 1998”. Revista NUEVA SOCIEDAD No 160, julio-agosto. Santiago de Chile.

López Portillo, Felicitas (1986). “El Perezjimenismo: Génesis de las Dictaduras Desarrollistas”. Nuestra América. UNAM. México DF.

Madueño, Luis (2008). “Despolitización de la Política o Nuevo Estatus de la Política: Política Reflexiva” in CIPCOM, Sociología Política de la Cultura. SABER ULA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. ULA. Mérida.

Malamud, Carlos (1999). América Latina, Siglo XX. La Búsqueda de la Democracia. Editorial Síntesis SA. Madrid.

Malavé Mata, Héctor (1980). Formación Histórica del Antidesarrollo en Venezuela. Liceduka Libros. Bogotá.

Marx, Carlos [1867] (1991). Capital. A Critique of Political Economy. Tomo III. Penguin Books/New Left Review. London.

Mendoza Potellá, Carlos (1995). El Poder Petrolero y la Economía Venezolana. UCV CDCH. Caracas.

Mieres, Francisco (2010). El Petróleo y la Problemática Estructural Venezolana. Colección Venezuela y su Petróleo. Ediciones BCV. Caracas.

Molina, José Enrique and Álvarez Díaz, Ángel (2004). “Los partidos políticos venezolanos en el siglo XXI”. Melvin C. A. Caracas.

Molina, José E. and Pérez V, 
Carmen B (2004). “Radical Change at the Ballot Box:
 Causes and Consequences of Electoral Behavior in Venezuela’s 2000 Elections”. Latin American Politics & Society 46.1 103-134. University of Miami. Miami.

Mommer, Bernard (1990). “La Distribución de la Renta Petrolera. El Desarrollo del Capitalismo Rentístico Venezolano” in Valecillos, Hector y Bello, Omar (edits.) “La Economía Contemporánea de Venezuela. Ensayos Escogidos”. Tomo I. Ediciones del 50 Aniversario. BCV. s/c.

Moyo, Dambisa (2009). Dead Aid. Why Aid Is not Working and How There Is a Better Way for Africa. Farrar, Strauss and Giroux. New York.
Pérez Alfonzo, Juan Pablo (1976). “Hundiéndonos en el Excremento del Diablo”. Editorial Lisbona. Publicaciones españolas. Caracas.

Pérez Castillo, Juan Pablo (2006). Precios y Divisas Petroleras, Dependencia del Petróleo, Hugo Chávez y Juan Pablo Pérez Alfonzo. Venezuela Analítica. http://www.analítica.com

Prebisch, Raúl (1981). “Capitalismo Periférico, Crisis y Transformación” FCE. México DF. In Biblioteca del Campus Virtual de CLACSO. http: //168.96.200.17/ gsdl/ cgi-bin/ library?a=p&p=home&l=es&w=utf-8

Putnam, Robert (1993). “Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy”. Princeton University Press. New Jersey.

Quintero, Rodolfo (1972). Antropología del petróleo. Siglo XXI editores. México.

Sosa Barajas, Sergio W. (2002). “Hacia una Macroeconomía para las Sociedades Periféricas”. Aportes: Revista de la Facultad de Economía-BUAP. AÑO VIII NÚM. 22. s/c

Vallenilla, Luis (1998). La Nacionalización del Petróleo Venezolano (1975-1988). Vol. II. Ediciones Porvenir. Caracas.

Vallenilla Lanz (2004). Cesarismo Democrático y otros textos. Edit. Monte Avila. Caracas.

Figure 1. Relation between oil exports (blue), non-oil exports (red) and imports (green). Current prices in thousands of millions of bolivars. 1950-1978. Since Antivero-BCV, 1994

Figure 2. GDP’s percentage of Agriculture (blue), Manufacture (red) and oil/gas (green). 1950-1968. Since Antivero-BCV, 1994.

¿Puede un ataque armado ser considerado un acto terrorista? Los casos de ISIS y Al Qaeda: dos mecanismos diferentes de respuesta

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Dr. Israel Cruz Marte

En los últimos dos años, la organización terrorista que controla gran parte del norte de Irak y Siria llamada Estado Islámico en el Iraq y el Levante (ISIS/Daesh), ha cometido números actos terroristas en Siria e Irak y algunos países de Europa y África. Se le atribuyen los atentados terroristas del Museo Nacional el Pardo (Túnez) el 18 de marzo de 2015, varias localidades de París el 13 de noviembre de 2015 y los ataques terroristas perpetrados en Bruselas el 22 de marzo de 2016, en el aeropuerto y la estación de metro de Maelbeek. Sin embargo, no está del todo claro que constituyan actos de violencia propios de un conflicto armado transnacional, o si corresponden a hechos de violencia aislados, máxime cuando se cometen fuera del espacio geográfico de las confrontaciones, es decir, de Afganistán.

En relación a los sucesos del 13 de noviembre en París, el presidente francés Nicolas Hollande declaró que dichos acontecimientos constituía un acto de guerra por parte del ISIS, mientras prometía pronta respuestas a dicha acción[1]. Las autoridades de Bruselas evitaron pronunciarse de la misma manera, pero mostraron preocupación por los hechos y acordaron adherirse a las iniciativas antiterroristas proyectadas por la Unión Europea.

A la situación reinante se les suman a los otrora atentados terroristas cometidos por Al Qaeda a los largo de las últimas dos décadas en varios Estados de Europa y África, lo que recuerda la llamada “guerra contra el terrorismo” impulsada por los últimos gobiernos estadounidenses y europeos aliados. Tanto Al Qaeda como el ISIS se han concentrado en utilizar el terrorismo como táctica ilícita de guerra para atacar intereses estadounidenses y de potencias aliadas. Para el caso de Al Qaeda, esta ha llevado a cabo ataques terroristas en los países que han participado en las intervenciones armadas de Afganistán (2001) e Irak (2003), como el Reino Unido, Francia, Alemania, España y otros Estados en menor medida, los cuales podrían constituir violencia prolongada de una Parte en conflicto, es decir, de Al Qaeda, como respuesta a la intervención armada en Afganistán,

 

De momento el CICR percibe estos actos y acontecimientos como propio del terrorismo internacional que desde siglos se han cometido en muchas partes del mundo sin que sean calificados como conflicto armado o bien que la respuesta a ello implique su existencia, para la Institución un ataque armado se percibe como un acto cometido por fuerzas armadas[2], y en ese sentido, es poco probable que los atacantes suicidas en las fechas señaladas sean considerados como miembros de una fuerza armada (en este caso irregular) o de un grupo armado organizado, sino más bien “célula”.

 

De hecho se puede distinguir que el método usado por Al Qaeda y el ISIS para confrontar a sus adversarios occidentales – Estados Unidos y aliados – fuera del campo de batalla o bien de Afganistán, Siria e Irak, se fundamenta en atacar objetivos civiles más que militares. En este sentido, se ha entendido que los atentados terroristas no constituyen actos de guerra como los de un conflicto armado tradicional[3], aunque, si éstos se cometen en el contexto de un conflicto armado, también se pueden considerar actos de guerra cometidos en ese conflicto y por tanto caen dentro de las reglas del derecho internacional humanitario como apunta el CICR[4], pero bajo la denominación de terrorismo cuando se cometen mediante un plan generalizado sistematizado contra la población civil y objetivos no militares.

 

Y es que el uso del terrorismo como ataque armado en un conflicto armado es usado como táctica militar ilícita para herir al enemigo y provocar el mayor daño posible de víctimas e infligir temor psicológico al adversario, y por ello puede acrecentar el recrudecimiento de las hostilidades entre las Partes. Se deduce entonces que un ataque armado en derecho internacional no necesariamente debe ser de naturaleza militar, como apunta Christopher Blankesley cuando hace referencia a los elementos constitutivos del crimen de lesa humanidad del artículo 7.1 a) del Estatuto de la CPI[5]; sino que también puede ser un ataque terrorista, ello indistintamente de que el uso del terrorismo cae dentro de los ataques indiscriminados contra la población civil y contra las mismas fuerzas opuestas en los conflictos armados, prohibidos como se apuntó por el derecho internacional general y la costumbre internacional[6].

 

En la actualidad observamos que estas organizaciones terroristas ejecutan actos terroristas de diversas formas, y ya no sólo abarca el terrorismo clásico colapsando edificios públicos repletos de personas civiles o atacando trenes en las grandes ciudades, como destaca Joshua Alexander, la estrategia de Al Qaeda y ahora también del ISIS para luchar contra Estados Unidos y Occidente incluye la perpetración de asesinatos, secuestros, toma de rehenes, bombardeos, ataques cibernéticos, ataques con coches bombas, ataques biológicos, misiles tierra aire, entre otras formas. Como segunda categoría usada para infligir daño al enemigo, las operaciones de insurgencia islámica llevadas a cabo en los campamentos de Afganistán e Irak, lo que presumiblemente podría separar los actos terroristas perpetrados por Al Qaeda y el ISIS de los actos de guerra de las operaciones de insurgencia islámica[7].

 

En tal sentido, existe una diferencia muy marcada entre insurgencia y terrorismo. Mientras los insurgentes están organizados en escuadrones, batallones, brigadas, y desarrollan sus actividades en zonas parcialmente controladas, las organizaciones terroristas tienen otro tipo de organización muy diferente a la militar, están compuestas por pequeños grupos secretos o “células. Así, queda claro que las operaciones llevadas a cabo por grupos islámicos leales a Al Qaeda y al ISIS van ligadas a la perpetración de actos terroristas, alertadas por las ideologías de las dos organizaciones.

 

Por tanto, a menudo las organizaciones terroristas y las insurgencias perpetran actos de terrorismo con toda su ilicitud para conseguir sus objetivos. Así, los ataques terroristas de la autoría de Al Qaeda y el ISIS fuera del campo de batalla o bien de Afganistán, Siria e Irak, caen dentro de la línea a la que hacemos referencia, es decir, actos indiscriminados, intimidatorios, muy temerarios y activos. De todos modos, siguiendo la línea marcada por el CICR, hasta el presente, los actos terroristas no han sido catalogados como actos de guerra cuando son cometidos por agrupaciones terroristas, siendo considerados como tales sólo los actos de grupos armados disidentes o insurgentes en un conflicto armado o una guerra civil[8]. En ese sentido, los Convenios de Ginebra no dan pautas de cómo deben realizarse los ataques contra el enemigo, pero el hecho de que hagan mención sobre personas y bienes civiles y objetivos militares, es una guía de cómo las Partes deben conducirse en la guerra. La tesis precedente podría tener sentido lógico sólo si hablamos del terrorismo producido por una o varias personas a lo interno de los Estados, sin importar la nacionalidad del perpetrador.

 

En consecuencia, el terrorismo como actos de guerra, considerado así por Estados Unidos y Francia[9], al margen de la doctrina y las convenciones internacionales relativas al derecho internacional humanitario, lejos de disminuir el panorama hostil, lo prolonga de manera indefinida, haciendo que esta discusión se encuentre en el centro del derecho internacional. En este sentido, una mirada a las leyes de la guerra en particular, parece excluir al terrorismo como parte de las hostilidades en un conflicto armado, en la medida que se realiza contra la población civil y objetivos no militares, con sus respectivas consecuencias a quien lo comete. Además, el factor continuidad le resta fuerza a estos “actos de guerra” para incluirlos como parte de las hostilidades de un conflicto armado.

 

Si la represión de los actos terroristas de la magnitud del 11S y los demás atentados recientes ocurridos en Europa no hubiera desencadenado respuesta militar contundente, parece indicar que en principio los actos terroristas no pueden justificar el ejercicio de la fuerza armada contra los responsables, especialmente contra una organización terrorista transnacional como lo es Al Qaeda y el ISIS, y que hacerlo significa extender más allá de los actuales niveles de beligerancia e insurgencia el concepto de guerra[10].

