La Subjetividad “Sui Géneris” del Individuo en Derecho Internacional

Dr. Israel Cruz Marte

libertad individual subjetiva.JPGDr. Gustavo Manosalvas Albuja

 

La Subjetividad “Sui Géneris” del Individuo en Derecho Internacional

 

SUMARIO:     I. Introducción. II. Situación actual del Individuo ante el Derecho Internacional. III. Algunas Consideraciones acerca de su Subjetividad “Sui Géneris” en Derecho Internacional. IV. Adquisición de Derechos y Obligaciones: A) Subjetividad Activa y Tutela de sus Derechos ante la ONU y los Sistemas Europeo, Americano y Africano; B) Subjetividad Pasiva.  V. Conclusiones. VI. Bibliografía.

 

  1. Introducción

 

Los sujetos primarios y secundarios del Derecho internacional son los Estados y las Organizaciones internacionales, además de otros sujetos atípicos a quienes los Estados les han reconocido cierta subjetividad internacional. Sin embargo hay otra clase de sujeto que ha emprendido con fuerza en las relaciones internacionales, que no tienen capacidad jurídica internacional para deambular por muchos de los sectores dedicados exclusivamente a los Estados, pero que algunos autores son capaces de afirmar que en menor medida cuentan con derechos y obligaciones internacionales capaces de otorgarles subjetividad internacional, si bien no a nivel con la que cuentan los Estados, sí de manera preponderante pero limitada.

 

En las siguientes líneas trataremos de analizar algunas cuestiones filosóficas-jurídicas y prácticas que nos darían luz acerca de la posición actual del individuo en las relaciones internacionales de los Estados que el Derecho internacional se encarga de regular. Para ello contaremos con las opiniones de algunos distinguidos juristas expertos en la materia, decisiones judiciales internacionales y así como la tutela de los derechos de los individuos ante instancias internacionales.

 

 

  1. Situación actual del Individuo ante el Derecho Internacional

 

Los horrores ocurridos durante la Segunda Guerra mundial, en los que las personas civiles y la población civil fueron quienes más sufrieron sus estragos, abrieron un espacio de reflexión dirigido a colocar al individuo como centro de atención en el Derecho internacional. De esta manera se impuso a partir de 1945 con la recién creada Organización de las Naciones Unidas (ONU), la aprobación por parte de los Estados miembros de una serie de instrumentos internacionales en la que, por un lado, reconocían expresamente derechos, libertades y garantías fundamentales al individuo[1], mientras que por otro lado, imponía deberes y obligaciones cuando especialmente llegara a participar en las hostilidades[2]. En los ámbitos regionales la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) de igual modo aprobarían sendos instrumentos en los cuales el individuo ocuparía un lugar muy importante de cara a salvaguardar sus derechos esenciales y evitar abusos contra su dignidad e integridad personal[3].

 

Son, pues, los Estados y las Organizaciones Internacionales quienes que han contribuido y continúan contribuyendo en posicionar al individuo como parte fundamental del Derecho internacional en sus relaciones. Ese creciente interés junto al advenimiento de un nuevo orden mundial con la caída de la Guerra Fría, que dio paso a  la persecución internacional del crimen con la creación por parte de la ONU de los Tribunales Penales Internacionales Ad Hoc para la antigua Yugoslavia (TPIY) y para Ruanda (TPIR) en 1993 y 1994 respectivamente, así como con la puesta en marcha de una Corte Penal Internacional (CPI) permanente en 2002, son los sucesos que han catapultado al individuo como elemento sine qua non de las relaciones internacionales de los Estados, pasando de una sociedad internacional basada en la estatalización absoluta, es decir, el Estado como único protagonista, a una sociedad internacional cada vez más humanizada[4], y por tanto, un derecho internacional humanizado.

Por consiguiente, el proceso de humanización del derecho internacional es el reflejo de la adopción cuasi universal de los tratados de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Éste último, además de su carácter erga omnes de casi la totalidad de sus normas dentro del respeto a las leyes de la guerra, ha puesto de manifiesto la capacidad de obrar del individuo cuando una de estas normas lo hace directamente responsable de su cumplimiento como una obligación de derecho internacional general. Ello, junto a la concepción de derechos universales en el campo del derecho internacional de los derechos humanos antes señalado y el poder de exigir su cumplimiento al Estado infractor en el derecho interno y hasta en una instancia internacional, han reconocido al individuo como un sujeto de derecho internacional aunque de alcance limitado, como iremos señalando paulatinamente porque depende de los Estados, otorgarles derechos y revocárselos[5].

 

III. Algunas Consideraciones acerca de su Subjetividad “Sui Géneris” en Derecho Internacional

 

En sentido técnico-jurídico, sujeto de derecho internacional es quien tiene capacidad para demandar el cumplimiento de una norma, o ser demandado por la realización de una conducta incompatible con ella. De igual modo, es sujeto quien es titular de un derecho adjudicado por una norma internacional. Sin embargo, no todo ente al cual una norma lo hace titular de un derecho o una obligación es un sujeto de derecho internacional, sino que tal como apunta Pastor Ridruejo rescatando la tesis del jurista danés Max Soerensen, hace falta una legitimación activa para reclamar su cumplimiento y una legitimación pasiva para responsabilizarse por la inobservancia de la misma[6].

 

Así pues, la idea destinada a considerar al individuo como un sujeto de derecho internacional siempre ha sido tema de estudio desde que los propios Estados han aceptado transponer al derecho interno ciertas normas del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. De esta manera, la incursión del derecho internacional al derecho interno a partir de la Segunda Posguerra ha permitido al individuo deambular por muchos de los escenarios reservados únicamente a los sujetos clásicos del derecho internacional, es decir, los Estados[7], especialmente cuando se ha visto en la necesidad de defender sus derechos ante instancias internacionales.

