¿Puede un ataque armado ser considerado un acto terrorista? Los casos de ISIS y Al Qaeda: dos mecanismos diferentes de respuesta

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Dr. Israel Cruz Marte

En los últimos dos años, la organización terrorista que controla gran parte del norte de Irak y Siria llamada Estado Islámico en el Iraq y el Levante (ISIS/Daesh), ha cometido números actos terroristas en Siria e Irak y algunos países de Europa y África. Se le atribuyen los atentados terroristas del Museo Nacional el Pardo (Túnez) el 18 de marzo de 2015, varias localidades de París el 13 de noviembre de 2015 y los ataques terroristas perpetrados en Bruselas el 22 de marzo de 2016, en el aeropuerto y la estación de metro de Maelbeek. Sin embargo, no está del todo claro que constituyan actos de violencia propios de un conflicto armado transnacional, o si corresponden a hechos de violencia aislados, máxime cuando se cometen fuera del espacio geográfico de las confrontaciones, es decir, de Afganistán.

En relación a los sucesos del 13 de noviembre en París, el presidente francés Nicolas Hollande declaró que dichos acontecimientos constituía un acto de guerra por parte del ISIS, mientras prometía pronta respuestas a dicha acción[1]. Las autoridades de Bruselas evitaron pronunciarse de la misma manera, pero mostraron preocupación por los hechos y acordaron adherirse a las iniciativas antiterroristas proyectadas por la Unión Europea.

A la situación reinante se les suman a los otrora atentados terroristas cometidos por Al Qaeda a los largo de las últimas dos décadas en varios Estados de Europa y África, lo que recuerda la llamada “guerra contra el terrorismo” impulsada por los últimos gobiernos estadounidenses y europeos aliados. Tanto Al Qaeda como el ISIS se han concentrado en utilizar el terrorismo como táctica ilícita de guerra para atacar intereses estadounidenses y de potencias aliadas. Para el caso de Al Qaeda, esta ha llevado a cabo ataques terroristas en los países que han participado en las intervenciones armadas de Afganistán (2001) e Irak (2003), como el Reino Unido, Francia, Alemania, España y otros Estados en menor medida, los cuales podrían constituir violencia prolongada de una Parte en conflicto, es decir, de Al Qaeda, como respuesta a la intervención armada en Afganistán,

 

De momento el CICR percibe estos actos y acontecimientos como propio del terrorismo internacional que desde siglos se han cometido en muchas partes del mundo sin que sean calificados como conflicto armado o bien que la respuesta a ello implique su existencia, para la Institución un ataque armado se percibe como un acto cometido por fuerzas armadas[2], y en ese sentido, es poco probable que los atacantes suicidas en las fechas señaladas sean considerados como miembros de una fuerza armada (en este caso irregular) o de un grupo armado organizado, sino más bien “célula”.

 

De hecho se puede distinguir que el método usado por Al Qaeda y el ISIS para confrontar a sus adversarios occidentales – Estados Unidos y aliados – fuera del campo de batalla o bien de Afganistán, Siria e Irak, se fundamenta en atacar objetivos civiles más que militares. En este sentido, se ha entendido que los atentados terroristas no constituyen actos de guerra como los de un conflicto armado tradicional[3], aunque, si éstos se cometen en el contexto de un conflicto armado, también se pueden considerar actos de guerra cometidos en ese conflicto y por tanto caen dentro de las reglas del derecho internacional humanitario como apunta el CICR[4], pero bajo la denominación de terrorismo cuando se cometen mediante un plan generalizado sistematizado contra la población civil y objetivos no militares.

 

Y es que el uso del terrorismo como ataque armado en un conflicto armado es usado como táctica militar ilícita para herir al enemigo y provocar el mayor daño posible de víctimas e infligir temor psicológico al adversario, y por ello puede acrecentar el recrudecimiento de las hostilidades entre las Partes. Se deduce entonces que un ataque armado en derecho internacional no necesariamente debe ser de naturaleza militar, como apunta Christopher Blankesley cuando hace referencia a los elementos constitutivos del crimen de lesa humanidad del artículo 7.1 a) del Estatuto de la CPI[5]; sino que también puede ser un ataque terrorista, ello indistintamente de que el uso del terrorismo cae dentro de los ataques indiscriminados contra la población civil y contra las mismas fuerzas opuestas en los conflictos armados, prohibidos como se apuntó por el derecho internacional general y la costumbre internacional[6].