 

Para el último caso, el supuesto “conflicto armado interno”, estaríamos observando que un acto de guerra, como proclamó el presidente Busch a los atentados del 11S, podría desencadenar respuesta militar contra los autores, que no era un Estado, sino una agrupación terrorista no estatal. Ahora, a raíz de los atentados terroristas de París de 13 de noviembre de 2015, cuya autoría fue atribuida a la agrupación terrorista del ISIS, surge nuevamente la interrogante de si un acto terrorista puede ser calificado de ataque armado y por consiguiente constituir un acto por el cual se pueda ejercitar la legítima defensa individual o colectiva.

 

En efecto, las hostilidades extraterritoriales entre un Estado y un grupo armado organizado o actor no estatal transnacional suponen considerar una serie de cuestiones que aún se encuentran sin adecuación en el derecho de los conflictos armados y en el derecho internacional en general. Como por ejemplo, si los ataques perpetrados por un actor no estatal contra un Estado pueden dar lugar al uso de la fuerza contra ese actor e iniciar un conflicto armado transnacional, por el derecho de legítima defensa individual o colectiva que le asiste al Estado que sufre dichos ataques; pues hasta la intervención de Afganistán en 2001 para perseguir a la organización terrorista especialmente, se entendía que el uso de la fuerza armada en respuesta a un ataque armado sólo se podía ejercitar entre Estados.

 

Se ha dado por entendido entonces que los ataques terroristas del 11S, Francia (2015) y Bruselas (2016), pese a ser cometidos por una organización terrorista y calificados de atentados terroristas, se han visto como un ataque armado contra los afectados o víctimas de esos ataques, susceptible incluso de suscitar el uso de la fuerza armada como legítima defensa; al tiempo que se señalan como el acto desencadenante del conflicto armado debido a que, como hemos indicado, es a partir de estos ataques que se obtiene respuesta militar por parte de Estados Unidos[11], no así cuando Al Qaeda perpetró el renombrado intento de destrucción del World Trade Center en 1993 y 1996, y los destacados atentados terroristas a las embajadas estadounidenses el 7 de Agosto de 1998 en Nairobi (Kenia) y Dar es Salaam (Tanzania), así como el ataque al buque USS Cole en la costa de Yemen el 12 de Octubre de 2000.

 

El hecho de que los atentados terroristas del 11S no hayan sido realizados por fuerzas armadas regulares de ninguna forma es un obstáculo para considerar que estos atentados de dimensiones y efectos incalculables puedan ser equiparables a ataques reales como los ejecutados por las fuerzas armadas regulares de un Estado. Así lo entendió la CIJ en su jurisprudencia sobre el caso Nicaragua, al señalarse que un ataque armado puede ser cometido no sólo por las fuerzas armadas regulares que traspasan una frontera internacional, sino también por bandas o fuerzas irregulares o mercenarios enviados por un Estado para que realicen actos en su nombre[12]. De ahí que el hecho de que un Estado utilice un grupo armado cualquiera para cometer un atentado – llámese terrorista –  contra otro Estado, tampoco impide que se considere esa acción como un ataque armado, y que sea por tanto reprendido por el Estado víctima.

 

Sin embargo, se alude a que la escasa información obtenida en principio de la autoría de los atentados, y que dichos actos tengan similitud a los que realizan las organizaciones de naturaleza terrorista, así como el poco interés por parte de Estados Unidos y la renuencia del Consejo de Seguridad de equiparar tales atentados terroristas a un ataque armado en sus Resoluciones 1368 (2001) de 12 de Septiembre y 1373 (2001) de 28 de septiembre, dificultaban en mucho considerar esa circunstancia como la existencia real de hostilidades o un estado de guerra latente por lo menos antes de la intervención en Afganistán el 7 de Octubre de 2003[13].

 

En efecto, si un acto terrorista realizado por un actor no estatal como una organización terrorista internacional se considera un ataque armado, ello equivaldría también a afirmar que un Estado puede ser objeto de una agresión por un actor no estatal, ya que un ataque armado va vinculado a un acto de agresión. La Asamblea General de la ONU en su Resolución 3314 (XXIX) de 14 de diciembre de 1974[14], trató de definir la agresión contra un Estado como el uso de la fuerza por un Estado contra la soberanía, integridad territorial e independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de la ONU, dando a entender que un ataque armado sólo podía ser perpetrado por un Estado o sus órganos.

 

Sin embargo, los actos considerados como agresión según la Resolución señalada no son exhaustivos, pues el artículo 4 prevé la posibilidad de que Consejo de Seguridad disponga cuáles otros actos pueden ser catalogados como agresión. Es plausible entender que bandas armadas o grupos armados irregulares pueden perpetrar los mismos actos pero sin reunir elementos suficientes para responsabilizar también al Estado desde donde se perpetró el ataque, o simplemente que no haya sido autorizado por ningún otro Estado. Dicho de otra manera, si no hay participación sustancial de un Estado en un acto de agresión o ataque armado perpetrado por fuerzas armadas irregulares, bandas o mercenarios, entonces es posible que de acuerdo al enunciado en el artículo 4, el Consejo de Seguridad pueda indicar también que, a tales efectos, que dicho acto de agresión es de responsabilidad exclusiva de quienes lo perpetraron, es decir, de la banda armada o grupo armado de manera particular.

 

En esa misma línea, respecto a la represión de un ataque armado, la Carta de las Naciones Unidas prevé el uso de la legítima defensa cuando un Estado es objeto de ello, pero rehúsa ofrecer detalle respecto de quién debe provenir ese ataque, si de un Estado o de un grupo armado no estatal. Por lo tanto, al omitirlo, se puede entender que un ataque armado puede provenir inclusive de un grupo rebelde y ser reprendido por el Estado víctima de ese ataque, como ha acontecido otrora. Se pone el ejemplo del incidente estadounidense-británico por el ataque al Caroline de 1837, lo que podría significar que un Estado puede ejercitar su derecho de legítima defensa contra un ataque de un actor no estatal alojado en otro Estado.

 

El profesor Remiro Brotóns es de los juristas que admiten esta posibilidad de que un Estado ejercite el derecho de legítima defensa proveniente de un ataque armado de un actor no estatal, pero agrega que una acción terrorista puede ser considerada un ataque armado si la organización terrorista mantiene un control sobre el espacio que domina y sus recursos, manejando siempre cada caso en concreto. En opinión del especialista, Estados Unidos debía haber distinguido la persecución de Al Qaeda en Afganistán de los talibanes, y no un todo en conjunto; pone también el ejemplo de la intervención armada de Israel sobre el Líbano contra Hezbolla en 2006, que debió realizarse contra las zonas controladas por la organización en el sur del río Litani[15].

 

Pero la forma de atacar al enemigo en un conflicto armado mediante el uso del terrorismo, supone para algunos grupos armados formas estratégicas y tácticas que impliquen la derrota del adversario u ocasionarle el mayor daño posible. Así, los actos realizados por un movimiento de liberación nacional pueden inclusive ser calificados como actos terroristas bajo el paraguas de ataque armado, pero regulados por el derecho internacional humanitario como crímenes de lesa humanidad o de guerra. Piénsese por ejemplo en los ataques contra la población civil israelí realizados por los palestinos en su lucha por la liberación de sus tierras en los territorios ocupados por Israel; estos ataques, aparte de ser vistos como terrorismo clásico o guerra de guerrilla, son también ataques armados, sólo que al no ser contra objetivos militares, constituyen crímenes de guerra por realizarse con la intención de sembrar terror contra la población civil[16].

 

No obstante, cuando un movimiento de liberación nacional realiza actos hostiles contra fuerzas armadas u objetivos militares, inmediatamente se tiende a llamar esos actos como actos terroristas, es decir, se tiende a denigrar los ataques con el fin de declararlos ilícitos ya que el terrorismo es siempre una conducta punible. La tesis más aceptada y compartida actualmente es que si esos ataques realizados por el movimiento de liberación nacional o grupo armado son contra las fuerzas armadas u objetivos militares no hay porqué llamarlos actos terroristas para declararlos ilícitos esperanzado en evitar la inmunidad penal de quienes los cometen, en cambio, sí podrían ser actos terroristas si se realizan contra la población civil al caer estos dentro del terrorismo puro y simple, y no pueden constituir crímenes de guerra[17], sino de lesa humanidad.

 

Por otra parte, hay una tendencia creciente dirigida a tipificar doblemente los actos que cometen los grupos armados organizados sin importar si se ejecutan contra personas civiles o fuerzas enemigas, cuando se comenten de manera sistemática. Esta tesis sigue en discusión y en este lapso ha sido una de las premisas que los propios redactores del TPIR y el Tribunal Especial para Sierra Leona (TESL) consideraron adjudicarse los actos terroristas como parte de su competencia[18].

 

En consecuencia, el terrorismo se queda corto para desvincularlo de los actos de guerra a los que puede incurrir un determinado grupo de personas, con la finalidad de descalificar a quienes lo cometen y evitar que dichos actos influyan en la determinación de la existencia de un conflicto armado, es decir, no se pueden excluir estos actos hostiles de los hechos que pueden ocurrir en un conflicto armado, mucho menos si dicho conflicto persiste y se prevé duradero[19].

 

Conclusiones

 

Los actos terroristas de acuerdo a la práctica reciente pueden ser vistos como un ataque armado por parte de quien ha sufrido dichos ataques. Para ello existen dos mecanismos distintos de respuestas, por un lado, hacer uso de los instrumentos de derechos humanos para dar con los responsables y hacer que paguen por sus actos, y por otro lado, pueden los Estados afectados por estos ataques hacer un uso proporcionado de la fuerza armada contra objetivos militares de los autores, haciendo valer de este modo su derecho de legítima defensa individual o colectiva, siendo esta última vía validada por el Consejo de Seguridad de la ONU en las resoluciones antes señaladas.

 

[1] Hernández Velasco, Irene, “Atentado en París: 130 muertos y 352 heridos”, en Periódico El Mundo, versión electrónica, 14 de noviembre de 2015, ver en http://www.elmundo.es/internacional/2015/11 /14/56475867268e3edf198b45d6.html, fecha de consulta 15 de febrero de 2016.

[2] CICR, XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja…, loc. cit. supra nota en 204, pp. 20.

[3]Greenwood, Christopher, “International Law and the `War against Terrorism´”, loc. cit. supra en nota 215, pp. 305-306.

[4] CICR, XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja…, loc. cit. supra nota en 204, p. 21.

[5]Blankesley, Christopher L., “Ruminations on Terrorism & Anti-Terrorism, law & Literature”, en University Miami Law Review, vol. 57, n .4, 2003, pp. 1041-1046 (1047).

[6] Véase el Artículo 33 del Convenio IV de 1949, y Artículo 51.2 y .4 del Protocolo Adicional I. Ver Gasser, Hans-Peter, “Acts of Terror, “Terrorism” and International Humanitarian Law”, en International Review of the Red Cross, vol. 84, n. 847, pp. 547-570 (555-556).

[7]Joshua, Alexander Geltzer, “The Strategy of Al Qaeda”, en Program on Humanitarian Policy and Conflict Research at Harvard University on Transnational and Non-State Armed Groups Legal and Policy, Challenges, King´s College London, United Kingdom, 2007, pp. 1-25 (14).

[8] Por ejemplo, España nunca ha valorado los ataques terroristas de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) como actos de guerra. No obstante saber que este grupo tiene un alto grado de organización, se sabe que tiene líderes que lo dirigen, y la zona del País Vasco es el territorio por el que propugna por su independencia, además de ser el lugar donde principalmente planea sus acciones y actividades.

[9] Vid. National Strategy for Combating Terrorism, de febrero de 2003, por el ex presidente de Estados Unidos, George Bush, pp. 1-30 (1). Vid. http://www.state.gov/documents/organization/60172.pdf, fecha de consulta 25 de septiembre de 2013.

[10]Paust, Jordan J., “War and Enemy Status After 9/11:…”, loc. cit. supra en nota 202,  p. 327; Murphy, Sean D., “Terrorist Attacks on World Trade Center…”, loc. cit. supra en nota 209, p. 239.