 

En efecto, se trataba de una situación no prevista en Derecho internacional clásico, pero que ahora estaba adaptándose a un nuevo escenario de las relaciones internacionales. En ese sentido, cuando Jeremy Bentham instituyó en 1781 el término derecho internacional, entendió que el individuo no podía ser sujeto de esa nueva rama del derecho positivo porque lo concebía como un derecho interestatal que regía las relaciones entre de los Estados soberanos. Según el jurista, el individuo se encontraba bajo la sujeción de otro derecho, el interno, donde el Estado tenía pleno dominio sobre el individuo y facultad para imponer un castigo directamente a los culpables de violar sus leyes mediante los tribunales creados para esos fines[8]. Desde entonces cualquier opinión interesada en reconocer al individuo como sujeto de derecho internacional había sido vista con recelo.

 

La situación fue cambiando con el surgimiento de la escuela positivista fundada por el francés Augusto Comte en el siglo XIX, que trató de explicar el conocimiento de todas las cosas por medio de la ciencia. De ella se derivó la escuela positivista subjetiva del derecho, donde comienza a posicionarse el individuo como un sujeto de derecho internacional al tratar de explicar su rol en las relaciones internacionales de los Estados, llegando inclusive a ponerlo por encima éste, por la manera en que es obligado a cumplir normas internacionales por coacción de las jurisdicciones internas[9].

 

  1. Adquisición de Derechos y Obligaciones

 

Concebir al individuo como un sujeto de derecho internacional significa al mismo tiempo concederle derechos y obligaciones. Podría ser una cuestión muy arriesgada y quizás aún resulte inadecuado hablar del individuo un como sujeto de derecho internacional. Sin embargo, nos parece imperativo señalar algunos aspectos que le han dado una posición de privilegio dentro del campo de las relaciones internacionales, pero también de reclamo por violaciones de normas internacionales que atañen a la supervivencia del mismo Estado y su conglomerado humano, aspectos ambos que lo ubican como un sujeto sui géneris de derecho internacional en el que convergen su subjetividad activa y pasiva.

 

  1. A) Subjetividad Activa y Tutela de sus Derechos ante la ONU y los Sistemas Europeo, Americano y Africano

 

La capacidad de obrar del individuo en Derecho internacional viene dada cuando éste adquiere capacidad para reclamar un derecho. Sin embargo, en Derecho internacional la exclusividad para reclamar un derecho compete única y exclusivamente al Estado, las organizaciones internacionales y, de acuerdo a la costumbre internacional, otros sujetos atípicos como la Santa Sede, los grupos armados a los cuales se les ha dado el estatus de beligerante y los movimientos de liberación nacional sometidos a dominación colonial, regímenes racistas y ocupación extranjera, en el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos.

 

En ese sentido, el individuo por sí solo carece de capacidad jurídico-internacional para demandar o reclamar un derecho en el estado actual del Derecho internacional, pero puede si lo hace el Estado del cual es nacional. A pesar de que el ejercicio de la protección diplomática es un derecho único del Estado del que es nacional un individuo, cuando éste hace valer su derecho de reclamo ante una instancia internacional contra el Estado infractor, el individuo, por su vinculación con el derecho violado del cual era beneficiario, se coloca en una posición relevante en el plano internacional, reconociéndosele en cierta medida subjetividad internacional, sobrevenida de la propia actuación de su país y el interés del individuo que busca defender su derecho. Pues a pesar de que el Estado es el titular del derecho, quien sufre las consecuencias directas de la violación es el individuo, de ahí la relevancia.

 

El ejemplo práctico que catapultó el derecho de este ejercicio le corresponde al asunto llevado a cabo ante la CIJ, el caso de Barcelona Traction, la cual evidenció que el derecho a la protección diplomática aparte de ser un derecho de los Estados hacia sus nacionales, también lo es hacia las personas jurídicas nacionales. Dicho asunto trataba de una empresa de accionistas belgas con domicilio social en Canadá y sucursal en España; en la que Bélgica figuraba como demandante y España como demandada: Bélgica Vs. España.

 

El caso en cuestión ha sido tan distinguido, pues supuso el reconocimiento parcial de la subjetividad internacional del individuo como sujeto activo en el ámbito de la protección diplomática. Sin embargo, el ejercicio del derecho de la protección diplomática se hace efectivo cuando se cuenta con legitimación. Al respecto, la demanda carecía de legitimación porque el gobierno de Bruselas la interpuso contra España, la autora de la desaparición de la citada empresa, debió hacerlo contra Canadá en tanto constituía el Estado nacional de la compañía quebrada de acuerdo a su domicilio social. Por esa razón la CIJ destacó que los instrumentos de derechos humanos donde se consagra esa protección nunca reconocen legitimación a los Estados para proteger a las víctimas de la violación de esos derechos independientemente de su nacionalidad.

 

Un cambio en sentido contrario lo constituye el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales al facultar a los Estados miembros demandar el cumplimiento del Convenio a otro Estado independientemente de la nacionalidad de la víctima; argumenta además la diferencia entre las obligaciones respecto a la comunidad internacional en su conjunto y las obligaciones respecto de otro Estado en el ámbito de la protección diplomática; las primeras son erga omnes y, las segundas, es su propio derecho que el Estado hace valer[10].

 

En suma, la figura de la protección diplomática según Majia de la Muela viene a ser el derecho que el derecho internacional reconoce a los Estados a que puedan exigir de los demás Estados el respeto del derecho internacional en la persona de sus nacionales y la responsabilidad derivada de su incumplimiento de unas obligaciones correlativas[11]. Pero cada vez más este derecho ha sido visto como propio del proceso de humanización del derecho internacional y la protección de los derechos humanos el cual reconoce cierta subjetividad internacional al individuo.

 

En el ámbito regional o europeo, conocido comúnmente como derecho comunitario, el individuo cada vez más ha ido adquiriendo un status privilegiado donde al igual que el Estado, le está facultado denunciar y demandar la violación de sus derechos esenciales. El Consejo de Europa congregado en la actualidad por cuarenta y seis miembros, tiene a su vez la defensa, promoción y protección de los derechos humanos. Con arreglo a ello, impulsó la negociación y aprobación del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, en Roma, 4 de Noviembre de 1950.