 

En la actualidad observamos que estas organizaciones terroristas ejecutan actos terroristas de diversas formas, y ya no sólo abarca el terrorismo clásico colapsando edificios públicos repletos de personas civiles o atacando trenes en las grandes ciudades, como destaca Joshua Alexander, la estrategia de Al Qaeda y ahora también del ISIS para luchar contra Estados Unidos y Occidente incluye la perpetración de asesinatos, secuestros, toma de rehenes, bombardeos, ataques cibernéticos, ataques con coches bombas, ataques biológicos, misiles tierra aire, entre otras formas. Como segunda categoría usada para infligir daño al enemigo, las operaciones de insurgencia islámica llevadas a cabo en los campamentos de Afganistán e Irak, lo que presumiblemente podría separar los actos terroristas perpetrados por Al Qaeda y el ISIS de los actos de guerra de las operaciones de insurgencia islámica[7].

 

En tal sentido, existe una diferencia muy marcada entre insurgencia y terrorismo. Mientras los insurgentes están organizados en escuadrones, batallones, brigadas, y desarrollan sus actividades en zonas parcialmente controladas, las organizaciones terroristas tienen otro tipo de organización muy diferente a la militar, están compuestas por pequeños grupos secretos o “células. Así, queda claro que las operaciones llevadas a cabo por grupos islámicos leales a Al Qaeda y al ISIS van ligadas a la perpetración de actos terroristas, alertadas por las ideologías de las dos organizaciones.

 

Por tanto, a menudo las organizaciones terroristas y las insurgencias perpetran actos de terrorismo con toda su ilicitud para conseguir sus objetivos. Así, los ataques terroristas de la autoría de Al Qaeda y el ISIS fuera del campo de batalla o bien de Afganistán, Siria e Irak, caen dentro de la línea a la que hacemos referencia, es decir, actos indiscriminados, intimidatorios, muy temerarios y activos. De todos modos, siguiendo la línea marcada por el CICR, hasta el presente, los actos terroristas no han sido catalogados como actos de guerra cuando son cometidos por agrupaciones terroristas, siendo considerados como tales sólo los actos de grupos armados disidentes o insurgentes en un conflicto armado o una guerra civil[8]. En ese sentido, los Convenios de Ginebra no dan pautas de cómo deben realizarse los ataques contra el enemigo, pero el hecho de que hagan mención sobre personas y bienes civiles y objetivos militares, es una guía de cómo las Partes deben conducirse en la guerra. La tesis precedente podría tener sentido lógico sólo si hablamos del terrorismo producido por una o varias personas a lo interno de los Estados, sin importar la nacionalidad del perpetrador.

 

En consecuencia, el terrorismo como actos de guerra, considerado así por Estados Unidos y Francia[9], al margen de la doctrina y las convenciones internacionales relativas al derecho internacional humanitario, lejos de disminuir el panorama hostil, lo prolonga de manera indefinida, haciendo que esta discusión se encuentre en el centro del derecho internacional. En este sentido, una mirada a las leyes de la guerra en particular, parece excluir al terrorismo como parte de las hostilidades en un conflicto armado, en la medida que se realiza contra la población civil y objetivos no militares, con sus respectivas consecuencias a quien lo comete. Además, el factor continuidad le resta fuerza a estos “actos de guerra” para incluirlos como parte de las hostilidades de un conflicto armado.

 

Si la represión de los actos terroristas de la magnitud del 11S y los demás atentados recientes ocurridos en Europa no hubiera desencadenado respuesta militar contundente, parece indicar que en principio los actos terroristas no pueden justificar el ejercicio de la fuerza armada contra los responsables, especialmente contra una organización terrorista transnacional como lo es Al Qaeda y el ISIS, y que hacerlo significa extender más allá de los actuales niveles de beligerancia e insurgencia el concepto de guerra[10].

 

Para el último caso, el supuesto “conflicto armado interno”, estaríamos observando que un acto de guerra, como proclamó el presidente Busch a los atentados del 11S, podría desencadenar respuesta militar contra los autores, que no era un Estado, sino una agrupación terrorista no estatal. Ahora, a raíz de los atentados terroristas de París de 13 de noviembre de 2015, cuya autoría fue atribuida a la agrupación terrorista del ISIS, surge nuevamente la interrogante de si un acto terrorista puede ser calificado de ataque armado y por consiguiente constituir un acto por el cual se pueda ejercitar la legítima defensa individual o colectiva.

 

En efecto, las hostilidades extraterritoriales entre un Estado y un grupo armado organizado o actor no estatal transnacional suponen considerar una serie de cuestiones que aún se encuentran sin adecuación en el derecho de los conflictos armados y en el derecho internacional en general. Como por ejemplo, si los ataques perpetrados por un actor no estatal contra un Estado pueden dar lugar al uso de la fuerza contra ese actor e iniciar un conflicto armado transnacional, por el derecho de legítima defensa individual o colectiva que le asiste al Estado que sufre dichos ataques; pues hasta la intervención de Afganistán en 2001 para perseguir a la organización terrorista especialmente, se entendía que el uso de la fuerza armada en respuesta a un ataque armado sólo se podía ejercitar entre Estados.