[11] Taft, Willian H., The Law of Armed Conflict 9/11: Some Salient Features, en Yale Journal of International Law, vol. 28, n. 2, 2003, pp.  319- 324 (320).

[12] CIJ, Case Concerning Military and Paramilitary Activities… loc. cit. supra nota 47, pp. 103-104, par. 195.

[13]Vierucci, Luisa, “Prisoners of War or Protected Persons…”, loc. cit. supra en nota 230, p. 289.

[14] Bajo el término agresión, la Resolución 3314 (XXIX) del 14 de diciembre de 1974, la define con una serie de actos que pudieran realizar las fuerzas armadas de un Estado contra otro: como la invasión y ocupación militar, sea temporal o continuada, o toda anexión de un territorio o parte de él; el bombardeo o el empleo de cualquier arma; bloqueo de puertos o de costas; el ataque terrestres, aéreo, navales o cualquier otro medio contra de las fuerzas mercantes o aéreas; utilizar fuerzas armadas con el consentimiento de otro Estado, pero violando los acuerdos suscriptos; permitir que un Estado al que se le ha autorizado estar presente en un territorio, perpetre actos de agresión contra un tercer Estado; el envío de un Estado o que actúe en su nombre, de bandas  armadas, grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada equiparables a los actos señalados, o la participación sustancial en esos actos.

 

[15] Remiro Brotóns, Antonio y otros, Derecho Internacional…, loc. cit. supra en nota 219, p. 1072.

[16]Cassese, Antonio, “The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law”, en Journal of International Criminal Justice, vol. 4, n. 5, 2006, pp. 933-958 (954).

[17]Ibídem, pp. 955-956.

[18] Artículo 4. d) del Estatuto del TPIR, sobre actos de terrorismo circunscriptos bajo el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional II. Artículo 3. d) del Estatuto del TESL, establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU, por medio de la Resolución S/RES1315, de 14 de Agosto de 2000, y suscrito mediante un acuerdo entre el Secretario General de la ONU el gobierno de Freeetown el 16 de Enero de 2002.

[19] Byman, Daniel L.,  “Al-Qaeda as an Adversary: Do We Understand Our Enemy?”, en World Politics, vol. 56, n. 1, 2003, pp. 139-163 (158); Piris, Alberto, “Apuntes sobre la Guerra “Asimétrica”, en Paz y Conflicto en el Siglo XXI: Tendencias Globales, M. Mesa (coord.), Anuario 2007-2008, n. 2, Ceipaz Barcelona, Icaria, 2007, pp. 135-140.

  La Subjetividad “Sui Géneris” del Individuo en Derecho Internacional

Dr. Israel Cruz Marte

libertad individual subjetiva.JPGDr. Gustavo Manosalvas Albuja

 

La Subjetividad “Sui Géneris” del Individuo en Derecho Internacional

 

SUMARIO:     I. Introducción. II. Situación actual del Individuo ante el Derecho Internacional. III. Algunas Consideraciones acerca de su Subjetividad “Sui Géneris” en Derecho Internacional. IV. Adquisición de Derechos y Obligaciones: A) Subjetividad Activa y Tutela de sus Derechos ante la ONU y los Sistemas Europeo, Americano y Africano; B) Subjetividad Pasiva.  V. Conclusiones. VI. Bibliografía.

 

  1. Introducción

 

Los sujetos primarios y secundarios del Derecho internacional son los Estados y las Organizaciones internacionales, además de otros sujetos atípicos a quienes los Estados les han reconocido cierta subjetividad internacional. Sin embargo hay otra clase de sujeto que ha emprendido con fuerza en las relaciones internacionales, que no tienen capacidad jurídica internacional para deambular por muchos de los sectores dedicados exclusivamente a los Estados, pero que algunos autores son capaces de afirmar que en menor medida cuentan con derechos y obligaciones internacionales capaces de otorgarles subjetividad internacional, si bien no a nivel con la que cuentan los Estados, sí de manera preponderante pero limitada.

 

En las siguientes líneas trataremos de analizar algunas cuestiones filosóficas-jurídicas y prácticas que nos darían luz acerca de la posición actual del individuo en las relaciones internacionales de los Estados que el Derecho internacional se encarga de regular. Para ello contaremos con las opiniones de algunos distinguidos juristas expertos en la materia, decisiones judiciales internacionales y así como la tutela de los derechos de los individuos ante instancias internacionales.

 

 

  1. Situación actual del Individuo ante el Derecho Internacional

 

Los horrores ocurridos durante la Segunda Guerra mundial, en los que las personas civiles y la población civil fueron quienes más sufrieron sus estragos, abrieron un espacio de reflexión dirigido a colocar al individuo como centro de atención en el Derecho internacional. De esta manera se impuso a partir de 1945 con la recién creada Organización de las Naciones Unidas (ONU), la aprobación por parte de los Estados miembros de una serie de instrumentos internacionales en la que, por un lado, reconocían expresamente derechos, libertades y garantías fundamentales al individuo[1], mientras que por otro lado, imponía deberes y obligaciones cuando especialmente llegara a participar en las hostilidades[2]. En los ámbitos regionales la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) de igual modo aprobarían sendos instrumentos en los cuales el individuo ocuparía un lugar muy importante de cara a salvaguardar sus derechos esenciales y evitar abusos contra su dignidad e integridad personal[3].

 

Son, pues, los Estados y las Organizaciones Internacionales quienes que han contribuido y continúan contribuyendo en posicionar al individuo como parte fundamental del Derecho internacional en sus relaciones. Ese creciente interés junto al advenimiento de un nuevo orden mundial con la caída de la Guerra Fría, que dio paso a  la persecución internacional del crimen con la creación por parte de la ONU de los Tribunales Penales Internacionales Ad Hoc para la antigua Yugoslavia (TPIY) y para Ruanda (TPIR) en 1993 y 1994 respectivamente, así como con la puesta en marcha de una Corte Penal Internacional (CPI) permanente en 2002, son los sucesos que han catapultado al individuo como elemento sine qua non de las relaciones internacionales de los Estados, pasando de una sociedad internacional basada en la estatalización absoluta, es decir, el Estado como único protagonista, a una sociedad internacional cada vez más humanizada[4], y por tanto, un derecho internacional humanizado.

Por consiguiente, el proceso de humanización del derecho internacional es el reflejo de la adopción cuasi universal de los tratados de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Éste último, además de su carácter erga omnes de casi la totalidad de sus normas dentro del respeto a las leyes de la guerra, ha puesto de manifiesto la capacidad de obrar del individuo cuando una de estas normas lo hace directamente responsable de su cumplimiento como una obligación de derecho internacional general. Ello, junto a la concepción de derechos universales en el campo del derecho internacional de los derechos humanos antes señalado y el poder de exigir su cumplimiento al Estado infractor en el derecho interno y hasta en una instancia internacional, han reconocido al individuo como un sujeto de derecho internacional aunque de alcance limitado, como iremos señalando paulatinamente porque depende de los Estados, otorgarles derechos y revocárselos[5].

 

III. Algunas Consideraciones acerca de su Subjetividad “Sui Géneris” en Derecho Internacional

 

En sentido técnico-jurídico, sujeto de derecho internacional es quien tiene capacidad para demandar el cumplimiento de una norma, o ser demandado por la realización de una conducta incompatible con ella. De igual modo, es sujeto quien es titular de un derecho adjudicado por una norma internacional. Sin embargo, no todo ente al cual una norma lo hace titular de un derecho o una obligación es un sujeto de derecho internacional, sino que tal como apunta Pastor Ridruejo rescatando la tesis del jurista danés Max Soerensen, hace falta una legitimación activa para reclamar su cumplimiento y una legitimación pasiva para responsabilizarse por la inobservancia de la misma[6].

 

Así pues, la idea destinada a considerar al individuo como un sujeto de derecho internacional siempre ha sido tema de estudio desde que los propios Estados han aceptado transponer al derecho interno ciertas normas del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. De esta manera, la incursión del derecho internacional al derecho interno a partir de la Segunda Posguerra ha permitido al individuo deambular por muchos de los escenarios reservados únicamente a los sujetos clásicos del derecho internacional, es decir, los Estados[7], especialmente cuando se ha visto en la necesidad de defender sus derechos ante instancias internacionales.

 

En efecto, se trataba de una situación no prevista en Derecho internacional clásico, pero que ahora estaba adaptándose a un nuevo escenario de las relaciones internacionales. En ese sentido, cuando Jeremy Bentham instituyó en 1781 el término derecho internacional, entendió que el individuo no podía ser sujeto de esa nueva rama del derecho positivo porque lo concebía como un derecho interestatal que regía las relaciones entre de los Estados soberanos. Según el jurista, el individuo se encontraba bajo la sujeción de otro derecho, el interno, donde el Estado tenía pleno dominio sobre el individuo y facultad para imponer un castigo directamente a los culpables de violar sus leyes mediante los tribunales creados para esos fines[8]. Desde entonces cualquier opinión interesada en reconocer al individuo como sujeto de derecho internacional había sido vista con recelo.

 

La situación fue cambiando con el surgimiento de la escuela positivista fundada por el francés Augusto Comte en el siglo XIX, que trató de explicar el conocimiento de todas las cosas por medio de la ciencia. De ella se derivó la escuela positivista subjetiva del derecho, donde comienza a posicionarse el individuo como un sujeto de derecho internacional al tratar de explicar su rol en las relaciones internacionales de los Estados, llegando inclusive a ponerlo por encima éste, por la manera en que es obligado a cumplir normas internacionales por coacción de las jurisdicciones internas[9].

 

  1. Adquisición de Derechos y Obligaciones

 

Concebir al individuo como un sujeto de derecho internacional significa al mismo tiempo concederle derechos y obligaciones. Podría ser una cuestión muy arriesgada y quizás aún resulte inadecuado hablar del individuo un como sujeto de derecho internacional. Sin embargo, nos parece imperativo señalar algunos aspectos que le han dado una posición de privilegio dentro del campo de las relaciones internacionales, pero también de reclamo por violaciones de normas internacionales que atañen a la supervivencia del mismo Estado y su conglomerado humano, aspectos ambos que lo ubican como un sujeto sui géneris de derecho internacional en el que convergen su subjetividad activa y pasiva.

 

  1. A) Subjetividad Activa y Tutela de sus Derechos ante la ONU y los Sistemas Europeo, Americano y Africano

 

La capacidad de obrar del individuo en Derecho internacional viene dada cuando éste adquiere capacidad para reclamar un derecho. Sin embargo, en Derecho internacional la exclusividad para reclamar un derecho compete única y exclusivamente al Estado, las organizaciones internacionales y, de acuerdo a la costumbre internacional, otros sujetos atípicos como la Santa Sede, los grupos armados a los cuales se les ha dado el estatus de beligerante y los movimientos de liberación nacional sometidos a dominación colonial, regímenes racistas y ocupación extranjera, en el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos.

 

En ese sentido, el individuo por sí solo carece de capacidad jurídico-internacional para demandar o reclamar un derecho en el estado actual del Derecho internacional, pero puede si lo hace el Estado del cual es nacional. A pesar de que el ejercicio de la protección diplomática es un derecho único del Estado del que es nacional un individuo, cuando éste hace valer su derecho de reclamo ante una instancia internacional contra el Estado infractor, el individuo, por su vinculación con el derecho violado del cual era beneficiario, se coloca en una posición relevante en el plano internacional, reconociéndosele en cierta medida subjetividad internacional, sobrevenida de la propia actuación de su país y el interés del individuo que busca defender su derecho. Pues a pesar de que el Estado es el titular del derecho, quien sufre las consecuencias directas de la violación es el individuo, de ahí la relevancia.

 

El ejemplo práctico que catapultó el derecho de este ejercicio le corresponde al asunto llevado a cabo ante la CIJ, el caso de Barcelona Traction, la cual evidenció que el derecho a la protección diplomática aparte de ser un derecho de los Estados hacia sus nacionales, también lo es hacia las personas jurídicas nacionales. Dicho asunto trataba de una empresa de accionistas belgas con domicilio social en Canadá y sucursal en España; en la que Bélgica figuraba como demandante y España como demandada: Bélgica Vs. España.