 

Dicho Convenio crea el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) que como órgano jurisdiccional, tiene competencia para dirimir los procesos judiciales de las demandas presentadas tanto por los Estados miembros del Consejo como por sus ciudadanos y extranjeros residentes cuando sientan que sus derechos le han sido violados de acuerdo a la Convención y sus Protocolos Adicionales[12]. Para el caso de las demandas de personas físicas, ONG y organizaciones de particulares, les reconoce ius standis a estos entes sociales, potenciando su subjetividad activa internacional.

 

Por otro lado, pero de manera menos permisiva, el individuo podrá ejercitar una demanda ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, órgano jurisdiccional creado por la Convención Americana de los Derechos Humanos de 22 de Noviembre de 1969, San José, Costa Rica, pero todo ello por medio de una denuncia o queja previa ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, quien se encargará de recibirla y evaluar su contenido, el cual debe versar sobre violaciones de los derechos humanos en la región. Una vez incoada la denuncia o queja, ésta determinará si cumple con los requisitos para apoderar directamente a la Corte para su dictamen posterior[13].

 

En esa misma línea, en el ámbito africano, la Organización para la Unidad Africana (OUA), fundada en el 25 de mayo de 1963, hoy sustituida por Unión Africana (UA), el 9 de julio de 2002, aprobó la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos el 27 de julio de 1981, y con arreglo a ella adoptó el 10 de junio de 1998 el Protocolo de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Protocolo llevaba consigo el establecimiento de una Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (en Arusha, Tanzania), hoy Corte Africana de Justicia, que comenzó a sesionar el 2 de julio de 2006. En ella, del mismo modo que en la Corte Interamericana de Justicia, el individuo no puede accionar directamente, debe utilizar como intermediaria la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, quien se encargará primero de estudiar la posible demanda para su sometimiento en caso de considerarlo pertinente.

 

Como se puede percibir, la participación del individuo como sujeto activo internacional se encuentra en ascenso en el ámbito regional, pero su subjetividad activa internacional alcanzará su mayor magnificencia cuando pueda acudir ante la CIJ y la CPI, situación esta última que resultaría muy difícil de alcanzar porque sus estatutos lo descartan, y la Carta de la ONU no lo contempla.

 

  1. B) Subjetividad Pasiva

 

Ahora bien, como sujeto pasivo, entiéndase por ello la condición de ser destinatario de deberes y obligaciones más que el creador de ellas, el individuo está obligado al cumplimiento de ciertas normas internacionales en el campo de la protección de los derechos humanos esenciales para la supervivencia del Estado y de toda la comunidad internacional. Nos referimos exclusivamente a las normas internacionales que prohíben la comisión de violaciones de obligaciones emanadas de normas imperativas de derecho internacional general, que constituyen crímenes internacionales, y por los cuales el individuo puede ser perseguido tanto por los tribunales penales estatales como por una jurisdicción internacional penal creada para esos fines.

 

Como sujeto pasivo, la responsabilidad internacional penal del individuo ha sido puesta en ejecución desde los cimientos del derecho internacional humanitario con menor firmeza que en los tiempos actuales[14]. La misma es consustancial a la tipificación de los delitos, pero en principio el derecho internacional humanitario se reducía a meros acuerdos basados en la hospitalidad y la moral divina, y no contenían elementos sancionadores[15], sin lo cual la responsabilidad internacional penal del individuo no podría establecerse. Por ello, frente a esta necesidad de reglamentar la guerra[16], este sería el primer objetivo: considerar neutrales a los soldados heridos de cada batallón, así como la responsabilidad mutua de cuidarlos y protegerlos cuando cayeran  abatidos o enfermos producto de la guerra.

 

Durante la guerra civil norteamericana en 1863, se presentó el primer intento de codificación de los usos y costumbres de la guerra llamado Código Liebre[17], el cual sirvió de antecedente inmediato para que los Estados materializaran el Primer Convenio de Ginebra sobre los usos y costumbres de la guerra en 1864. Le sucedió la Declaración de San Petersburgo de 1868, sobre prohibición de costumbres dañinas que ocasionarían graves males o sufrimientos a las personas civiles y a los beligerantes colocados en zonas aisladas de los combates, como el uso y empleo de determinados proyectiles.

 

No obstante, estas normas no contenían ningún medio de represión como hemos apuntado[18]. Esta fue la principal preocupación de Gustave Moynier que en 1872 propuso la creación de un tribunal internacional competente para sancionar a los individuos acusados de violación de esas normas; sin embargo, las consecuencias de la Guerra Franco-Prusiana (1871-1872) provocaron que el proyecto de Moynier tuviera poco impacto internacional, pues se consideraba la condena o represión pública internacional como sanción suficiente para quienes quebrantaban el mínimo de exigible en las guerras. Se entendía como suficiente la sanción meramente moral, para reparar y curar el agravio social desencadenado, razón por la cual se estimaba innecesario pensar en un tribunal penal internacional[19].

 

Al Derecho Internacional Humanitario siguió complementándose con la Declaración de Bruselas de 1874, acerca del tratamiento a los prisioneros de guerra, el régimen de captura e internación; Convenios de La Haya de 1899, sobre los usos y costumbre de la guerra terrestre y, su aplicación de la guerra marítima; se revisaron en 1906 y 1907, sin que tuvieran medios de represión o sanción por los Estados a los individuos[20]. Pero sí lo contemplaba la Convención de Ginebra de 1906 para mejorar la suerte de los heridos y enfermos en campaña, la cual en su artículo 28 atribuía al Estado la responsabilidad de ejercer la represión y sanción a quienes cometieran tratos inhumanos contra estos en los combates, incluyendo las personas civiles.

 

Fue al finalizar la Primera Guerra Mundial en noviembre 1918, cuando las Potencias imperialistas vencedoras acordaron impulsar dicho proyecto bajo su propia concepción de justicia. De esta manera, los gobiernos de Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia y Japón deciden investigar las responsabilidades criminales durante las hostilidades[21], que recayó sobre Alemania por ser considerada la iniciadora del conflicto, y por tanto, responsable de todas las consecuencias sobrevenidas. A esta postura llegó la Comisión sobre las Responsabilidades de los Autores de la Guerra y para la Imposición de Sanciones, creada por el Tratado de Versalles[22]. Así, el Tratado en su artículo 227, se puso de manifiesto la creación de un tribunal internacional para juzgar, en particular, al ex Emperador Alemán Guillermo II (el Kaiser)[23], por haber cometido “ofensa suprema contra la moral internacional y la santidad de los tratados[24].