 

Se ha dado por entendido entonces que los ataques terroristas del 11S, Francia (2015) y Bruselas (2016), pese a ser cometidos por una organización terrorista y calificados de atentados terroristas, se han visto como un ataque armado contra los afectados o víctimas de esos ataques, susceptible incluso de suscitar el uso de la fuerza armada como legítima defensa; al tiempo que se señalan como el acto desencadenante del conflicto armado debido a que, como hemos indicado, es a partir de estos ataques que se obtiene respuesta militar por parte de Estados Unidos[11], no así cuando Al Qaeda perpetró el renombrado intento de destrucción del World Trade Center en 1993 y 1996, y los destacados atentados terroristas a las embajadas estadounidenses el 7 de Agosto de 1998 en Nairobi (Kenia) y Dar es Salaam (Tanzania), así como el ataque al buque USS Cole en la costa de Yemen el 12 de Octubre de 2000.

 

El hecho de que los atentados terroristas del 11S no hayan sido realizados por fuerzas armadas regulares de ninguna forma es un obstáculo para considerar que estos atentados de dimensiones y efectos incalculables puedan ser equiparables a ataques reales como los ejecutados por las fuerzas armadas regulares de un Estado. Así lo entendió la CIJ en su jurisprudencia sobre el caso Nicaragua, al señalarse que un ataque armado puede ser cometido no sólo por las fuerzas armadas regulares que traspasan una frontera internacional, sino también por bandas o fuerzas irregulares o mercenarios enviados por un Estado para que realicen actos en su nombre[12]. De ahí que el hecho de que un Estado utilice un grupo armado cualquiera para cometer un atentado – llámese terrorista –  contra otro Estado, tampoco impide que se considere esa acción como un ataque armado, y que sea por tanto reprendido por el Estado víctima.

 

Sin embargo, se alude a que la escasa información obtenida en principio de la autoría de los atentados, y que dichos actos tengan similitud a los que realizan las organizaciones de naturaleza terrorista, así como el poco interés por parte de Estados Unidos y la renuencia del Consejo de Seguridad de equiparar tales atentados terroristas a un ataque armado en sus Resoluciones 1368 (2001) de 12 de Septiembre y 1373 (2001) de 28 de septiembre, dificultaban en mucho considerar esa circunstancia como la existencia real de hostilidades o un estado de guerra latente por lo menos antes de la intervención en Afganistán el 7 de Octubre de 2003[13].

 

En efecto, si un acto terrorista realizado por un actor no estatal como una organización terrorista internacional se considera un ataque armado, ello equivaldría también a afirmar que un Estado puede ser objeto de una agresión por un actor no estatal, ya que un ataque armado va vinculado a un acto de agresión. La Asamblea General de la ONU en su Resolución 3314 (XXIX) de 14 de diciembre de 1974[14], trató de definir la agresión contra un Estado como el uso de la fuerza por un Estado contra la soberanía, integridad territorial e independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de la ONU, dando a entender que un ataque armado sólo podía ser perpetrado por un Estado o sus órganos.

 

Sin embargo, los actos considerados como agresión según la Resolución señalada no son exhaustivos, pues el artículo 4 prevé la posibilidad de que Consejo de Seguridad disponga cuáles otros actos pueden ser catalogados como agresión. Es plausible entender que bandas armadas o grupos armados irregulares pueden perpetrar los mismos actos pero sin reunir elementos suficientes para responsabilizar también al Estado desde donde se perpetró el ataque, o simplemente que no haya sido autorizado por ningún otro Estado. Dicho de otra manera, si no hay participación sustancial de un Estado en un acto de agresión o ataque armado perpetrado por fuerzas armadas irregulares, bandas o mercenarios, entonces es posible que de acuerdo al enunciado en el artículo 4, el Consejo de Seguridad pueda indicar también que, a tales efectos, que dicho acto de agresión es de responsabilidad exclusiva de quienes lo perpetraron, es decir, de la banda armada o grupo armado de manera particular.