 

El caso en cuestión ha sido tan distinguido, pues supuso el reconocimiento parcial de la subjetividad internacional del individuo como sujeto activo en el ámbito de la protección diplomática. Sin embargo, el ejercicio del derecho de la protección diplomática se hace efectivo cuando se cuenta con legitimación. Al respecto, la demanda carecía de legitimación porque el gobierno de Bruselas la interpuso contra España, la autora de la desaparición de la citada empresa, debió hacerlo contra Canadá en tanto constituía el Estado nacional de la compañía quebrada de acuerdo a su domicilio social. Por esa razón la CIJ destacó que los instrumentos de derechos humanos donde se consagra esa protección nunca reconocen legitimación a los Estados para proteger a las víctimas de la violación de esos derechos independientemente de su nacionalidad.

 

Un cambio en sentido contrario lo constituye el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales al facultar a los Estados miembros demandar el cumplimiento del Convenio a otro Estado independientemente de la nacionalidad de la víctima; argumenta además la diferencia entre las obligaciones respecto a la comunidad internacional en su conjunto y las obligaciones respecto de otro Estado en el ámbito de la protección diplomática; las primeras son erga omnes y, las segundas, es su propio derecho que el Estado hace valer[10].

 

En suma, la figura de la protección diplomática según Majia de la Muela viene a ser el derecho que el derecho internacional reconoce a los Estados a que puedan exigir de los demás Estados el respeto del derecho internacional en la persona de sus nacionales y la responsabilidad derivada de su incumplimiento de unas obligaciones correlativas[11]. Pero cada vez más este derecho ha sido visto como propio del proceso de humanización del derecho internacional y la protección de los derechos humanos el cual reconoce cierta subjetividad internacional al individuo.

 

En el ámbito regional o europeo, conocido comúnmente como derecho comunitario, el individuo cada vez más ha ido adquiriendo un status privilegiado donde al igual que el Estado, le está facultado denunciar y demandar la violación de sus derechos esenciales. El Consejo de Europa congregado en la actualidad por cuarenta y seis miembros, tiene a su vez la defensa, promoción y protección de los derechos humanos. Con arreglo a ello, impulsó la negociación y aprobación del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, en Roma, 4 de Noviembre de 1950.

 

Dicho Convenio crea el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) que como órgano jurisdiccional, tiene competencia para dirimir los procesos judiciales de las demandas presentadas tanto por los Estados miembros del Consejo como por sus ciudadanos y extranjeros residentes cuando sientan que sus derechos le han sido violados de acuerdo a la Convención y sus Protocolos Adicionales[12]. Para el caso de las demandas de personas físicas, ONG y organizaciones de particulares, les reconoce ius standis a estos entes sociales, potenciando su subjetividad activa internacional.

 

Por otro lado, pero de manera menos permisiva, el individuo podrá ejercitar una demanda ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, órgano jurisdiccional creado por la Convención Americana de los Derechos Humanos de 22 de Noviembre de 1969, San José, Costa Rica, pero todo ello por medio de una denuncia o queja previa ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, quien se encargará de recibirla y evaluar su contenido, el cual debe versar sobre violaciones de los derechos humanos en la región. Una vez incoada la denuncia o queja, ésta determinará si cumple con los requisitos para apoderar directamente a la Corte para su dictamen posterior[13].

 

En esa misma línea, en el ámbito africano, la Organización para la Unidad Africana (OUA), fundada en el 25 de mayo de 1963, hoy sustituida por Unión Africana (UA), el 9 de julio de 2002, aprobó la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos el 27 de julio de 1981, y con arreglo a ella adoptó el 10 de junio de 1998 el Protocolo de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Protocolo llevaba consigo el establecimiento de una Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (en Arusha, Tanzania), hoy Corte Africana de Justicia, que comenzó a sesionar el 2 de julio de 2006. En ella, del mismo modo que en la Corte Interamericana de Justicia, el individuo no puede accionar directamente, debe utilizar como intermediaria la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, quien se encargará primero de estudiar la posible demanda para su sometimiento en caso de considerarlo pertinente.

 

Como se puede percibir, la participación del individuo como sujeto activo internacional se encuentra en ascenso en el ámbito regional, pero su subjetividad activa internacional alcanzará su mayor magnificencia cuando pueda acudir ante la CIJ y la CPI, situación esta última que resultaría muy difícil de alcanzar porque sus estatutos lo descartan, y la Carta de la ONU no lo contempla.

 

  1. B) Subjetividad Pasiva

 

Ahora bien, como sujeto pasivo, entiéndase por ello la condición de ser destinatario de deberes y obligaciones más que el creador de ellas, el individuo está obligado al cumplimiento de ciertas normas internacionales en el campo de la protección de los derechos humanos esenciales para la supervivencia del Estado y de toda la comunidad internacional. Nos referimos exclusivamente a las normas internacionales que prohíben la comisión de violaciones de obligaciones emanadas de normas imperativas de derecho internacional general, que constituyen crímenes internacionales, y por los cuales el individuo puede ser perseguido tanto por los tribunales penales estatales como por una jurisdicción internacional penal creada para esos fines.

 

Como sujeto pasivo, la responsabilidad internacional penal del individuo ha sido puesta en ejecución desde los cimientos del derecho internacional humanitario con menor firmeza que en los tiempos actuales[14]. La misma es consustancial a la tipificación de los delitos, pero en principio el derecho internacional humanitario se reducía a meros acuerdos basados en la hospitalidad y la moral divina, y no contenían elementos sancionadores[15], sin lo cual la responsabilidad internacional penal del individuo no podría establecerse. Por ello, frente a esta necesidad de reglamentar la guerra[16], este sería el primer objetivo: considerar neutrales a los soldados heridos de cada batallón, así como la responsabilidad mutua de cuidarlos y protegerlos cuando cayeran  abatidos o enfermos producto de la guerra.

 

Durante la guerra civil norteamericana en 1863, se presentó el primer intento de codificación de los usos y costumbres de la guerra llamado Código Liebre[17], el cual sirvió de antecedente inmediato para que los Estados materializaran el Primer Convenio de Ginebra sobre los usos y costumbres de la guerra en 1864. Le sucedió la Declaración de San Petersburgo de 1868, sobre prohibición de costumbres dañinas que ocasionarían graves males o sufrimientos a las personas civiles y a los beligerantes colocados en zonas aisladas de los combates, como el uso y empleo de determinados proyectiles.

 

No obstante, estas normas no contenían ningún medio de represión como hemos apuntado[18]. Esta fue la principal preocupación de Gustave Moynier que en 1872 propuso la creación de un tribunal internacional competente para sancionar a los individuos acusados de violación de esas normas; sin embargo, las consecuencias de la Guerra Franco-Prusiana (1871-1872) provocaron que el proyecto de Moynier tuviera poco impacto internacional, pues se consideraba la condena o represión pública internacional como sanción suficiente para quienes quebrantaban el mínimo de exigible en las guerras. Se entendía como suficiente la sanción meramente moral, para reparar y curar el agravio social desencadenado, razón por la cual se estimaba innecesario pensar en un tribunal penal internacional[19].

 

Al Derecho Internacional Humanitario siguió complementándose con la Declaración de Bruselas de 1874, acerca del tratamiento a los prisioneros de guerra, el régimen de captura e internación; Convenios de La Haya de 1899, sobre los usos y costumbre de la guerra terrestre y, su aplicación de la guerra marítima; se revisaron en 1906 y 1907, sin que tuvieran medios de represión o sanción por los Estados a los individuos[20]. Pero sí lo contemplaba la Convención de Ginebra de 1906 para mejorar la suerte de los heridos y enfermos en campaña, la cual en su artículo 28 atribuía al Estado la responsabilidad de ejercer la represión y sanción a quienes cometieran tratos inhumanos contra estos en los combates, incluyendo las personas civiles.

 

Fue al finalizar la Primera Guerra Mundial en noviembre 1918, cuando las Potencias imperialistas vencedoras acordaron impulsar dicho proyecto bajo su propia concepción de justicia. De esta manera, los gobiernos de Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia y Japón deciden investigar las responsabilidades criminales durante las hostilidades[21], que recayó sobre Alemania por ser considerada la iniciadora del conflicto, y por tanto, responsable de todas las consecuencias sobrevenidas. A esta postura llegó la Comisión sobre las Responsabilidades de los Autores de la Guerra y para la Imposición de Sanciones, creada por el Tratado de Versalles[22]. Así, el Tratado en su artículo 227, se puso de manifiesto la creación de un tribunal internacional para juzgar, en particular, al ex Emperador Alemán Guillermo II (el Kaiser)[23], por haber cometido “ofensa suprema contra la moral internacional y la santidad de los tratados[24].

 

Estos artículos del Tratado, sin embargo, no fueron suficientes para que Holanda aceptara entregar al Kaiser a la justicia de los vencedores. Su defensa fue la aplicación del principio “nullum crimen, nulla poena sine preavia lege” (no hay crimen ni pena sin ley previa)[25]. Precisamente, la creación del tribunal atentaba contra este principio internacionalmente reconocido, porque no existía un código de crímenes tipificados internacionalmente que entrañara la responsabilidad internacional penal del individuo en un conflicto armado internacional. Al tiempo que según el principio clásico de derecho internacional sobre la extradición, ningún Estado está obligado a extraditar, salvo si ha concertado un tratado mutuo con quien reclama la extradición. En cualquier caso, Holanda hubiera podido juzgar al Kaiser pero las normas humanitarias no preveían esa posibilidad, por lo menos de manera responsable.

 

La responsabilidad internacional penal del individuo por la comisión de crímenes internacionales derivada de la Primera Guerra Mundial, volvió a escenificarse después de concluida la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Los Estados vencedores de la guerra, Gran Bretaña, Unión Soviética, Estados Unidos y Francia reunidos en la capital inglesa el 8 de agosto de 1945 concertaron un Tratado por el que se comprometían a iniciar un proceso judicial contra los criminales de guerra, pero únicamente, de aquellos que pertenecían a las derrotadas potencias del eje.

 

De esta manera, las potencias vencedoras de la guerra crearon los tribunales penales internacionales ad hoc de Nüremberg y Tokio (1945 y 1946 respectivamente), para juzgar a los altos miembros militares del nazismo alemán y de Japón. Las normas que recogían los Estatutos de estos tribunales sirvieron de sustento para comenzar un Proyecto de Códigos de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad. De ahí que, el derecho internacional penal actual debe su existencia a los principios trazados en esos Estatutos sobre la responsabilidad internacional penal del individuo que tipificó los crímenes que se conocen hoy, especialmente: crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión.

 

Sin embargo, de manera funcional, el reconocimiento de la responsabilidad internacional penal del individuo naciente durante este período, encontró el escollo de que la creación de estos tribunales ex post facto, violaban también el principio nullum crimen, nulla poena sine lege, pues no había un catálogo de crímenes tipificados antes del inicio de la guerra. Del mismo modo, se violó el principio de la irretroactividad de la ley penal[26], pues aunque existían normas sobre regulación del bello de carácter consuetudinario, hacía falta formular en el plano internacional los elementos constitutivos de los crímenes de crímenes guerra, lesa humanidad y agresión especialmente. Pues fue entonces después de la Segundad Posguerra, que los Estatutos de los Tribunales de Nüremberg y Tokio establecieron los delitos conjuntamente con sus elementos constitutivos, considerándose como la primera vez en la historia de la humanidad donde se definen de forma expresa, como lo señala Miaja de la Muela[27].

 

Por consiguiente, a nuestra opinión, fue con la creación de los tribunales de Nüremberg y Tokio que se reconoció de forma efectiva que el individuo puede ser responsable internacionalmente por la comisión de crímenes internacionales. Es decir, podía ser acusado de cometer crímenes de guerra, crímenes contra la paz (crimen de agresión) y crímenes de lesa humanidad, cuyo antecedente se remonta al contenido de los artículos 227 y 228 del Tratado de Versalles.