 

Estos artículos del Tratado, sin embargo, no fueron suficientes para que Holanda aceptara entregar al Kaiser a la justicia de los vencedores. Su defensa fue la aplicación del principio “nullum crimen, nulla poena sine preavia lege” (no hay crimen ni pena sin ley previa)[25]. Precisamente, la creación del tribunal atentaba contra este principio internacionalmente reconocido, porque no existía un código de crímenes tipificados internacionalmente que entrañara la responsabilidad internacional penal del individuo en un conflicto armado internacional. Al tiempo que según el principio clásico de derecho internacional sobre la extradición, ningún Estado está obligado a extraditar, salvo si ha concertado un tratado mutuo con quien reclama la extradición. En cualquier caso, Holanda hubiera podido juzgar al Kaiser pero las normas humanitarias no preveían esa posibilidad, por lo menos de manera responsable.

 

La responsabilidad internacional penal del individuo por la comisión de crímenes internacionales derivada de la Primera Guerra Mundial, volvió a escenificarse después de concluida la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Los Estados vencedores de la guerra, Gran Bretaña, Unión Soviética, Estados Unidos y Francia reunidos en la capital inglesa el 8 de agosto de 1945 concertaron un Tratado por el que se comprometían a iniciar un proceso judicial contra los criminales de guerra, pero únicamente, de aquellos que pertenecían a las derrotadas potencias del eje.

 

De esta manera, las potencias vencedoras de la guerra crearon los tribunales penales internacionales ad hoc de Nüremberg y Tokio (1945 y 1946 respectivamente), para juzgar a los altos miembros militares del nazismo alemán y de Japón. Las normas que recogían los Estatutos de estos tribunales sirvieron de sustento para comenzar un Proyecto de Códigos de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad. De ahí que, el derecho internacional penal actual debe su existencia a los principios trazados en esos Estatutos sobre la responsabilidad internacional penal del individuo que tipificó los crímenes que se conocen hoy, especialmente: crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión.

 

Sin embargo, de manera funcional, el reconocimiento de la responsabilidad internacional penal del individuo naciente durante este período, encontró el escollo de que la creación de estos tribunales ex post facto, violaban también el principio nullum crimen, nulla poena sine lege, pues no había un catálogo de crímenes tipificados antes del inicio de la guerra. Del mismo modo, se violó el principio de la irretroactividad de la ley penal[26], pues aunque existían normas sobre regulación del bello de carácter consuetudinario, hacía falta formular en el plano internacional los elementos constitutivos de los crímenes de crímenes guerra, lesa humanidad y agresión especialmente. Pues fue entonces después de la Segundad Posguerra, que los Estatutos de los Tribunales de Nüremberg y Tokio establecieron los delitos conjuntamente con sus elementos constitutivos, considerándose como la primera vez en la historia de la humanidad donde se definen de forma expresa, como lo señala Miaja de la Muela[27].

 

Por consiguiente, a nuestra opinión, fue con la creación de los tribunales de Nüremberg y Tokio que se reconoció de forma efectiva que el individuo puede ser responsable internacionalmente por la comisión de crímenes internacionales. Es decir, podía ser acusado de cometer crímenes de guerra, crímenes contra la paz (crimen de agresión) y crímenes de lesa humanidad, cuyo antecedente se remonta al contenido de los artículos 227 y 228 del Tratado de Versalles.

 

Por otro lado, el Tribunal de Nüremberg reconoce al Estado como un sujeto abstracto, por lo que no puede ser responsable penalmente, sólo los individuos pueden serlo en la medida que son ellos quienes cometen los crímenes directamente[28]. En ese mismo sentido, se proyectó atribuirles responsabilidad internacional penal a las asociaciones u organizaciones criminales, pero sólo para facilitar el encauzamiento de las personas que participasen en ellas (artículo 9 del Estatuto del Tribunal de Nüremberg).

 

Así al crearse estos tribunales, se asimiló la idea de que como sujeto responsable internacionalmente por los crímenes cometidos durante un conflicto armado, el individuo podía ser encausado por un tribunal interno o internacional creado para ello. Entonces, en el transcurso de las siguientes décadas a la Segunda Posguerra, la responsabilidad internacional penal del individuo entró en un impasse a consecuencia de la Guerra Fría, volviendo a ser tratada tras su término con el establecimiento de los TPIY y TPIR a fines del siglo XX. De manera que con el establecimiento de la CPI viene a consumar ese principio mediante un tratado universal aceptado por más de la mitad de los Estados del mundo, con excepción de las principales potencias del mundo.

 

La existencia de estos tribunales, y sobre todo de la CPI con jurisdicción permanente, viene a confirmar también la subjetividad pasiva del individuo en derecho internacional, el cual puede ser juzgado por los crímenes internacionales cometidos durante un conflicto armado interno e internacional. De esta manera, se ha llenado el vacío dejado por el derecho internacional penal una vez se tipificaron los delitos de piratería y el ataque a los mercantes en alta mar como un crimen de derecho internacional en la época clásica[29]. Además, el individuo como un ser en estado cuerdo y con facultad para actuar por sí mismo, a diferencia del Estado que es un ente abstracto, posibilita que el derecho regule su comportamiento de manera objetiva y específica como apunta Hans Kelsen[30].

Existen dos teorías que refuerzan la capacidad del individuo para ser sujeto de derecho internacional y por tanto su subjetividad internacional. Por un lado, la llamada teoría pura del derecho desarrollada por Hans Kelsen y la teoría de la responsabilidad impulsada principalmente por Eustathiades y Wengler, por otro lado.