 

En esa misma línea, respecto a la represión de un ataque armado, la Carta de las Naciones Unidas prevé el uso de la legítima defensa cuando un Estado es objeto de ello, pero rehúsa ofrecer detalle respecto de quién debe provenir ese ataque, si de un Estado o de un grupo armado no estatal. Por lo tanto, al omitirlo, se puede entender que un ataque armado puede provenir inclusive de un grupo rebelde y ser reprendido por el Estado víctima de ese ataque, como ha acontecido otrora. Se pone el ejemplo del incidente estadounidense-británico por el ataque al Caroline de 1837, lo que podría significar que un Estado puede ejercitar su derecho de legítima defensa contra un ataque de un actor no estatal alojado en otro Estado.

 

El profesor Remiro Brotóns es de los juristas que admiten esta posibilidad de que un Estado ejercite el derecho de legítima defensa proveniente de un ataque armado de un actor no estatal, pero agrega que una acción terrorista puede ser considerada un ataque armado si la organización terrorista mantiene un control sobre el espacio que domina y sus recursos, manejando siempre cada caso en concreto. En opinión del especialista, Estados Unidos debía haber distinguido la persecución de Al Qaeda en Afganistán de los talibanes, y no un todo en conjunto; pone también el ejemplo de la intervención armada de Israel sobre el Líbano contra Hezbolla en 2006, que debió realizarse contra las zonas controladas por la organización en el sur del río Litani[15].

 

Pero la forma de atacar al enemigo en un conflicto armado mediante el uso del terrorismo, supone para algunos grupos armados formas estratégicas y tácticas que impliquen la derrota del adversario u ocasionarle el mayor daño posible. Así, los actos realizados por un movimiento de liberación nacional pueden inclusive ser calificados como actos terroristas bajo el paraguas de ataque armado, pero regulados por el derecho internacional humanitario como crímenes de lesa humanidad o de guerra. Piénsese por ejemplo en los ataques contra la población civil israelí realizados por los palestinos en su lucha por la liberación de sus tierras en los territorios ocupados por Israel; estos ataques, aparte de ser vistos como terrorismo clásico o guerra de guerrilla, son también ataques armados, sólo que al no ser contra objetivos militares, constituyen crímenes de guerra por realizarse con la intención de sembrar terror contra la población civil[16].

 

No obstante, cuando un movimiento de liberación nacional realiza actos hostiles contra fuerzas armadas u objetivos militares, inmediatamente se tiende a llamar esos actos como actos terroristas, es decir, se tiende a denigrar los ataques con el fin de declararlos ilícitos ya que el terrorismo es siempre una conducta punible. La tesis más aceptada y compartida actualmente es que si esos ataques realizados por el movimiento de liberación nacional o grupo armado son contra las fuerzas armadas u objetivos militares no hay porqué llamarlos actos terroristas para declararlos ilícitos esperanzado en evitar la inmunidad penal de quienes los cometen, en cambio, sí podrían ser actos terroristas si se realizan contra la población civil al caer estos dentro del terrorismo puro y simple, y no pueden constituir crímenes de guerra[17], sino de lesa humanidad.

 

Por otra parte, hay una tendencia creciente dirigida a tipificar doblemente los actos que cometen los grupos armados organizados sin importar si se ejecutan contra personas civiles o fuerzas enemigas, cuando se comenten de manera sistemática. Esta tesis sigue en discusión y en este lapso ha sido una de las premisas que los propios redactores del TPIR y el Tribunal Especial para Sierra Leona (TESL) consideraron adjudicarse los actos terroristas como parte de su competencia[18].

 

En consecuencia, el terrorismo se queda corto para desvincularlo de los actos de guerra a los que puede incurrir un determinado grupo de personas, con la finalidad de descalificar a quienes lo cometen y evitar que dichos actos influyan en la determinación de la existencia de un conflicto armado, es decir, no se pueden excluir estos actos hostiles de los hechos que pueden ocurrir en un conflicto armado, mucho menos si dicho conflicto persiste y se prevé duradero[19].

 

Conclusiones

 

Los actos terroristas de acuerdo a la práctica reciente pueden ser vistos como un ataque armado por parte de quien ha sufrido dichos ataques. Para ello existen dos mecanismos distintos de respuestas, por un lado, hacer uso de los instrumentos de derechos humanos para dar con los responsables y hacer que paguen por sus actos, y por otro lado, pueden los Estados afectados por estos ataques hacer un uso proporcionado de la fuerza armada contra objetivos militares de los autores, haciendo valer de este modo su derecho de legítima defensa individual o colectiva, siendo esta última vía validada por el Consejo de Seguridad de la ONU en las resoluciones antes señaladas.

 

[1] Hernández Velasco, Irene, “Atentado en París: 130 muertos y 352 heridos”, en Periódico El Mundo, versión electrónica, 14 de noviembre de 2015, ver en http://www.elmundo.es/internacional/2015/11 /14/56475867268e3edf198b45d6.html, fecha de consulta 15 de febrero de 2016.