 

Por otro lado, el Tribunal de Nüremberg reconoce al Estado como un sujeto abstracto, por lo que no puede ser responsable penalmente, sólo los individuos pueden serlo en la medida que son ellos quienes cometen los crímenes directamente[28]. En ese mismo sentido, se proyectó atribuirles responsabilidad internacional penal a las asociaciones u organizaciones criminales, pero sólo para facilitar el encauzamiento de las personas que participasen en ellas (artículo 9 del Estatuto del Tribunal de Nüremberg).

 

Así al crearse estos tribunales, se asimiló la idea de que como sujeto responsable internacionalmente por los crímenes cometidos durante un conflicto armado, el individuo podía ser encausado por un tribunal interno o internacional creado para ello. Entonces, en el transcurso de las siguientes décadas a la Segunda Posguerra, la responsabilidad internacional penal del individuo entró en un impasse a consecuencia de la Guerra Fría, volviendo a ser tratada tras su término con el establecimiento de los TPIY y TPIR a fines del siglo XX. De manera que con el establecimiento de la CPI viene a consumar ese principio mediante un tratado universal aceptado por más de la mitad de los Estados del mundo, con excepción de las principales potencias del mundo.

 

La existencia de estos tribunales, y sobre todo de la CPI con jurisdicción permanente, viene a confirmar también la subjetividad pasiva del individuo en derecho internacional, el cual puede ser juzgado por los crímenes internacionales cometidos durante un conflicto armado interno e internacional. De esta manera, se ha llenado el vacío dejado por el derecho internacional penal una vez se tipificaron los delitos de piratería y el ataque a los mercantes en alta mar como un crimen de derecho internacional en la época clásica[29]. Además, el individuo como un ser en estado cuerdo y con facultad para actuar por sí mismo, a diferencia del Estado que es un ente abstracto, posibilita que el derecho regule su comportamiento de manera objetiva y específica como apunta Hans Kelsen[30].

Existen dos teorías que refuerzan la capacidad del individuo para ser sujeto de derecho internacional y por tanto su subjetividad internacional. Por un lado, la llamada teoría pura del derecho desarrollada por Hans Kelsen y la teoría de la responsabilidad impulsada principalmente por Eustathiades y Wengler, por otro lado.

 

En la teoría pura del derecho, en la que Kelsen aparta el derecho de conceptos clásicos antiguamente asociados a su nomenclatura lexical por su origen, refuerza la hoy también teoría de que el individuo es un sujeto de derecho internacional y por lo tanto debe cumplir con sus obligaciones derivadas[31]. Ello así porque para el autor el individuo no es sólo en sí mismo una persona física, sino también un conjunto de normas de donde emanan derechos y obligaciones, ocupando el derecho internacional un rol importante regulando su conducta: de manera directa cuando hace referencia a la persona en particular y a ciertos delitos, y de manera indirecta cuando el Estado se encuentra compelido a constreñir al individuo al cumplimiento de una obligación, cuando así lo impone una norma internacional[32].

 

En la teoría de la responsabilidad, Eustathiades, si bien secunda a Kelsen en lo referente a la teoría pura del derecho y al individuo como sujeto de derecho internacional, éste es más específico en su pronunciamiento en la medida que habla sobre titularidad de derechos tanto para ser perseguido por un delito como para reclamar su cumplimiento. Es decir, para concluir que esta teoría tenga suficiente rango normativo, el individuo debe ser titular de un derecho prescripto en una norma internacional según hemos venido enunciando, y la correspondiente reclamación internacional de la Parte afectada. Dicho de otra manera, le corresponde al individuo estar compelido al cumplimiento de un deber jurídico internacional, así como tener la capacidad para incumplirlo, siendo responsable por ello[33].

La concesión de derechos y la imposición de obligaciones al individuo por el derecho internacional se observa cuando así lo enuncian la mayoría de los tratados de derechos humanos y los principios generales del derecho[34], así como lo referente a la prohibición de ciertas conductas que atacan el honor de las personas, lesionado gravemente derechos esenciales de toda la comunidad internacional. Por lo tanto, el individuo como tal es un ente de derechos y obligaciones por naturaleza, pero hace falta un derecho positivo para sustentarlo, y al mismo tiempo, sancionar su comportamiento cuando contraviene obligaciones internacionales. El derecho positivo evita caer en falacias, ambigüedades jurídicas y la intromisión de otras ciencias en la propia ciencia del derecho cuando intenta desnaturalizarlo, como la metafísica, la religión, la sociología, etc., y la controversia existente entre el dualismo optimista que une al derecho natural y al derecho positivo desde tiempo inmemorables, siendo Kelsen uno de sus críticos principales[35].

 

En la misma línea secuencial y de forma más sucinta, Wilhelm Wengler sugiere la existencia de un acto antijurídico con la consecuente responsabilidad sobrevenida por el hecho causado, el cual podría recaer inclusive en quien no sea el autor intelectual del acto antijurídico, asemejando su criterio a la legislación del derecho doméstico cuando en un hecho específico se pueden ver autores y coautores[36]. La especificidad del destacado jurista llega a indicar que en derecho internacional no solo el Estado es responsable por un hecho antijurídico sino también sus órganos, y el individuo en última instancia, de manera que la responsabilidad por el hecho causado le confiere a los encausados la facultad de ser sujeto de derecho internacional indistintamente por el solo hecho de ser objeto de una sanción.

 

Como punto de reflexión entre las diferentes concesiones doctrinales, de una parte, Kelsen observa que es sujeto de derecho internacional solo por el hecho de ser destinatario directo de derechos y obligaciones internacionales, siendo el individuo responsable en caso de violar una norma internacional cuando ésta le es oponible. Por otra parte, para Wilhelm Wengler, también es sujeto de derecho internacional el responsable de la violación de una norma, es decir, todo ente que se encuentra de alguna manera vinculado a la sanción recibida[37], y pueden serlo como hemos enunciado, el Estado y el individuo en última instancia.

 

En cuanto al primer punto, la evolución del derecho internacional penal a partir del último siglo, constatado a través de los tratados internacionales de derecho internacional humanitario y los derechos humanos, así como la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales de Nüremberg y Tokio, de la antigua Yugoslavia y Ruanda, han contribuido a asentar la tesis de que el individuo es un sujeto de derecho internacional, aunque con las limitaciones que los caracteriza, condicionando su accionar en el campo del derecho internacional penal únicamente, imponiéndole deberes cuando le está impedido cometer violaciones de obligaciones emanadas de normas imperativas de derecho internacional general; o por su participación en la defensa de los derechos humanos universales esenciales por sí mismo o por el Estado del cual es nacional[38].

 

En cuanto al segundo punto, la imposición de una sanción a un individuo acusado de cometer una violación de una obligación emanada de una norma imperativa de derecho internacional general, también lo hace merecedor de subjetividad internacional, porque la conducta es regulada por una norma internacional y sancionada generalmente por tribunales internacionales, sin menoscabo de los casos en los cuales los tribunales domésticos hacer valer esa norma también en su derecho interno.

 

Por lo tanto, entendemos que el derecho como regulador de la conducta humana e influir significativamente en ella, no condiciona subjetividad internacional solamente al destinatario de una sanción recibida como consecuencia de la perpetración de un delito, sino a quienes la norma jurídica imponga derechos y obligaciones, en este caso, para ser considerado sujeto de derecho internacional.

 

Es cierto que el establecimiento de una sanción es un simple hecho coercitivo como señala el destacado jurista Julio Barberis, impuesta al margen de su voluntad por una autoridad competente[39], separando la regulación de la conducta de la sanción empleada. Pero es evidente que la imposición de una sanción deriva de la imposición de una obligación previa, precedida a su vez de derechos, estamos hablando entonces de una conexión jurídica entre la regulación de la conducta y la aplicación de la sanción sobrevenida de la violación de una obligación internacional. Por lo tanto, a nuestro juicio, la teoría de Wilhelm Wengler contrasta con la realidad, porque la imposición de de la sanción subyace de la violación de la norma, es decir, de una regulación de la conducta previa.

 

Por otro lado, está el conflicto de quiénes son destinatarios directos de una norma y los destinatarios directos de la responsabilidad recaída por la norma violada. Por ejemplo, el derecho internacional humanitario prevé un conjunto de normas conducentes a la protección de las personas civiles y la población civil en general de ciertos ataques indiscriminados durante el bello: el tratado debido a los prisioneros de guerra, la prohibición de la tortura, etc. Dichas normas destacan claramente que son responsables los individuos cuando las violan, y por otro lado, los Estados son responsables de velar por su cumplimiento. En este caso, tanto el individuo como el Estado son directamente responsables de cumplir con la aplicación de la norma. Así, los aliados en la Segunda Guerra mundial impusieron sanciones a las potencias del Eje por incumplir con las obligaciones emanadas de los tratados de derecho internacional humanitario y el derecho internacional general frente a sus adversarios en la guerra, y por otro lado, los tribunales internacionales creados para juzgar a los responsables de las potencias del Eje, condenaron a los responsables de cometer crímenes internacionales sobre todo frente a la población judía en Alemania.

 

En consecuencia, en el caso específico del derecho internacional humanitario, una violación al derecho de la guerra constituye un hecho ilícito internacional recayendo la responsabilidad sobre el autor del delito: en primer lugar el individuo, porque es quien actúa en nombre del Estado, o por cuenta propia, y ha infringido directamente la norma; en segundo lugar, Estado, pues en él recae el compromiso de velar por el cumplimiento de las normas prescritas en los tratados sobre derecho internacional humanitario. La responsabiliad del Estado es a modo subsidiaria, se desprende así de la jurisprudencia del Tribunal de Nüremberg, cuando señala al Estado como un sujeto abstracto, por lo que no puede ser responsable penalmente, sólo los individuos pueden serlo en la medida que son ellos quienes cometen los crímenes directamente[40] .

 

Actualmente es un hecho que el individuo es un sujeto pasivo de derecho internacional, y la misma evolución del derecho internacional penal es el que está conduciendo inclusive a confirmar aún más esa teoría, impulsando la descentralización de la responsabilidad internacional penal del individuo, que va compenetrando la aplicación norma internacional al derecho interno de los Estados, creando instituciones jurídicas que avalan su posición dentro del conjunto de los sujetos de derecho internacional. Es precisamente ésta aptitud del individuo de infringir normas internacionales de un derecho positivo regulador el que lo posiciona como sujeto de derecho internacional, siempre de alcance limitado según los presupuestos señalados, que podría ir en aumento en la medida que el derecho internacional continúa pasando por un periodo de transición hacia el respeto a la persona humana como su principal accionar[41].

 

  1. Conclusiones

 

Como se ha podido destacar, un cambio trascendental ha ido ocurriendo en el Derecho internacional, los Estados en sus relaciones recíprocas están otorgando derechos y obligaciones a los individuos que están rebasando por mucho aquellos escenarios dedicados única y exclusivamente a los propios Estados. Nos referimos a la posibilidad de que un individuo pueda ejercitar sus derechos directamente ante una instancia internacional.

 

La causa de todo ello obedece a un cambio de paradigma en las relaciones internaciones de los Estados, promovido por el proceso de humanización del Derecho internacional, cual es, por un lado, consecuencia de los abusos y atropellos a los derechos humanos inherentes al individuo, y por otro lado, el resultado de los distintos sistemas de integración en la que los individuos ocupan un nivel protagónico (caso europeo) y relativamente activo (caso americano y africano) de conquistas sociales y participación por medio de la sociedad civil internacional en la toma de decisiones de los Estados en la esfera internacional.

 

En cualquier caso, el ascenso del individuo a tener una participación activa en las jurisdicciones internacionales, en las que pueda hacer valer sus derechos, se concibe también como una debilidad de los propios Estados de proteger los derechos de los individuos en el plano interno.

 

  1. Bibliografía

 

Barberis, Juli A., Los Sujetos del Derecho Internacional Actual, Tecnos, Madrid, 1984.

 

Bassiouni, M. Cherif, Derecho Penal Internacional, Tecnos, Madrid, 1984.