 

En la teoría pura del derecho, en la que Kelsen aparta el derecho de conceptos clásicos antiguamente asociados a su nomenclatura lexical por su origen, refuerza la hoy también teoría de que el individuo es un sujeto de derecho internacional y por lo tanto debe cumplir con sus obligaciones derivadas[31]. Ello así porque para el autor el individuo no es sólo en sí mismo una persona física, sino también un conjunto de normas de donde emanan derechos y obligaciones, ocupando el derecho internacional un rol importante regulando su conducta: de manera directa cuando hace referencia a la persona en particular y a ciertos delitos, y de manera indirecta cuando el Estado se encuentra compelido a constreñir al individuo al cumplimiento de una obligación, cuando así lo impone una norma internacional[32].

 

En la teoría de la responsabilidad, Eustathiades, si bien secunda a Kelsen en lo referente a la teoría pura del derecho y al individuo como sujeto de derecho internacional, éste es más específico en su pronunciamiento en la medida que habla sobre titularidad de derechos tanto para ser perseguido por un delito como para reclamar su cumplimiento. Es decir, para concluir que esta teoría tenga suficiente rango normativo, el individuo debe ser titular de un derecho prescripto en una norma internacional según hemos venido enunciando, y la correspondiente reclamación internacional de la Parte afectada. Dicho de otra manera, le corresponde al individuo estar compelido al cumplimiento de un deber jurídico internacional, así como tener la capacidad para incumplirlo, siendo responsable por ello[33].

La concesión de derechos y la imposición de obligaciones al individuo por el derecho internacional se observa cuando así lo enuncian la mayoría de los tratados de derechos humanos y los principios generales del derecho[34], así como lo referente a la prohibición de ciertas conductas que atacan el honor de las personas, lesionado gravemente derechos esenciales de toda la comunidad internacional. Por lo tanto, el individuo como tal es un ente de derechos y obligaciones por naturaleza, pero hace falta un derecho positivo para sustentarlo, y al mismo tiempo, sancionar su comportamiento cuando contraviene obligaciones internacionales. El derecho positivo evita caer en falacias, ambigüedades jurídicas y la intromisión de otras ciencias en la propia ciencia del derecho cuando intenta desnaturalizarlo, como la metafísica, la religión, la sociología, etc., y la controversia existente entre el dualismo optimista que une al derecho natural y al derecho positivo desde tiempo inmemorables, siendo Kelsen uno de sus críticos principales[35].

 

En la misma línea secuencial y de forma más sucinta, Wilhelm Wengler sugiere la existencia de un acto antijurídico con la consecuente responsabilidad sobrevenida por el hecho causado, el cual podría recaer inclusive en quien no sea el autor intelectual del acto antijurídico, asemejando su criterio a la legislación del derecho doméstico cuando en un hecho específico se pueden ver autores y coautores[36]. La especificidad del destacado jurista llega a indicar que en derecho internacional no solo el Estado es responsable por un hecho antijurídico sino también sus órganos, y el individuo en última instancia, de manera que la responsabilidad por el hecho causado le confiere a los encausados la facultad de ser sujeto de derecho internacional indistintamente por el solo hecho de ser objeto de una sanción.

 

Como punto de reflexión entre las diferentes concesiones doctrinales, de una parte, Kelsen observa que es sujeto de derecho internacional solo por el hecho de ser destinatario directo de derechos y obligaciones internacionales, siendo el individuo responsable en caso de violar una norma internacional cuando ésta le es oponible. Por otra parte, para Wilhelm Wengler, también es sujeto de derecho internacional el responsable de la violación de una norma, es decir, todo ente que se encuentra de alguna manera vinculado a la sanción recibida[37], y pueden serlo como hemos enunciado, el Estado y el individuo en última instancia.

 

En cuanto al primer punto, la evolución del derecho internacional penal a partir del último siglo, constatado a través de los tratados internacionales de derecho internacional humanitario y los derechos humanos, así como la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales de Nüremberg y Tokio, de la antigua Yugoslavia y Ruanda, han contribuido a asentar la tesis de que el individuo es un sujeto de derecho internacional, aunque con las limitaciones que los caracteriza, condicionando su accionar en el campo del derecho internacional penal únicamente, imponiéndole deberes cuando le está impedido cometer violaciones de obligaciones emanadas de normas imperativas de derecho internacional general; o por su participación en la defensa de los derechos humanos universales esenciales por sí mismo o por el Estado del cual es nacional[38].

 

En cuanto al segundo punto, la imposición de una sanción a un individuo acusado de cometer una violación de una obligación emanada de una norma imperativa de derecho internacional general, también lo hace merecedor de subjetividad internacional, porque la conducta es regulada por una norma internacional y sancionada generalmente por tribunales internacionales, sin menoscabo de los casos en los cuales los tribunales domésticos hacer valer esa norma también en su derecho interno.

 

Por lo tanto, entendemos que el derecho como regulador de la conducta humana e influir significativamente en ella, no condiciona subjetividad internacional solamente al destinatario de una sanción recibida como consecuencia de la perpetración de un delito, sino a quienes la norma jurídica imponga derechos y obligaciones, en este caso, para ser considerado sujeto de derecho internacional.

 

Es cierto que el establecimiento de una sanción es un simple hecho coercitivo como señala el destacado jurista Julio Barberis, impuesta al margen de su voluntad por una autoridad competente[39], separando la regulación de la conducta de la sanción empleada. Pero es evidente que la imposición de una sanción deriva de la imposición de una obligación previa, precedida a su vez de derechos, estamos hablando entonces de una conexión jurídica entre la regulación de la conducta y la aplicación de la sanción sobrevenida de la violación de una obligación internacional. Por lo tanto, a nuestro juicio, la teoría de Wilhelm Wengler contrasta con la realidad, porque la imposición de de la sanción subyace de la violación de la norma, es decir, de una regulación de la conducta previa.