[2] CICR, XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja…, loc. cit. supra nota en 204, pp. 20.

[3]Greenwood, Christopher, “International Law and the `War against Terrorism´”, loc. cit. supra en nota 215, pp. 305-306.

[4] CICR, XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja…, loc. cit. supra nota en 204, p. 21.

[5]Blankesley, Christopher L., “Ruminations on Terrorism & Anti-Terrorism, law & Literature”, en University Miami Law Review, vol. 57, n .4, 2003, pp. 1041-1046 (1047).

[6] Véase el Artículo 33 del Convenio IV de 1949, y Artículo 51.2 y .4 del Protocolo Adicional I. Ver Gasser, Hans-Peter, “Acts of Terror, “Terrorism” and International Humanitarian Law”, en International Review of the Red Cross, vol. 84, n. 847, pp. 547-570 (555-556).

[7]Joshua, Alexander Geltzer, “The Strategy of Al Qaeda”, en Program on Humanitarian Policy and Conflict Research at Harvard University on Transnational and Non-State Armed Groups Legal and Policy, Challenges, King´s College London, United Kingdom, 2007, pp. 1-25 (14).

[8] Por ejemplo, España nunca ha valorado los ataques terroristas de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) como actos de guerra. No obstante saber que este grupo tiene un alto grado de organización, se sabe que tiene líderes que lo dirigen, y la zona del País Vasco es el territorio por el que propugna por su independencia, además de ser el lugar donde principalmente planea sus acciones y actividades.

[9] Vid. National Strategy for Combating Terrorism, de febrero de 2003, por el ex presidente de Estados Unidos, George Bush, pp. 1-30 (1). Vid. http://www.state.gov/documents/organization/60172.pdf, fecha de consulta 25 de septiembre de 2013.

[10]Paust, Jordan J., “War and Enemy Status After 9/11:…”, loc. cit. supra en nota 202,  p. 327; Murphy, Sean D., “Terrorist Attacks on World Trade Center…”, loc. cit. supra en nota 209, p. 239.

[11] Taft, Willian H., The Law of Armed Conflict 9/11: Some Salient Features, en Yale Journal of International Law, vol. 28, n. 2, 2003, pp.  319- 324 (320).

[12] CIJ, Case Concerning Military and Paramilitary Activities… loc. cit. supra nota 47, pp. 103-104, par. 195.

[13]Vierucci, Luisa, “Prisoners of War or Protected Persons…”, loc. cit. supra en nota 230, p. 289.

[14] Bajo el término agresión, la Resolución 3314 (XXIX) del 14 de diciembre de 1974, la define con una serie de actos que pudieran realizar las fuerzas armadas de un Estado contra otro: como la invasión y ocupación militar, sea temporal o continuada, o toda anexión de un territorio o parte de él; el bombardeo o el empleo de cualquier arma; bloqueo de puertos o de costas; el ataque terrestres, aéreo, navales o cualquier otro medio contra de las fuerzas mercantes o aéreas; utilizar fuerzas armadas con el consentimiento de otro Estado, pero violando los acuerdos suscriptos; permitir que un Estado al que se le ha autorizado estar presente en un territorio, perpetre actos de agresión contra un tercer Estado; el envío de un Estado o que actúe en su nombre, de bandas  armadas, grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada equiparables a los actos señalados, o la participación sustancial en esos actos.

 

[15] Remiro Brotóns, Antonio y otros, Derecho Internacional…, loc. cit. supra en nota 219, p. 1072.

[16]Cassese, Antonio, “The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law”, en Journal of International Criminal Justice, vol. 4, n. 5, 2006, pp. 933-958 (954).

[17]Ibídem, pp. 955-956.

[18] Artículo 4. d) del Estatuto del TPIR, sobre actos de terrorismo circunscriptos bajo el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional II. Artículo 3. d) del Estatuto del TESL, establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU, por medio de la Resolución S/RES1315, de 14 de Agosto de 2000, y suscrito mediante un acuerdo entre el Secretario General de la ONU el gobierno de Freeetown el 16 de Enero de 2002.

[19] Byman, Daniel L.,  “Al-Qaeda as an Adversary: Do We Understand Our Enemy?”, en World Politics, vol. 56, n. 1, 2003, pp. 139-163 (158); Piris, Alberto, “Apuntes sobre la Guerra “Asimétrica”, en Paz y Conflicto en el Siglo XXI: Tendencias Globales, M. Mesa (coord.), Anuario 2007-2008, n. 2, Ceipaz Barcelona, Icaria, 2007, pp. 135-140.

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