 

Bentham, Jeremy, an Introduction to the Principles of Moral and Legislation, Batoche Books, Kitchener, 2000.

 

Bugnion, François, “Guerra Justa, Guerra de Agresión y Derecho Internacional Humanitario”, en: RICR, n. 487, 30/09/2002.

 

Carrillo Córdoba, Ana m. y Pérez Gil, Luis V., “Consideraciones Acerca del Instrumento Jurídico de Establecimiento de Tribunales Penales Internacionales”, en: Anales de la Facultad de Derecho, Universidad de la Laguna, n. 13, 1996.

 

Clapham, Andrew, “The Role of the Individual in International Law”, en: EJIL, vol. 21, n. 1, 2010, pp. 25-30.

 

Eustathiades, Constantin, “Les Sujets du Droit International et la Responsabilité Internationale – Nouvelles Tendances”, Recueil des Cours Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, Martinus Nijhoff Publishers, vol. 84, 1953.

 

Fernández Sola, Natividad, “La Política exterior y la Proyección Externa de la Unión Europea. Impacto de los Trabajos de la Convención Europea”, en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), n. 119, 2003, pp. 381-416.

 

Fernández Sola, Natividad, “La Subjetividad Internacional de la Unión Europea”, en: Revista de Derecho Comunitario y Europeo, vol. 11, 2002, pp. 85-112.

 

Greppi, Edoardo, “Evolución de la Responsabilidad Penal Individual Bajo el Derecho Internacional”, en: RICR, n. 835, 30/09/1999.

 

Kelsen, Hans, Teoría general del derecho y del Estado, UNAM, 1995.

 

Kelsen, Hans, General Theory of Law and State, Cambridge, 1946.

 

Keith Hall, Christopher, “Primera Propuesta de Creación de un Tribunal Penal Internacional Permanente”, en: RICR, n. 145, marzo de 1998.

 

Korowicz, Marek St., “The Problem of the International Personality of Individuals”, en AJIL, vol. 50, n. 3, 1956, pp. 533-562.

 

Kronenberger, Vincent, The European Union and the International Legal Order: Discord or Harmony?, Vincent Kronenberger (edt.), The Hague: T.M.C. Asser Press. 2001.

 

Hoffmeister, Frank, “Outsider or Frontrunner? Recent Developments Under International and European Law on the Status of the European Union in International Organizations and Treaty Bodies”, en Common Market Law Review, vol. 44, 2007, pp. 41-68

 

Pastor Ridruejo, José Antonio, Curso de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, decimotercera edición, Tecnos, Madrid, 2009.

 

Petit de Gabriel, Eulalia W., Las Exigencias de Humanidad en el Derecho Internacional Tradicional, 1789 – 1939: el marco normativo y doctrinal de la intervención de humanidad y de la asistencia humanitaria, Tecnos, 2003.

 

Manner, George, “Theory of the Individual in International Law”, en AJIL, vol. 46, n. 3, 1952, pp. 428-449.

 

Miaja de la Muela, Adolfo, Aportación de la Sentencia del Tribunal de la Haya en el caso Barcelona Traction (5 de febrero de 1970) a la Jurisprudencia Internacional, Universidad de Valladolid.

 

M.W., Janist, “Individuals as Subjects of International Law”, en Cornell International Law Journal, vol. 17, n. 1, 1984.

 

Rueda Fernández, Casilda, Delitos de Derecho Internacional. Tipificación y Represión Internacional, Bosch, Madrid, 2001.

 

  1. J., Luis Vela, El Derecho Natural en Giorgio Del Vecchio, Libreria Editrice Dell/Universita´Gregoriana, Piazza della Pilotta, 4 – Roma, 1965.

 

Sendín Mateos, José Antonio, “La Doctrina del Derecho Natural como Doctrina Dualista: la visión de Hans Kelsen”, en El Positivismo Jurídico a Examen, Estudio en Homenaje a José Delgado Pinto, Ramos Pascua, J. A. y Rodilla González, M. Á., (eds), Ediciones Universidad de Salamanca, 2006.

 

Sellars, Kirsten, ´Crimes Against Peace´ and International Law, Cambridge University Press, New York, 2013.

 

Swinarski, Christophe, “Principales Nociones e Instituciones de Derecho Internacional Humanitario como Sistema de Protección de las Personas”, en: RICR, núm. n/d, 1/06/199.

 

Tavernier, Paul, “La experiencia de los Tribunales Penales Internacionales para ex Yugoslavia y para Ruanda, en: RICR, n. 144, Noviembre-Diciembre, 1997.

 

Uríos Moliner, Santiago, “Antecedentes Históricos de la Corte Penal Internacional”, en: Gómez Colomer, J.L.; González Cussac, J.L. y Cardona Llorens, J., coord. La Corte Penal Internacional. Un estudio interdisciplinar. Tirant lo Blach, Valencia, 2003.

 

Valencia Villa, Hernando, Valencia Villa, Hernando, “El Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad ente la Nueva Corte”, en: Revista n. 1, tema: Colombiano en la Diáspora, septiembre, 2000.

 

Virreal Corrales, Lucinda, Cooperación internacional en materia penal, editorial Porrúa, México, 1997.

 

Wengler, Wilhelm, “Der Begriff des Völkerrechtssubjektes im Lichte der politischen Gegenwart”, en: Die Friedens-Warte, vol. 51, n. 2, 1951-1952, pp. 113-142.

 

Yañez Barnuevo, Juan A., “Hacia un Tribunal de la Humanidad”, en: Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional / Cour Euromediterranéens Bancaja de Droit Internacional / Bancaja Mediterranean Courses of Internacional Law, vol. V (2001).

 

Dictámanes y Decisiones judiciales:

 

Legality of Use of Force: Serbia y Montenegro Vs. Portugal, Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Netherlands, United Kingdom, Spain and United States of America. International Court of Justicce, 29 April 1999.

 

Barcelona Traction (Bélgica v. España), Internacional Court Justice, 1970

 

Case Concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexican v. United States of America), 31 March 2004.

 

Case Concerning the Vienna Convention on Consular Relations (Paraguay v. United States of America), 1998.

LaGrand Case (Germany Vs United States of America), 27 June 2001.

 

Opinión Consultiva sobre Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, 11 de abril de 1949.

 

Opinión Consultiva de la Corte Permanente de Justicia Internacional en el asunto Pecuniary Claims of Danzig Railway Officials Who Have Passed into the Polish Service, Against the Polish Railways Administration, de 3 de marzo de 1928, serie B.

 

[1] Ver especialmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y Económicos, Sociales y Culturales de 1966.

[2] Ver Convenios de Ginebra de 1948 y sus Protocolos Adicionales de 1977.

[3] Ver principalmente el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (1950) y Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).

[4] Del Arenal Moyúa, Celestino, “La Nueva Sociedad Mundial y las Nuevas Realidades Internacionales: Un Reto para la Teoría y para la Política”, en Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz, n. 1, 2001, pp. 17-86 (43).

[5] Korowicz, Marek St., “The Problem of the International Personality of Individuals”, en AJIL, vol. 50, n. 3, 1956, pp. 533-562 (536).

[6] Pastor Ridruejo, José Antonio, Curso de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, decimotercera edición, Tecnos, Madrid, 2009, p. 186; Rueda Fernández, Casilda, Delitos de Derecho Internacional. Tipificación y Represión Internacional, Bosch, Madrid, 2001, p. 30.

[7] Manner, George, “Theory of the Individual in International Law”, en AJIL, vol. 46, n. 3, 1952, pp. 428-449 (433).

[8] Bentham, Jeremy, An Introduction to the Principles of Moral and Legislation, Batoche Books, Kitchener, 2000, M.W., Janist, “Individuals as Subjects of International Law”, en Cornell International Law Journal, vol. 17, n. 1, 1984, p. 236.

[9] Manner, George, “Theory of the Individual in International Law”, en AJIL, vol. 46, n. 3, 1952, pp. 428-449 (428-434).

[10] Barcelona Traction (Bélgica v. España), Internacional Court Justice, 1970, pars. 33-34 y 91, p. 32 y 48. Por ello, la demanda de Bélgica fue rechazada por carecer de jus standi. Esta decisión de la Corte está justificada en su escrito; el gobierno de Bruselas no usó el título referente a la protección de los nacionales accionista que en su mayoría eran belgas, sino que usó “Caso Relativo a la Barcelona Traction Light and Power Company Limited”, de ello se infiere que buscaba la protección de la empresa, y así pidió restitutio in integrum de la Compañía alvidándose de sus nacionales. En los últimos años de finales del siglo XX y principio del XXI, los casos más sonados sobre el ejerció de la protección diplomática lo constituyen las reclamaciones por México y Alemania ante la Corte Internacional de Justicia de los derechos de sus ciudadanos antes de ser ejecutados por la justicia estadounidense. Son ellos: LaGrand Case (Germany Vs United States of America), 27 June 2001, y el Case Concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexican v. United States of America), 31 March 2004. En ambos casos, Estados Unidos fue acusado de violación de artículo 63 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963, por no haber notificado a las autoridades consulares competentes de Alemania y México del proceso penal en curso contra Karl y Walter LaGrand (alemanes), y César Roberto Fierro Reyna, Roberto Moreno Ramos y Osbaldo Torres (mexicanos), que iban a ser ejecutados; previo a la ejecución, ambos Estados solicitaron medidas provisionales para detenerla, y a pesar de ser concedidas por la Corte, las autoridades estadounidenses hicieron caso omiso. Finalmente, la Corte dictaminó que Estados Unidos incumplió con su obligación asumida en el Tratado, privándoles a los nacionales de sus respectivos países una mejor defensa ante los tribunales nacionales. Como casos precedentes véase: Case Concerning the Vienna Convention on Consular Relations (Paraguay v. United States of America), de acuerdo a la demanda intrpeuesta por El Paraguay el 3 de abril de 1998. También en este caso, el ciudadano de Paraguay, Ángel Francisco Breard, fue ejecutado a pesar a pesar de que la Corte dictó medidas provisionales a su favor para paralizarla. Finalmente, el gobierno de Paraguay terminó por solicitar el archivo del caso el 2 de noviembre de 1998.

[11] Miaja de la Muela, Adolfo, Aportación de la Sentencia del Tribunal de la Haya en el caso Barcelona Traction (5 de febrero de 1970) a la Jurisprudencia Internacional, Universidad de Valladolid, p. 63-64.

[12] Artículos 33 y 34 de la Convención Europea de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.

[13] Artículo 44 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Para que la Comisión Interamericana pueda admitir una denuncia o queja, deberá cerciorarse de que la misma haya cumplido con los siguientes requisitos: a) que se hayan agotado los recursos internos de la legislación del país, cual el individuo o grupo hace la denuncia o queja, a menos que concurran los siguientes elementos: que la legislación del país no prevea el debido proceso legal para la protección de los derechos que se alegan, que no se le permita o se halle impedido a la persona, grupo o asociación lesionada ejercer sus derechos a los recursos ordinarios previstos en la legislación, o que haya retardo en la decisión de los recursos; b) que la denuncia o queja se presente dentro del plazo de los seis meses de la decisión definitiva; c) que la materia de que se trata no esté pendiente de otro procedimiento internacional; d) que se indique el nombre, nacionalidad, profesión, domicilio y firma de la persona que somete la petición o comunicación, o del representante legal.

[14] Desde el tiempo de las cruzadas, en el siglo XII, los líderes y jefes de los grupos combatientes se hacían acompañar de un grupo médico para curar sus soldados heridos y los del enemigo. A medida que pasaba el tiempo, esta parte fundamental del derecho internacional humanitario  se caracterizaba cada vez más por proteger a los combatientes caídos y personas neutrales. No así con reglamentar los usos y costumbres de la guerra. Sin embargo, ello consiguió que se  llevara a cabo el primer proceso del que se tenga noticia por crimen de “agresión”, -todavía no codificado el término-, por haber comenzado una guerra considerada injusta, desarrollada en Nápoles durante el siglo XIII (1268), contra el Duque de Suabia, llamado Conradin von Hohenstafen, Véase, Bassiouni, M. Cherif, Derecho Penal Internacional, Tecnos, Madrid, 1984, pp. 60-61.