 

Por otro lado, está el conflicto de quiénes son destinatarios directos de una norma y los destinatarios directos de la responsabilidad recaída por la norma violada. Por ejemplo, el derecho internacional humanitario prevé un conjunto de normas conducentes a la protección de las personas civiles y la población civil en general de ciertos ataques indiscriminados durante el bello: el tratado debido a los prisioneros de guerra, la prohibición de la tortura, etc. Dichas normas destacan claramente que son responsables los individuos cuando las violan, y por otro lado, los Estados son responsables de velar por su cumplimiento. En este caso, tanto el individuo como el Estado son directamente responsables de cumplir con la aplicación de la norma. Así, los aliados en la Segunda Guerra mundial impusieron sanciones a las potencias del Eje por incumplir con las obligaciones emanadas de los tratados de derecho internacional humanitario y el derecho internacional general frente a sus adversarios en la guerra, y por otro lado, los tribunales internacionales creados para juzgar a los responsables de las potencias del Eje, condenaron a los responsables de cometer crímenes internacionales sobre todo frente a la población judía en Alemania.

 

En consecuencia, en el caso específico del derecho internacional humanitario, una violación al derecho de la guerra constituye un hecho ilícito internacional recayendo la responsabilidad sobre el autor del delito: en primer lugar el individuo, porque es quien actúa en nombre del Estado, o por cuenta propia, y ha infringido directamente la norma; en segundo lugar, Estado, pues en él recae el compromiso de velar por el cumplimiento de las normas prescritas en los tratados sobre derecho internacional humanitario. La responsabiliad del Estado es a modo subsidiaria, se desprende así de la jurisprudencia del Tribunal de Nüremberg, cuando señala al Estado como un sujeto abstracto, por lo que no puede ser responsable penalmente, sólo los individuos pueden serlo en la medida que son ellos quienes cometen los crímenes directamente[40] .

 

Actualmente es un hecho que el individuo es un sujeto pasivo de derecho internacional, y la misma evolución del derecho internacional penal es el que está conduciendo inclusive a confirmar aún más esa teoría, impulsando la descentralización de la responsabilidad internacional penal del individuo, que va compenetrando la aplicación norma internacional al derecho interno de los Estados, creando instituciones jurídicas que avalan su posición dentro del conjunto de los sujetos de derecho internacional. Es precisamente ésta aptitud del individuo de infringir normas internacionales de un derecho positivo regulador el que lo posiciona como sujeto de derecho internacional, siempre de alcance limitado según los presupuestos señalados, que podría ir en aumento en la medida que el derecho internacional continúa pasando por un periodo de transición hacia el respeto a la persona humana como su principal accionar[41].

 

  1. Conclusiones

 

Como se ha podido destacar, un cambio trascendental ha ido ocurriendo en el Derecho internacional, los Estados en sus relaciones recíprocas están otorgando derechos y obligaciones a los individuos que están rebasando por mucho aquellos escenarios dedicados única y exclusivamente a los propios Estados. Nos referimos a la posibilidad de que un individuo pueda ejercitar sus derechos directamente ante una instancia internacional.

 

La causa de todo ello obedece a un cambio de paradigma en las relaciones internaciones de los Estados, promovido por el proceso de humanización del Derecho internacional, cual es, por un lado, consecuencia de los abusos y atropellos a los derechos humanos inherentes al individuo, y por otro lado, el resultado de los distintos sistemas de integración en la que los individuos ocupan un nivel protagónico (caso europeo) y relativamente activo (caso americano y africano) de conquistas sociales y participación por medio de la sociedad civil internacional en la toma de decisiones de los Estados en la esfera internacional.

 

En cualquier caso, el ascenso del individuo a tener una participación activa en las jurisdicciones internacionales, en las que pueda hacer valer sus derechos, se concibe también como una debilidad de los propios Estados de proteger los derechos de los individuos en el plano interno.

 

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[1] Ver especialmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y Económicos, Sociales y Culturales de 1966.

[2] Ver Convenios de Ginebra de 1948 y sus Protocolos Adicionales de 1977.

[3] Ver principalmente el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (1950) y Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).

[4] Del Arenal Moyúa, Celestino, “La Nueva Sociedad Mundial y las Nuevas Realidades Internacionales: Un Reto para la Teoría y para la Política”, en Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz, n. 1, 2001, pp. 17-86 (43).

[5] Korowicz, Marek St., “The Problem of the International Personality of Individuals”, en AJIL, vol. 50, n. 3, 1956, pp. 533-562 (536).

[6] Pastor Ridruejo, José Antonio, Curso de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, decimotercera edición, Tecnos, Madrid, 2009, p. 186; Rueda Fernández, Casilda, Delitos de Derecho Internacional. Tipificación y Represión Internacional, Bosch, Madrid, 2001, p. 30.

[7] Manner, George, “Theory of the Individual in International Law”, en AJIL, vol. 46, n. 3, 1952, pp. 428-449 (433).

[8] Bentham, Jeremy, An Introduction to the Principles of Moral and Legislation, Batoche Books, Kitchener, 2000, M.W., Janist, “Individuals as Subjects of International Law”, en Cornell International Law Journal, vol. 17, n. 1, 1984, p. 236.

[9] Manner, George, “Theory of the Individual in International Law”, en AJIL, vol. 46, n. 3, 1952, pp. 428-449 (428-434).

[10] Barcelona Traction (Bélgica v. España), Internacional Court Justice, 1970, pars. 33-34 y 91, p. 32 y 48. Por ello, la demanda de Bélgica fue rechazada por carecer de jus standi. Esta decisión de la Corte está justificada en su escrito; el gobierno de Bruselas no usó el título referente a la protección de los nacionales accionista que en su mayoría eran belgas, sino que usó “Caso Relativo a la Barcelona Traction Light and Power Company Limited”, de ello se infiere que buscaba la protección de la empresa, y así pidió restitutio in integrum de la Compañía alvidándose de sus nacionales. En los últimos años de finales del siglo XX y principio del XXI, los casos más sonados sobre el ejerció de la protección diplomática lo constituyen las reclamaciones por México y Alemania ante la Corte Internacional de Justicia de los derechos de sus ciudadanos antes de ser ejecutados por la justicia estadounidense. Son ellos: LaGrand Case (Germany Vs United States of America), 27 June 2001, y el Case Concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexican v. United States of America), 31 March 2004. En ambos casos, Estados Unidos fue acusado de violación de artículo 63 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963, por no haber notificado a las autoridades consulares competentes de Alemania y México del proceso penal en curso contra Karl y Walter LaGrand (alemanes), y César Roberto Fierro Reyna, Roberto Moreno Ramos y Osbaldo Torres (mexicanos), que iban a ser ejecutados; previo a la ejecución, ambos Estados solicitaron medidas provisionales para detenerla, y a pesar de ser concedidas por la Corte, las autoridades estadounidenses hicieron caso omiso. Finalmente, la Corte dictaminó que Estados Unidos incumplió con su obligación asumida en el Tratado, privándoles a los nacionales de sus respectivos países una mejor defensa ante los tribunales nacionales. Como casos precedentes véase: Case Concerning the Vienna Convention on Consular Relations (Paraguay v. United States of America), de acuerdo a la demanda intrpeuesta por El Paraguay el 3 de abril de 1998. También en este caso, el ciudadano de Paraguay, Ángel Francisco Breard, fue ejecutado a pesar a pesar de que la Corte dictó medidas provisionales a su favor para paralizarla. Finalmente, el gobierno de Paraguay terminó por solicitar el archivo del caso el 2 de noviembre de 1998.

[11] Miaja de la Muela, Adolfo, Aportación de la Sentencia del Tribunal de la Haya en el caso Barcelona Traction (5 de febrero de 1970) a la Jurisprudencia Internacional, Universidad de Valladolid, p. 63-64.

[12] Artículos 33 y 34 de la Convención Europea de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.

[13] Artículo 44 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Para que la Comisión Interamericana pueda admitir una denuncia o queja, deberá cerciorarse de que la misma haya cumplido con los siguientes requisitos: a) que se hayan agotado los recursos internos de la legislación del país, cual el individuo o grupo hace la denuncia o queja, a menos que concurran los siguientes elementos: que la legislación del país no prevea el debido proceso legal para la protección de los derechos que se alegan, que no se le permita o se halle impedido a la persona, grupo o asociación lesionada ejercer sus derechos a los recursos ordinarios previstos en la legislación, o que haya retardo en la decisión de los recursos; b) que la denuncia o queja se presente dentro del plazo de los seis meses de la decisión definitiva; c) que la materia de que se trata no esté pendiente de otro procedimiento internacional; d) que se indique el nombre, nacionalidad, profesión, domicilio y firma de la persona que somete la petición o comunicación, o del representante legal.

[14] Desde el tiempo de las cruzadas, en el siglo XII, los líderes y jefes de los grupos combatientes se hacían acompañar de un grupo médico para curar sus soldados heridos y los del enemigo. A medida que pasaba el tiempo, esta parte fundamental del derecho internacional humanitario  se caracterizaba cada vez más por proteger a los combatientes caídos y personas neutrales. No así con reglamentar los usos y costumbres de la guerra. Sin embargo, ello consiguió que se  llevara a cabo el primer proceso del que se tenga noticia por crimen de “agresión”, -todavía no codificado el término-, por haber comenzado una guerra considerada injusta, desarrollada en Nápoles durante el siglo XIII (1268), contra el Duque de Suabia, llamado Conradin von Hohenstafen, Véase, Bassiouni, M. Cherif, Derecho Penal Internacional, Tecnos, Madrid, 1984, pp. 60-61.

[15] Greppi, Edoardo, “Evolución de la Responsabilidad Penal Individual Bajo el Derecho Internacional”, en: RICR, n. 835, 30/09/1999, pp. 531-554.

[16] Swinarski, Christophe, “Principales Nociones e Instituciones de Derecho Internacional Humanitario como Sistema de Protección de las Personas”, en: RICR, núm. n/d, 1/06/199; Bugnion, François, “Guerra Justa, Guerra de Agresión y Derecho Internacional Humanitario”, en: RICR, n. 487, 30/09/2002.

[17] Vid. Petit de Gabriel, Eulalia W., Las Exigencias de Humanidad en el Derecho Internacional Tradicional, 1789 – 1939: el marco normativo y doctrinal de la intervención de humanidad y de la asistencia humanitaria, Tecnos, 2003, pp. 139-142.

[18] Uríos Moliner, Santiago, “Antecedentes Históricos de la Corte Penal Internacional”, en: Gómez Colomer, J.L.; González Cussac, J.L. y Cardona Llorens, J., coord. La Corte Penal Internacional. Un estudio interdisciplinar. Tirant lo Blach, Valencia, 2003, pp. 23-24. La propuesta presentada por Moynier se puede ver en: “Keith Hall, Christopher, “Primera Propuesta de Creación de un Tribunal Penal Internacional Permanente”, en: RICR, n. 145, marzo de 1998.

[19] Keith Hall, Christopher, “Primera Propuesta de Creación de un Tribunal Penal Internacional Permanente”, en: RICR, n. 145, marzo de 1998.

[20] Uríos Moliner, Santiago, “Antecedentes Históricos de la Corte Penal Internacional”, en: Gómez Colomer, J.L.; González Cussac, J.L. y Cardona Llorens, J., coord. La Corte Penal Internacional. Un estudio interdisciplinar, Tirant lo Blach, Valencia, 2003, pp. 25-26.

[21] Carrillo Córdoba, Ana m. y Pérez Gil, Luis V., “Consideraciones Acerca del Instrumento Jurídico de Establecimiento de Tribunales Penales Internacionales”, en: Anales de la Facultad de Derecho, Universidad de la Laguna, n. 13, 1996, p. 222.

[22] Valencia Villa, Hernado, Valencia Villa, Hernado, “El Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad ente la Nueva Corte”, en: Revista n. 1, tema: Colombiano en la Diáspora, septiembre, 2000, pp. 85-90.