[15] Greppi, Edoardo, “Evolución de la Responsabilidad Penal Individual Bajo el Derecho Internacional”, en: RICR, n. 835, 30/09/1999, pp. 531-554.

[16] Swinarski, Christophe, “Principales Nociones e Instituciones de Derecho Internacional Humanitario como Sistema de Protección de las Personas”, en: RICR, núm. n/d, 1/06/199; Bugnion, François, “Guerra Justa, Guerra de Agresión y Derecho Internacional Humanitario”, en: RICR, n. 487, 30/09/2002.

[17] Vid. Petit de Gabriel, Eulalia W., Las Exigencias de Humanidad en el Derecho Internacional Tradicional, 1789 – 1939: el marco normativo y doctrinal de la intervención de humanidad y de la asistencia humanitaria, Tecnos, 2003, pp. 139-142.

[18] Uríos Moliner, Santiago, “Antecedentes Históricos de la Corte Penal Internacional”, en: Gómez Colomer, J.L.; González Cussac, J.L. y Cardona Llorens, J., coord. La Corte Penal Internacional. Un estudio interdisciplinar. Tirant lo Blach, Valencia, 2003, pp. 23-24. La propuesta presentada por Moynier se puede ver en: “Keith Hall, Christopher, “Primera Propuesta de Creación de un Tribunal Penal Internacional Permanente”, en: RICR, n. 145, marzo de 1998.

[19] Keith Hall, Christopher, “Primera Propuesta de Creación de un Tribunal Penal Internacional Permanente”, en: RICR, n. 145, marzo de 1998.

[20] Uríos Moliner, Santiago, “Antecedentes Históricos de la Corte Penal Internacional”, en: Gómez Colomer, J.L.; González Cussac, J.L. y Cardona Llorens, J., coord. La Corte Penal Internacional. Un estudio interdisciplinar, Tirant lo Blach, Valencia, 2003, pp. 25-26.

[21] Carrillo Córdoba, Ana m. y Pérez Gil, Luis V., “Consideraciones Acerca del Instrumento Jurídico de Establecimiento de Tribunales Penales Internacionales”, en: Anales de la Facultad de Derecho, Universidad de la Laguna, n. 13, 1996, p. 222.

[22] Valencia Villa, Hernado, Valencia Villa, Hernado, “El Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad ente la Nueva Corte”, en: Revista n. 1, tema: Colombiano en la Diáspora, septiembre, 2000, pp. 85-90.

[23] Yañez Barnuevo, Juan A., “Hacia un Tribunal de la Humanidad”, en: Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional / Cour Euromediterranéens Bancaja de Droit Internacional / Bancaja Mediterranean Courses of Internacional Law, vol. V (2001), p. 812; Carrillo Córdoba, Ana M. y Pérez Gil, Luis V., “Consideraciones Acerca del Instrumento Jurídico de Establecimiento de Tribunales Penales Internacionales”, en: Anales de la Facultad de Derecho, Universidad de la Laguna, núm. 13, 1996, p. 222; Uríos Moliner, Santiago, “Antecedentes Históricos de la Corte Penal Internacional”, en: Gómez Colomer, J.L.; González Cussac, J.L. y Cardona Llorens, J. (coords.), La Corte Penal Internacional: Un estudio interdisciplinar, Tirant lo Blach, Valencia, 2003, pp. 26-27. Con el intento de juzgar al Kaiser queda registrada en la historia la aparición de la subjetividad pasiva internacional del individuo en la época contemporánea, principio que lo considera responsable directo por cometer crímenes internacionales.

[24] Sellars, Kirsten, ´Crimes Against Peace´ and International Law, Cambridge University Press, New York, 2013, p. 7.

[25] Tavernier, Paul, “La experiencia de los Tribunales Penales Internacionales para ex Yugoslavia y para Ruanda, en: RICR, n. 144, Noviembre-Diciembre, 1997, p. 645.

[26] Virreal Corrales, Lucinda, Cooperación internacional en materia penal, editorial Porrúa, México, 1997, p. 112.

[27] Miaja de la Muela, Adolfo, “El Genocidio, Delito Internacional”, en: REDI, vol. IV, n. 2, 1951 pp. 363-408.

[28] Anuario de la CDI, 53º período de sesiones, abril-agosto, 2001, doc. oficial de la Asamblea General, 56º período de sesiones, suplemento Num. 10 (A/56/10), p. 300.

[29] La penalización internacional del individuo por el delito de piratería se hace efectiva solo a través de la actuación de los tribunales internos, concretamente, el artículo 15 de la Convención de Ginebra de 29 de abril de 1958 sobre Alta Mar. Castiga el delito de la piratería con penas impuestas por el Estado que ha logrado detener a los autores del hecho, es decir, no por un tribunal internacional; así mismo lo enuncia el artículo 105 de la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982.

[30] Kelsen, Hans, Teoría general del derecho y del Estado, UNAM, 1995. Pp. 408-413.

[31] Rueda Fernández C.  Delitos del derecho internacional. Tipificación y Represión Internacional, Bosch, Madrid, 2001, 2001, pp. 25-30.

[32] Kelsen, Hans, General Theory of Law and State, Cambridge, 1946, p. 95.

[33] Eustathiades, Constantin, “Les Sujets du Droit International et la Responsabilité Internationale – Nouvelles Tendances”, Recueil des Cours Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, Martinus Nijhoff Publishers, vol. 84, 1953,  pp. 414-415.

[34] Al respecto, pero concerniente a un tratado bilateral, la Corte Permanente de Justicia Internacional dictaminó que si bien es cierto que un acuerdo internacional no crea derechos y obligaciones directos a los individuos, la finalidad de algunas de sus reglas es crear derechos y obligaciones exigibles a los individuos por los órganos jurisdiccionales nacionales. Ver Opinión Consultiva de la Corte Permanente de Justicia Internacional en el asunto Pecuniary Claims of Danzig Railway Officials Who Have Passed into the Polish Service, Against the Polish Railways Administration, de 3 de marzo de 1928, sirie B, n. 15, pars. 17-18. Por tanto, lo enunciado por la Corte es una muestra del cambio de posición de la noción que siempre se había tenido del individuo a nivel internacional. Sin embargo, el caso LaGrand la Corte Internacional de Justicia declaró que el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 sí crea ogligaciones directas para los nacionales del Estado que envía, considerando ese derecho cono imperativo, vid. Case LaGrand (Germany v, United States of America), 27 June 2001, par. 77, pp. 494/32. Andrew Clapham considera que la afirmación de la Corte en ese sentido, es decir, que el artículo de la Convención crea obligaciones individuales, significa que otorga subjetividad internacional al individuo. Vid. Clapham, Andrew, “The Role of the Individual in International Law”, en: EJIL, vol. 21, n. 1, 2010, pp. 25-30 (28).

[35] Sobre la posición de Kelsen respecto al dualismo derecho positivo y el derecho natural véase, Sendín Mateos, José Antonio, “La Doctrina del Derecho Natural como Doctrina Dualista: la visión de Hans Kelsen”, en: El Positivismo Jurídico a Examen, Estudio en Homenaje a José Delgado Pinto, Ramos Pascua, J. A. y Rodilla González, M. Á., (eds), Ediciones Universidad de Salamanca, 2006, p. 157 y ss. No obstante así, para quienes defienden una postura contraria como Del Vecchio, el derecho internacional  presenta la misma situación referente a la posición del individuo, en la cual podríamos decir que existe una conexión indisoluble entre el derecho natural o derecho individual y la obligatoriedad de cumplimiento del derecho internacional. Véase al respecto, S. J., Luis Vela, El Derecho Natural en Giorgio Del Vecchio, Libreria Editrice Dell/Universita´Gregoriana, Piazza della Pilotta, 4 – Roma, 1965, pp. 180-181.

[36] Wengler, Wilhelm, “Der Begriff des Völkerrechtssubjektes im Lichte der politischen Gegenwart”, en Die Friedens-Warte, vol. 51, n. 2, 1951-1952, pp. 113-142 (113 y ss.)

[37] Wengler, Wilhelm, “Der Begriff des Völkerrechtssubjektes im Lichte der politischen Gegenwart”, en Die Friedens-Warte, vol. 51, n. 2, 1951-1952, pp. 113-142 (125).

[38]Clapham, Andrew, “The Role of the Individual in International Law”, en EJIL, vol. 21, n. 1, 2010, pp. 25-30 (27).

[39] Barberis, Juli A., Los Sujetos del Derecho Internacional Actual, Tecnos, Madrid, 1984, p. 24.

[40] Anuario de la CDI, 53º período de sesiones, abril-agosto, 2001, doc. oficial de la Asamblea General, 56º período de sesiones, suplemento núm. 10 (A/56/10), p. 300.

[41] Eustathiades, Constantin, “Les Sujets du Droit International et la Responsabilité Internationale – Nouvelles Tendances”, Recueil des Cours Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, Martinus Nijhoff Publishers, vol. 84, 1953,  pp. 605-614.

¿Cómo vencer?: Curar las heridas. Pensar simplemente

  1. La política de toda Victoria

Al mirar hacia atrás América Latina está llena de contraejemplos de lucha. Estamos llenos de victorias fallidas: la gesta emancipadora, la revolución sandinista, la insurrección de los 60, la revolución cubana… todos nuestros antecedentes son fracasos. Bolívar fallece sin ver la unidad latinoamericana. América sumida en guerras civiles por siglos, unas más sangrientas que otras, ninguna capaz de generar una reforma agraria moderna y justa. La guerra de resistencia contra la CIA, la derrota del FSLN y su posterior desbandada ideológica. Una larga lista de familiares desaparecidos, muertos y torturados, de toda América Latina, sin ver la revolución que soñaron. Los que vieron la Revolución, como la cubana, la vieron convertirse en el predio de un puñado de nuevos aristócratas sin corbata. Nuevas tiranías refrescada por vientos de revolución de los cuales se apropiaron, sin pagar respetos ni derechos a sus muertos.

Venezuela se ve de frente a un combate inorgánico y desigual contra una tiranía moderna, que nada tiene que ver con los principios revolucionarios que la fueron germinando. Si no tenemos precedentes exitosos ¿Qué hacer? ¿Cómo ganar realmente? ¿Cómo hacer para que se despojen del poder? ¿Y luego?

 

La enseñanza siempre ha estado allí, solo que no está en nuestros libros escolares de historia o en Las Venas Abiertas.
Es una lección simple y clara. La política, mientras más se parece a la vida real, más eficiente es. La política no es una condición artificial de la vida. Es simple como la vida.
Queremos que la Guardia vaya a la playa con su familia y amigos, queremos los policías paguen sus deudas del carro, unas merecidas vacaciones, queremos que los estudiantes se gradúen porque les gusta estudiar y no porque quieren sobrevivir de una pesadilla de sangre y lacrimógenas, queremos que los corruptos se vayan y devuelvan el dinero o que, en el mejor de los casos, nos convenga su salida. Queremos que el chavismo deje de ser lo que ha sido, no que desaparezca. Queremos que la delincuencia no sea una opción para nuestros jóvenes.
2. Vencer con el otro

 

Si queremos estas cosas simples, cambiar el sistema es simple. Hay técnicas para hacer esto y mucho más, para atraer capitales, para modernizar la mano de obra y entrar al mercado global, para reducir eficientemente la delincuencia. No es verdad que no se puede, que somos una suerte de personas con discapacidad política. Somos gente simple que se pone de acuerdo en cosas simples.

 

Es simple, tan simple, que nos da pena hablar en términos de tal simpleza. Simple es ser realistas, no optimistas ni mucho menos pesimistas. Es ver qué hay y reconstruir las partes de una sociedad herida y maltratada. Pero que es la sociedad con la enfrentaremos esta vida antes de morir, y el futuro de las nuevas generaciones. No es otra.