[23] Yañez Barnuevo, Juan A., “Hacia un Tribunal de la Humanidad”, en: Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional / Cour Euromediterranéens Bancaja de Droit Internacional / Bancaja Mediterranean Courses of Internacional Law, vol. V (2001), p. 812; Carrillo Córdoba, Ana M. y Pérez Gil, Luis V., “Consideraciones Acerca del Instrumento Jurídico de Establecimiento de Tribunales Penales Internacionales”, en: Anales de la Facultad de Derecho, Universidad de la Laguna, núm. 13, 1996, p. 222; Uríos Moliner, Santiago, “Antecedentes Históricos de la Corte Penal Internacional”, en: Gómez Colomer, J.L.; González Cussac, J.L. y Cardona Llorens, J. (coords.), La Corte Penal Internacional: Un estudio interdisciplinar, Tirant lo Blach, Valencia, 2003, pp. 26-27. Con el intento de juzgar al Kaiser queda registrada en la historia la aparición de la subjetividad pasiva internacional del individuo en la época contemporánea, principio que lo considera responsable directo por cometer crímenes internacionales.

[24] Sellars, Kirsten, ´Crimes Against Peace´ and International Law, Cambridge University Press, New York, 2013, p. 7.

[25] Tavernier, Paul, “La experiencia de los Tribunales Penales Internacionales para ex Yugoslavia y para Ruanda, en: RICR, n. 144, Noviembre-Diciembre, 1997, p. 645.

[26] Virreal Corrales, Lucinda, Cooperación internacional en materia penal, editorial Porrúa, México, 1997, p. 112.

[27] Miaja de la Muela, Adolfo, “El Genocidio, Delito Internacional”, en: REDI, vol. IV, n. 2, 1951 pp. 363-408.

[28] Anuario de la CDI, 53º período de sesiones, abril-agosto, 2001, doc. oficial de la Asamblea General, 56º período de sesiones, suplemento Num. 10 (A/56/10), p. 300.

[29] La penalización internacional del individuo por el delito de piratería se hace efectiva solo a través de la actuación de los tribunales internos, concretamente, el artículo 15 de la Convención de Ginebra de 29 de abril de 1958 sobre Alta Mar. Castiga el delito de la piratería con penas impuestas por el Estado que ha logrado detener a los autores del hecho, es decir, no por un tribunal internacional; así mismo lo enuncia el artículo 105 de la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982.

[30] Kelsen, Hans, Teoría general del derecho y del Estado, UNAM, 1995. Pp. 408-413.

[31] Rueda Fernández C.  Delitos del derecho internacional. Tipificación y Represión Internacional, Bosch, Madrid, 2001, 2001, pp. 25-30.

[32] Kelsen, Hans, General Theory of Law and State, Cambridge, 1946, p. 95.

[33] Eustathiades, Constantin, “Les Sujets du Droit International et la Responsabilité Internationale – Nouvelles Tendances”, Recueil des Cours Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, Martinus Nijhoff Publishers, vol. 84, 1953,  pp. 414-415.

[34] Al respecto, pero concerniente a un tratado bilateral, la Corte Permanente de Justicia Internacional dictaminó que si bien es cierto que un acuerdo internacional no crea derechos y obligaciones directos a los individuos, la finalidad de algunas de sus reglas es crear derechos y obligaciones exigibles a los individuos por los órganos jurisdiccionales nacionales. Ver Opinión Consultiva de la Corte Permanente de Justicia Internacional en el asunto Pecuniary Claims of Danzig Railway Officials Who Have Passed into the Polish Service, Against the Polish Railways Administration, de 3 de marzo de 1928, sirie B, n. 15, pars. 17-18. Por tanto, lo enunciado por la Corte es una muestra del cambio de posición de la noción que siempre se había tenido del individuo a nivel internacional. Sin embargo, el caso LaGrand la Corte Internacional de Justicia declaró que el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 sí crea ogligaciones directas para los nacionales del Estado que envía, considerando ese derecho cono imperativo, vid. Case LaGrand (Germany v, United States of America), 27 June 2001, par. 77, pp. 494/32. Andrew Clapham considera que la afirmación de la Corte en ese sentido, es decir, que el artículo de la Convención crea obligaciones individuales, significa que otorga subjetividad internacional al individuo. Vid. Clapham, Andrew, “The Role of the Individual in International Law”, en: EJIL, vol. 21, n. 1, 2010, pp. 25-30 (28).

[35] Sobre la posición de Kelsen respecto al dualismo derecho positivo y el derecho natural véase, Sendín Mateos, José Antonio, “La Doctrina del Derecho Natural como Doctrina Dualista: la visión de Hans Kelsen”, en: El Positivismo Jurídico a Examen, Estudio en Homenaje a José Delgado Pinto, Ramos Pascua, J. A. y Rodilla González, M. Á., (eds), Ediciones Universidad de Salamanca, 2006, p. 157 y ss. No obstante así, para quienes defienden una postura contraria como Del Vecchio, el derecho internacional  presenta la misma situación referente a la posición del individuo, en la cual podríamos decir que existe una conexión indisoluble entre el derecho natural o derecho individual y la obligatoriedad de cumplimiento del derecho internacional. Véase al respecto, S. J., Luis Vela, El Derecho Natural en Giorgio Del Vecchio, Libreria Editrice Dell/Universita´Gregoriana, Piazza della Pilotta, 4 – Roma, 1965, pp. 180-181.

[36] Wengler, Wilhelm, “Der Begriff des Völkerrechtssubjektes im Lichte der politischen Gegenwart”, en Die Friedens-Warte, vol. 51, n. 2, 1951-1952, pp. 113-142 (113 y ss.)

[37] Wengler, Wilhelm, “Der Begriff des Völkerrechtssubjektes im Lichte der politischen Gegenwart”, en Die Friedens-Warte, vol. 51, n. 2, 1951-1952, pp. 113-142 (125).

[38]Clapham, Andrew, “The Role of the Individual in International Law”, en EJIL, vol. 21, n. 1, 2010, pp. 25-30 (27).

[39] Barberis, Juli A., Los Sujetos del Derecho Internacional Actual, Tecnos, Madrid, 1984, p. 24.

[40] Anuario de la CDI, 53º período de sesiones, abril-agosto, 2001, doc. oficial de la Asamblea General, 56º período de sesiones, suplemento núm. 10 (A/56/10), p. 300.

[41] Eustathiades, Constantin, “Les Sujets du Droit International et la Responsabilité Internationale – Nouvelles Tendances”, Recueil des Cours Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, Martinus Nijhoff Publishers, vol. 84, 1953,  pp. 605-614.

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