 

Hay que ir a la playa. Hay que olvidar un rato. Hay que lavarse el cerebro de las ambiciones que nos impiden avanzar, y que impiden avanzar a los demás.
Los delitos de lesa humanidad no prescriben. Pero todos hemos alimentado el mismo monstruo. Hay que tratar de reconocerse como humanos, perdonar, perdonarnos. Y eso tiene mucho más poder que la más fatídica pena. Hay que ver el campo de lirios, como describía Salomón, así, la divina desnudez de los campos.
3. Ideas ricas. Ideologías pobres

 

La política de las ideologías y las fórmulas, como el leninismo, como el bonapartismo, son muletas de la ausencia de creatividad. Sustituyen nuestros deseos verdaderos por fórmulas que, además, nunca demostraron verdaderamente su utilidad.

 

La política debe estar hecha con cosas simples. No con compromisos de odio, o manuales de economía política que, además de ineficientes, luego la gente real, concreta, que va aplicarlos, nunca entiende.

 

Chávez no entendía de socialismo, ni la gente. La gente entendió lo que era simple: la regaladera que se puede aprovechar de ese mal mentado socialismo. Cuando el chavismo fracasó, los chavistas dicen que culpa resultó ser de la gente que “no entiende el socialismo”. Pero nadie sabía nada realmente. Y despertar de esa maraña de consignas resulta ser fastidioso.

 

Pero solo hay eso, playa, hijos, un mango jugoso, hermanos, venezolanos, producir, ganar, ganar junto a todos, educarse, disfrutar un buen libro o un versículo apropiado. Una chica que te sonríe. Caminar y respirar. Solo hay eso en este mundo. Comer rico y ojalá sano. Un campo de lirios que cubre la desnudez de los campos. No hay trajes de colores y piedras preciosas.

 

La gente está angustiada, solo entiende que hay que salir de Maduro. Pero ¿Y si no sale? ¿Y si sale de manera que a nadie le gusta? ¿Y si salir de Maduro tiene consecuencias que nadie quiere ni necesita sufrir? ¿Qué se hará con este país de monstruos?

 

Son preguntas que nacen de la intensidad de las consignas políticas, del dramatismo del momento y los compromisos, de esos tatuajes que distraen nuestra piel de ser amada.
Por eso hay que poner todo en el terreno de lo simple. En el humor, en bailar. El exceso de intensidad no permite pensar con claridad. El exceso de humor, dicho sea de paso, tampoco. Pero hay que ajustarse a la realidad tal como ella es. La consigna política es útil en un momento, pero no es la realidad.

 

La realidad es que quien jala el gatillo puede simplemente no jalarlo. Quien odia puede dejar de odiar. Quien siembra mucho, aprende a cosechar. Que reir provoca risa. Que el perdón cura. Que Maduro se puede ir y no pasa nada, nadie se tiene que morir por eso. Que gobernar no es un arte enrevesado de Harry Potter, o Friederich Engels. Que todo es más simple.

La izquierda en la encrucijada terrorista.

Daniel Castro Aniyar

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“El amor, más fuerte que e odio”

Entiendo la postura antitética que cierta izquierda quiere defender, porque le preocupa (y me preocupa) el extremo grado de vulnerabilidad en el que están ahora las poblaciones musulmanas de Europa, y lo que los diferentes ataques terroristas de Paris pueden desatar en las próximas horas sobre el plano geopolítico.

Pero esa izquierda está excesivamente parcializada y se resiste a describir con todas su piezas lo que realmente pasa en el mundo.

¿Por qué?

a) esa izquierda vuelve una y otra vez a la doctrina maniquea e infantil del amigo-enemigo en Schmitt o en Mao. Reconoce que se puede manipular a una parte para que ataque a la otra, pero jamás usa la doctrina para identificar la ideología y las acciones del islamismo radical: pareciese que los únicos que actúan con esa lógica son los agentes imperiales.

b) Suelen referirse al 11S, el bombardeo en Mali, la guerra en Siria, los ataques a Gaza, pero hablan de ellos solo post-facto. No describen las matanzas del islamismo radical, sino que se enfocan en los bombardeos franceses o los solitarios bombardeos estadounidenses luego de que el ejército sirio (el hermano de Al-Assad, sin el permiso de éste) usara bombas químicas contra civiles.

c) No se refieren a que las Torres Gemelas representaron un atentado deleznable en el que murieron miles de personas, y desconocen sí fue indiciado por terroristas musulmanes, independientemente del uso que hizo W. Bush de ellas.

d) No se refieren a que las milicias radicales de Mali violaban, mataban gente para dominar sus poblaciones, destruyeron parte del patrimonio cultural de Tumbuctú porque no era suficientemente islámico, generaron miles de refugiados en masa y eran ampliamente rechazados por el resto de la población musulmana de Mali.

e) En la guerra de Siria la penetración imperial se limitó al principio a disponer de armas en ambas partes (Rusia es otro imperio), pero luego el conflicto pasó a  manos del islamismo radical financiado por Arabia Saudita y Qatar contra Al Assad, hasta el día de hoy. Assad hoy es visto como un último enclave de la modernidad en la zona. La guerra de Siria hoy no puede ser vista de otro modo: dio lugar a ISIS, una de las fuerzas militares más sanguinarias y arbitrarias de la historia moderna y que no representa en modo alguno a los intereses imperiales.

f) En Gaza el gran cuerpo de muertos civiles es el resultado de que Hamas, otra organización islamista radical, impide a su población que huya del conflicto (a pesar de que las fuerzas israelíes con semanas de anticipación piden a los civiles que huyan al centro y sur de la franja) para que sus niños sirvan de escudo humano a las lanzaderas de misiles y los arsenales que instalan en los colegios de la ACNUR, mezquitas, barrios populosos y hospitales. Siendo Hamas la autoridad en la zona, los civiles deben elegir entre ser blanco de ataques israelíes, o de la misma Hamas durante o después de que termine el conflicto. De morir, por otra parte, serán elevados como mártires de Alá.

No se refieren a nada de esto. Porque esto no entra en esa visión agotada y limitada del mundo, exhausta por precaria, simplista e inútil.

Yo creo, como dice esa izquierda, que el islamismo radical es una consecuencia de Occidente.

Es la consecuencia visible de la caída del muro de Berlín, pues la URSS controlaba militar y económicamente el Medio Oriente y marcó el carácter moderno de las nuevas naciones. Israel también es el resultado de una estrategia en la Guerra Fría. Pero esa interpretación es insuficiente:

En la medida en que los Estados del Medio Oriente y de población musulmana, fracasan en su rol de dar democracia, bienestar social, soberanía anti-imperial y crecimiento económico, salvo por el petróleo, el islamismo radical empieza a tomar cuerpo como alternativa política. No todo es culpa de Bush ¿O dirán que los Hermanos Musulmanes, Hamas, los Talibanes y la Revolución Islámica de Irán son el resultado de las invasiones de los Bush… ? La cultura de muchos musulmanes prefirió interpretar este gran fracaso civilizatorio como la acción del diablo (hoy judío y cristiano) y encontraron la solución en el año 500 DC, en las guerras de Mahoma.

Para esa izquierda, la historia parece empezar con el 11S y la Guerra de Irak. Pero el islamismo radical, que incluye terrorismo, asesinatos no selectivos de enemigos religiosos y raciales, pogroms, etc, es un fenómeno que surge en los 60 y adquiere mucha fuerza entre la revolución islámica y la caída del muro de Berlín. Y no es más que la evolución de las formas nacionalistas de terrorismo, como las de Gadafi, Nasser y Arafat, que retrocedieron al año 500 DC. Hoy están luchando contra nosotros: el diablo con cuernos y calzoncillos.

Vamos al punto que me gusta siempre repetir. Esa izquierda piensa como el mal médico. Sabe que fumar da cáncer, pero no sabe que si se deja de fumar… no desaparecerá el cáncer.

Es un mal característico en su manera de pensar: solo quiere oír las causas que les convienen para creer la ilusión de que, desapareciendo las causas desaparecerá el problema.

En la Venezuela mal llamada socialista por esa izquierda, hay un buen ejemplo: desapareció el imperialismo norteamericano y se dio un durísimo golpe a las oligarquías aliadas, pero el rentismo, la corrupción y la perdida de soberanía no solo no desapareció sino que se acrecentó a niveles históricamente inimaginables.

El terrorismo y el islamismo radical es un problema REAL. Se llama islamo-fascismo.

Y un revolucionario debe enfrentarlo cabalmente. Es peligroso porque domina las almas de los pueblos para conducirles a su propia auto-dominación e, incluso, al exterminio. Además todos los islamo-fascismos, son casi idénticos en su acción política e ideología, pero se odian profundamente entre sí, generando el peor de los saldos de muertes civiles en el Medio Oriente y África.

Las teorías conspirativas que suponen que el 11S y los ataques de Paris son performados interesadamente por fuerzas ocultas de Occidente o Israel, se golpean una y otra vez contra el muro de Boko Haram (3.000 muertos, exterminios, violaciones), la historia de los Kurdos, los Talibanes manifestando a favor de los ataques de Paris, el ISIS (mueren entre 50 y 100 cristianos al mes en la zona: ya no quedan cristianos en Irak y Siria) y los cientos de cientos de historias de ataques terroristas perpetrados por gente que no quiere la liberación del imperialismo, sino instituir un mundo fascista, con un rey musulmán, que impone su reino con el terror.

Los musulmanes se han matado entre sí por estas guerras de corte religioso dejando una cifra varias veces mayor a la del conflicto israelí. De hecho la masacre más grande contra los palestinos no fue israelí, fue la llamada del Septiembre Negro, dirigida por el ejército jordano, en la que éstos mataron 3000 palestinos en poblaciones frotnterizas, para evitar el ascenso de la OLP en los años 70, otra fuerza terrorista.

Yo estuve totalmente y milité en contra de la invasión a Afganistán, al Creciente Fértil y a Libia, no porque creyese que Hussein, los Talibanes y Gadafi eran paladines de la libertad, como esa izquierda le gustaría creer, sino porque se iba a generar una crisis de contrapesos tribales y religiosos que cualquier estudiante de antropología puede ver.

Y creo que tal desajuste en efecto produjo el repunte de los movimientos terroristas transversales (paranacionales) que hoy son la voz dominante en el Medio Oriente y que se alimentan de la ingenuidad religiosa y política de los Saudíes, Iraníes y Qataríes, entre otros financistas.

Creo que la izquierda debe aprovechar este momento para aclarar su papel en el mundo:

  1. Condenar clara y detalladamente al islamo-fascismo, en todas sus formas a lo largo del planeta. Condenar a Al Qaida, a Hamas, a la teocracia de los Ayatollah, a ISIS, al Gobierno del Sudán, a los Talibanes, y a los financistas de Arabia Saudita, Qatar y otros.
  2. Condenar al guerrerismo capitalista de Occidente: Desde la atrocidad contra Libia hasta los asentamientos de Netanyahu.

¿Por qué? Porque los pueblos son el jamón (en este caso, de pavo) del sándwich bélico. Lenin tuvo siempre razón. Lo contrario es condenar a esos pueblos a la opresión eterna.

Acerca de Charlie Hebdo.

Charlie Hebdo es la izquierda y su estilo se llama mordacidad. Promueven el matrimonio gay, son laicos, atacan a todas las formas de poder y opresión, revelan las contradicciones de un sistema que hace daño a los ciudadanos comunes del mundo. No conozco ningún comentario ni caricatura de la revista que sea xenofóbico o racista. Burlarse de las idioteces de la religión es parte de una diálogo abierto en una sociedad democrática y laica, y un día lo agradeceremos. Como dicen ellos: si la religión se mete en política, deberán aceptar que hagamos caricaturas como las que hacemos contra los políticos.

En la nueva edición aparecen un caricaturista de Charlie Hebdo dándose un beso en la boca con un musulmán y la frase es “El amor, más fuerte que el odio”.

En la contraportada, la revista con el beso sirve para aplastar como moscas a unos terroristas chiquitos, porque chiquitas son sus almas.